El acceso equitativo a pensiones dignas (fin a las AFP), a la salud pública, a la vivienda y a la educación, así como la erradicación de los abusos y desigualdades estructurales, constituyen el núcleo fundamental de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Hace siete años, la ciudadanía chilena se movilizó de manera transversal e independiente de partidos políticos, expresando el legítimo agotamiento frente a un modelo socioeconómico que profundiza la precarización de la vida cotidiana y exacerba las brechas sociales.
Aquel ciclo de movilización social, en el que las demandas ciudadanas se articularon en los espacios públicos y la emblemática Plaza Baquedano fue rebautizada colectivamente como Plaza Dignidad, puso al centro de las prioridades nacionales consignas como “No fueron 30 pesos, fueron 30 años” y “Chile despertó”, reflejando el clamor de millones de personas en todo el territorio nacional.
La respuesta estatal durante la administración del entonces Presidente Sebastián Piñera se caracterizó por un uso desproporcionado de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos. Según registros oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) procesados a través de denuncias recibidas por el Ministerio Público, se contabilizaron al menos 34 personas fallecidas, 3.777 víctimas de violencia estatal con lesiones físicas, entre las cuales 2.197 resultaron heridas por disparos de perdigones, y 464 personas con trauma ocular.
Sin embargo, para las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, estas cifras resultan insuficientes para reflejar la real magnitud de lo ocurrido, dado que en su momento el INDH no incorporó de manera integral los catastros levantados directamente por las organizaciones independientes de derechos humanos, limitándose al registro procesal penal.
A siete años de estos acontecimientos, desde la CONFEDEPRUS conmemoramos a las víctimas y a sus familias, solidarizamos profundamente con su dolor y denunciamos la persistente situación de abandono estatal e impunidad en la que se encuentran. Asimismo, como organización sindical, asumimos el deber ético y político de reflexionar sobre esta conmemoración.
Reivindicamos el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de asociación como constitutivos de nuestra identidad sindical, e inspirados en el hito de convergencia de la Unidad Sindical, recordamos la articulación popular que interpeló a las organizaciones de trabajadores a encauzar y proyectar las demandas históricas de la sociedad. Hoy, constatamos con preocupación el debilitamiento de esa articulación social; por ello, reiteramos que el fortalecimiento de la organización colectiva no debe postergarse, siendo indispensable para enfrentar retrocesos en la agenda de derechos sociales e impulsar transformaciones estructurales.
Resulta inaceptable que, transcurridos siete años, el Estado no haya sido capaz de resolver problemas prioritarios en el sistema de salud pública. Las prolongadas listas de espera en los centros hospitalarios, el deterioro continuo de la infraestructura sanitaria, el desabastecimiento o entrega tardía de medicamentos y la falta de un acceso oportuno, de calidad y digno. Todas estas exigencias, expresadas con firmeza durante las manifestaciones de octubre de 2019, constituyen condiciones mínimas para la realización del derecho fundamental a la salud. Por esta razón, reafirmamos nuestro compromiso ineludible con la defensa de la salud pública, garantizando su concepción como un derecho humano universal; accesible particularmente para los sectores más vulnerables.
Hace siete años, en el marco de las jornadas de huelga general que articularon a un amplio espectro de la sociedad civil, todas las instituciones del Estado -y la clase empresarial- declararon la urgencia de concretar reformas estructurales. No obstante, tras dos procesos constituyentes fallidos, dichos cambios continúan pendientes. Por el contrario, la agenda pública actual se ha desplazado prioritariamente hacia discursos de seguridad y ajustes; y se ha procurado modificar el lenguaje con respecto a las motivaciones de fondo de la revuelta popular.
Esta realidad nos interpela a examinar críticamente los límites de la institucionalidad y a reafirmar el rol protagónico de las y los trabajadores como motor en las transformaciones sociales, en la construcción de una patria justa, solidaria e igualitaria, donde los derechos sociales estén plenamente garantizados.
¡Por derechos sociales garantizados y una salud pública digna!
Directorio Nacional CONFEDEPRUS
