EDITORIAL: Recorte presupuestario a la Salud y crisis hospitalaria
En noviembre pasado, y en el marco de la discusión presupuestaria 2025, el Congreso y la Dipres suscribieron un acuerdo en el que se estableció realizar una rebaja del gasto público durante los primeros días de enero por un total de 544 mil millones de pesos, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas, a excepción de los hospitales dependientes de los Servicios de Salud, dado su rol estratégico. Sin embargo, hace unos días se informó de la rebaja presupuestaria establecida por Hacienda para diversas carteras, incluyendo la de Salud a pesar del acuerdo existente, cifrándose el monto en casi 16 mil millones de pesos. Ante esto, la Comisión de Salud del Senado acordó oficiar al Ministerio de Hacienda para conocer las razones de esta decisión, haciéndose presente también la necesidad de hacer una sesión especial donde se aborde dicho recorte, el que algunos parlamentarios han calificado como “un engaño”. Esta reducción presupuestaria para Salud, que alcanza casi los 16 mil millones de pesos, afectará principalmente a Fonasa (poco más de tres mil millones), además del Instituto de Salud Pública (ISP), la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud.
Lo cierto es que esta actitud del gobierno no es nueva, se suma a los varios incumplimientos anteriores en materia de Salud Pública y cambios de prioridades que dan cuenta de que la salud y la vida del 85 % de la población parecen no ser temas relevantes para las autoridades, especialmente considerando la crisis hospitalaria que vive nuestro país y que como CONFEDEPRUS hemos vivenciado y denunciado también en diversas ocasiones, toda vez que cualquier tipo de recorte genera un grave problema en algunos Servicios de Salud al no poder contar con los fondos necesarios para funcionar. Crisis que se hizo más patente durante el tercer semestre del año recién pasado, evidenciando las dificultades que hace tiempo enfrentan los recintos hospitalarios del país causadas por un déficit financiero crónico, como las situaciones de los hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso o San Borja Arriarán, por nombrar sólo dos, debiendo cerrarse pabellones para priorizar cirugías de urgencia, suspendiéndose al día entre 20 y 30 intervenciones y sin recursos para comprar quimioterapias para pacientes, así como también filtraciones de aguas servidas y atención de pacientes en contenedores provisionales, entre otras situaciones. Esto, sin contar las millonarias deudas de arrastre, hechos que como gremio de la Salud Pública denunciamos junto con varios más.
El ministro Marcel ha expresado su preocupación por las cifras de ausentismo laboral en el Sector Público, en donde Salud presenta altos índices de licencias médicas. Según cifras de la Dipres, el ausentismo laboral en el sector público se ha incrementado luego de la pandemia, alcanzando actualmente un promedio de un mes al año por licencias médicas. En efecto, y de acuerdo con la información, en 2018 cada funcionario/a faltó en promedio 25,85 días por licencias médicas y otros permisos, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 35,37 días, siendo el Ministerio de Salud la cartera con más ausencias (42,92 días en promedio al 2022, 12 más que en 2018), seguida por el Ministerio de Educación con 39,01 días en 2022. Cifras que dan cuenta y evidencian la precarización de las condiciones laborales en las que deben desempeñarse los trabajadores y las trabajadoras, particularmente en Salud funcionaria, debido a la sobrecarga laboral a la que se vieron expuestos, el impacto en su salud física y mental. Cifras que son una alerta respecto al estado de vulneración de derechos fundamentales, como son la integridad física y psíquica de los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes sostiene el sistema, la atención y la vida de la población y que con este recorte se ve seriamente amenazada.