En estos días, el debate público en Chile vuelve a tensionarse en torno al rol del Estado y la protección de los derechos sociales. Desde la campaña presidencial hasta el actual ejercicio de gobierno, la administración de José Antonio Kast ha instalado con claridad una hoja de ruta: la profundización de los recortes presupuestarios en sectores clave.
La implementación de la Circular 12 y, ahora, la orientación que representa la Circular 16 no son hechos aislados ni decisiones meramente técnicas. Son, más bien, expresiones coherentes de un proyecto político. Lo que está en juego no es solo una cifra en el presupuesto: es el modelo de sociedad que se busca consolidar.
Tanto el denominado Plan de Reconstrucción Nacional como estas circulares apuntan a debilitar el rol del Estado, reducir su capacidad de acción y abrir espacio a una mayor privatización de los servicios públicos. En ese camino, se arriesga el desmantelamiento de políticas públicas construidas durante años, incluso décadas, con el objetivo de responder a necesidades reales de la población.
En el ámbito de la salud, este proceso ya comienza a mostrar efectos concretos. Programas esenciales podrían verse debilitados o directamente eliminados: la prevención del suicidio y el fortalecimiento de la salud mental en la atención primaria; la atención de salud para personas migrantes; los programas de acompañamiento en identidad de género y salud trans; los cuidados paliativos, incluyendo estrategias para demencia y envejecimiento activo; el Fondo de Farmacia, FOFAR; y la hospitalización domiciliaria.
No se trata de iniciativas accesorias. Son pilares que sostienen el funcionamiento de la atención primaria, permiten prevenir enfermedades, acercan la salud a los territorios y dan continuidad a los cuidados. Además, cuentan con respaldo de evidencia respecto de su impacto. Debilitarlos no solo afecta a quienes son usuarios directos de estos programas, sino que tensiona al conjunto del sistema sanitario.
Como ocurre habitualmente, los efectos de estas decisiones no se distribuyen de manera equitativa. Serán las personas que más dependen del sistema público quienes enfrenten las consecuencias más duras. En lugar de cerrar brechas, este tipo de medidas tiende a ampliarlas, profundizando la desigualdad en el acceso a derechos básicos.
Resulta legítimo preguntarse, entonces: ¿quién paga el costo de este ajuste? Porque mientras se restringe el gasto en áreas sensibles para la ciudadanía, se promueven iniciativas que benefician a sectores con mayores privilegios. La discusión presupuestaria no es neutra, y tampoco lo es la propuesta de reforma tributaria que acompaña este proceso.
Frente a este escenario, las organizaciones sociales y sindicales tienen un rol ineludible. No basta con observar el desarrollo de estas políticas: es necesario incidir activamente en su discusión. La tramitación de la Ley Miscelánea y, más adelante, la Ley de Presupuesto 2027 serán espacios clave para definir si estos recortes se consolidan o si existe capacidad política y social para revertirlos.
El llamado, entonces, es a no naturalizar este debate. A comprender que detrás de cada programa que se reduce o desaparece hay personas concretas, comunidades completas y derechos comprometidos. Y también a asumir que la movilización social sigue siendo una herramienta legítima para defender aquello que está en juego.
En este contexto, el 1° de mayo aparece no solo como una fecha conmemorativa, sino como una oportunidad para expresar colectivamente una posición frente al rumbo que está tomando el país. Porque cuando el ajuste fiscal se traduce en menos derechos, la respuesta no puede ser el silencio.
