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EDITORIAL: Recorte presupuestario a la Salud y crisis hospitalaria

En noviembre pasado, y en el marco de la discusión presupuestaria 2025, el Congreso y la Dipres suscribieron un acuerdo en el que se estableció realizar una rebaja del gasto público durante los primeros días de enero por un total de 544 mil millones de pesos, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas, a excepción de los hospitales dependientes de los Servicios de Salud, dado su rol estratégico. Sin embargo, hace unos días se informó de la rebaja presupuestaria establecida por Hacienda para diversas carteras, incluyendo la de Salud a pesar del acuerdo existente, cifrándose el monto en casi 16 mil millones de pesos. Ante esto, la Comisión de Salud del Senado acordó oficiar al Ministerio de Hacienda para conocer las razones de esta decisión, haciéndose presente también la necesidad de hacer una sesión especial donde se aborde dicho recorte, el que algunos parlamentarios han calificado como “un engaño”. Esta reducción presupuestaria para Salud, que alcanza casi los 16 mil millones de pesos, afectará principalmente a Fonasa (poco más de tres mil millones), además del Instituto de Salud Pública (ISP), la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud.

Lo cierto es que esta actitud del gobierno no es nueva, se suma a los varios incumplimientos anteriores en materia de Salud Pública y cambios de prioridades que dan cuenta de que la salud y la vida del 85 % de la población parecen no ser temas relevantes para las autoridades, especialmente considerando la crisis hospitalaria que vive nuestro país y que como CONFEDEPRUS hemos vivenciado y denunciado también en diversas ocasiones, toda vez que cualquier tipo de recorte genera un grave problema en algunos Servicios de Salud al no poder contar con los fondos necesarios para funcionar. Crisis que se hizo más patente durante el tercer semestre del año recién pasado, evidenciando las dificultades que hace tiempo enfrentan los recintos hospitalarios del país causadas por un déficit financiero crónico, como las situaciones de los hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso o San Borja Arriarán, por nombrar sólo dos, debiendo cerrarse pabellones para priorizar cirugías de urgencia, suspendiéndose al día entre 20 y 30 intervenciones y sin recursos para comprar quimioterapias para pacientes, así como también filtraciones de aguas servidas y atención de pacientes en contenedores provisionales, entre otras situaciones. Esto, sin contar las millonarias deudas de arrastre, hechos que como gremio de la Salud Pública denunciamos junto con varios más.

El ministro Marcel ha expresado su preocupación por las cifras de ausentismo laboral en el Sector Público, en donde Salud presenta altos índices de licencias médicas. Según cifras de la Dipres, el ausentismo laboral en el sector público se ha incrementado luego de la pandemia, alcanzando actualmente un promedio de un mes al año por licencias médicas. En efecto, y de acuerdo con la información, en 2018 cada funcionario/a faltó en promedio 25,85 días por licencias médicas y otros permisos, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 35,37 días, siendo el Ministerio de Salud la cartera con más ausencias (42,92 días en promedio al 2022, 12 más que en 2018), seguida por el Ministerio de Educación con 39,01 días en 2022. Cifras que dan cuenta y evidencian la precarización de las condiciones laborales en las que deben desempeñarse los trabajadores y las trabajadoras, particularmente en Salud funcionaria, debido a la sobrecarga laboral a la que se vieron expuestos, el impacto en su salud física y mental. Cifras que son una alerta respecto al estado de vulneración de derechos fundamentales, como son la integridad física y psíquica de los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes sostiene el sistema, la atención y la vida de la población y que con este recorte se ve seriamente amenazada.

EDITORIAL: Urge reformar un sistema de AFP fracasado

En medio de la discusión por la mal llamada “reforma de pensiones”, que no reforma nada y que actualmente se encuentra en su fase final de tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado para llegar a un acuerdo dentro de este mes, desde el mundo social del cual somos parte como CONFEDEPRUS y en conjunto con otros actores sociales, como la Coordinadora No + AFP, tenemos y mantenemos el convencimiento de que este proyecto no viene a dar solución al problema de fondo, como son las bajas pensiones para los trabajadores y trabajadoras de Chile, sino que viene a darle una mano al modelo privado, al igual que pasó con las ISAPRES. Un sistema de previsión que no fue diseñado para Seguridad Social, sino para recolectar fondos desde los sueldos de millones de chilenos y chilenas mediante un sistema de ahorro forzoso ideado para inyectar dineros al sistema financiero y mercado de capitales, en el cual la única libertad de elección es poder decidir entre una u otra administradora, pero siempre dentro del mismo sistema de capitalización individual, que a lo largo del tiempo ha demostrado con números concretos su fracaso, especialmente para las mujeres.

De hecho, en los últimos 10 años, los resultados son concluyentes y desastrosos. A diciembre de 2020, el 50 % de los 982 mil jubilados y jubiladas que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $215 mil ($154 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $300 mil, valor inferior en $26.500 del salario mínimo vigente al 31 de diciembre de 2020. Esta grave crisis previsional, se acentúa en el caso de las mujeres, ya que el 50 % de las 456 mil jubiladas por vejez, recibe una pensión menor a $160 mil ($141 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado) y la pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral llega a sólo $295 mil, incluyendo el APS.

Por otra parte, el 50% de las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el mes de abril de 2024 pudieron autofinanciar una pensión de vejez menor a $345.420, equivalente a un 75,1% del salario mínimo, en tanto que en junio de 2023, el monto promedio de la pensión autofinanciada para las mujeres fue de $218.662, a diferencia de la de los hombres, que alcanzó los $356.851, dejando en evidencia que la brecha entre los montos de las pensiones de hombres y mujeres es significativa. Diferencia que la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha ayudado a disminuir, pero que sigue siendo alta en desmedro de las mujeres.

En síntesis, prácticamente el 80 % de las pensiones pagadas son menores al Salario Mínimo y sólo un 12,5 % alcanzó una pensión total superior a $503 mil, siendo la realidad de los nuevos pensionados es más crítica. El 50 % de las 102 mil personas que se pensionaron durante el año 2020, a través de su ahorro y la rentabilidad conseguida por las AFP, sólo lograron autofinanciar una pensión menor a $75 mil, y el 50 % de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral, pudieron autofinanciar una pensión menor a $287 mil, monto que equivale a 88,1 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020, siendo nuevamente el panorama para las mujeres más precario, ya que el 50 % de las 54.166 nuevas pensionadas, pudo autofinanciar una pensión menor a $36 mil y la mitad de las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años, lograron autofinanciar una pensión menor a $254 mil, monto que equivale a 77,8 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020.

Dentro de este escenario y en su último año de gestión, el gobierno ha cedido posturas frente a una oposición que se ha empeñado en bloquear cualquier intento de cambio del modelo y sistema que defienden a brazo partido para poder seguir exprimiendo hasta el último peso del ahorro de los trabajadores y trabajadoras, para lo cual hemos visto que no han escatimado en gastos publicitarios para seguir engañando a la población y así sostener su millonario negocio. De esta manera, el gobierno incumplió su compromiso de terminar con las AFP, alineándose con los intereses del empresariado y, con ello, traicionando al pueblo, a la gente que creyendo en sus promesas votó por ellos, confiado en que una administración de corte ´progresista pudiera cambiar las cosas. Sin embargo, la desesperación por aprobar modificaciones al sistema, mostrar algún tipo de avance y con ello legitimarse ante su base social, lo llevó contradictoriamente a aceptar una reforma que termina por validar y fortalecer el sistema de las AFP.

Como CONFEDEPRUS creemos que se debe terminar con la lógica de la capitalización individual, los datos no mienten, urge reformar este sistema, resulta insostenible para que tanto sectores populares como de clase media, más del 90% de la población, puedan alcanzar una pensión digna. La única salida es avanzar hacia un sistema de reparto solidario y tripartito, en el cual el Estado aporte a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas. Para ello, no basta con rechazar la reforma, debemos retomar el camino de la movilización, la organización y la huelga, únicas herramientas que podrán poner fin al saqueo de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Mantener esta relación no consensuada y abusiva representa una traición al pueblo, a sus demandas y necesidades, por lo que creemos que este proyecto claramente no es lo que el pueblo trabajador necesita, debiéndose promulgar en su reemplazo una verdadera Reforma de Pensiones, una Ley Corta destinada a mejorar ahora las pensiones de los sectores más afectados. No puede ser que los negocios del gran empresariado se financien con el ahorro forzado de las y los trabajadores, urge un modelo que garantice una verdadera seguridad social.

EDITORIAL: La movilización social debe marcar presencia este 2025

El año que inicia llega con varias noticias respecto de temas tanto de corte presupuestario para la nación como de reajuste para el sector público, además de otros como reforma de pensiones y, en general, diversos incumplimientos con los trabajadores y trabajadoras del país por parte de un gobierno que, a más de la mitad de su camino, cambió las prioridades comprometidas en su campaña y programa, dando la espalda a las fuerzas sociales que apoyaron de manera decisiva su llegada a La Moneda en 2022. Dentro de este contexto de promesas incumplidas y de campañas presidenciales para las elecciones de fines de 2025, el año que se avecina arrastra diversas deudas pendientes ante las cuales como agentes de cambio debemos reactivar en términos de demandas sociales pendientes, especialmente en ámbitos de seguridad social, esto es, Salud, Pensiones, Vivienda y otras condiciones para una vida digna.

Sin duda que dentro de este escenario la tarea no es fácil, puesto que sabemos que son luchas desgastadoras que muchas veces no permiten avanzar como quisiéramos. Sin embargo, y por lo mismo, también son luchas irrenunciables, que deben ser abordadas con la misma convicción de siempre, por una salud pública digna, universal y de calidad, con derechos laborales para sus trabajadores/as en el marco de un país más democrático, justo, diverso y tolerante. Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas.

Para ello, es imprescindible la articulación y el trabajo conjunto con otros gremios, tal como lo hemos venido haciendo como parte integrante de la MSP, ya que es en esta unidad en la que fortalecemos estas luchas. Del mismo modo, resulta también fundamental el avance de los temas pendientes en mesas de trabajo con el gobierno que den frutos y no reuniones estériles en las que se sigan estancando aquellas materias que son relevantes para el trabajo decente de nuestros y nuestras profesionales de la Salud, las que abarcan las condiciones laborales que son fundamental para el fortalecimiento de la Salud Pública y una buena atención a los millones de chilenas y chilenos que se atienden en ella. Desafíos que nos impulsan a seguir creciendo y luchando por estos objetivos, que son los de todos y todas que demandamos la garantía de derechos sociales fundamentales y que, hasta ahora, aún siguen desprotegidos y a merced de un sistema que pretende seguir manteniéndolos como mercancías, sin un acceso universal a ellos, sino restringiéndolo solo a quienes puedan pagar por ellos.

Las próximas elecciones presidenciales se llevarán a cabo a fines del 2025, por lo que este año estará marcado por las campañas políticas en donde cada candidato deberá definir de manera clara posiciones frente a aquellos temas que siguen pendientes con la ciudadanía y que, más allá de la seguridad, también tienen que ver con seguridad social, con la situación critica en la que se encuentra la Salud Pública de Chile y que se ha expresado en los miles de personas fallecidas producto de las listas de espera, en la crisis hospitalaria que afecta a diversos recintos asistenciales en todo el país en donde se atienden millones de chilenos y chilenas, entre otros temas que como agentes de cambio debemos poner sobre la mesa marcar presencia en las calles para exigir que sean incorporados en las agendas de campaña.

EDITORIAL: Sobre la reforma de pensiones

La política institucional ha aprovechado la premura de los tiempos involucrados en el cierre del año 2024, para desarrollar y tomar decisiones sobre temas trascendentales que afectan directamente a la ciudadanía en Chile. Lamentable camino tomado principalmente por dos poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo, ya que oportunistamente mientras el Pueblo en general está preocupado de otros temas, se avanza en cuestiones fundamentales sin reflexión profunda, sin despliegue de información en forma democrática. Uno de estos temas es lo que se ha denominado como una reforma al sistema de pensiones.

Un escenario bastante difícil de enfrentar ya que la situación de las pensiones es altamente dramática con una multiplicidad de miradas y soluciones, cuestiones que se han revisado por Ejecutivos anteriores con fracasos significativos y ahora es el turno del gobierno del presidente Boric.

Las visiones acerca de reformar el sistema de pensiones han estado en permanente discusión. Ante la existencia de posiciones liberales, aparentemente contrapuestas, finalmente se observa que se busca la mantención del sistema actual perfeccionándolo mediante la mayor participación del Estado en forma subsidiaria.

Pese al compromiso inicial del gobierno actual sobre cambiar totalmente el sistema de previsión de Chile hoy nos encontramos en el escenario oficial que tiene el fin de mantener el modelo de mercantilización de los Derechos sociales, por cuanto mantener la privatización del sistema de pensiones con fines de lucro.

Lamentablemente estas definiciones también están en manos de un Congreso con bajos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía y que, en la actualidad, en general, no representan al Pueblo sino que representan a intereses netamente económicos.

Al respecto, cada discurso de políticos de distinta tendencia, con el fin de alcanzar acuerdo sobre este tema, debe ser revisado en su mérito ya que se observa en general que no se busca transitar hacia recuperar el Derecho Fundamental de la Seguridad Social en materia de pensiones, sino más bien a resguardar los intereses de los dueños del poder económico en Chile, yendo en dirección contraria a lo declamado por el Pueblo Chileno.

En este desarrollo está claramente establecido que la situación se ha llevado al punto crítico de la defensa de una ideología basada en el neoliberalismo y el resguardo del mercado de capitales, alejándose de los principios universales de la Seguridad Social.

Se insiste en que el mejoramiento pasa por fortalecer el negocio de las pensiones: ratificando y aumentando el desarrollo de la capitalización individual, generando algunos argumentos para su efecto final, entre otros, aumentar la edad de jubilación.

Es por ello que en la actualidad el Ministerio de Hacienda tiene mucho más que decir sobre el particular, más que el mismo Ministerio del Trabajo, ya que las decisiones afectan directamente sobre la economía del país.

El Pueblo chileno debe estar alerta, cumpliendo permanentemente con su rol fiscalizador sobre el quehacer y postura del gobierno y de los parlamentarios de distintos distritos, con el fin de conocer su intención de voto y su postura sobre lo que el Pueblo chileno exige.

La situación actual de la negociación política al respecto ha implicado cambios significativos en la propuesta original del gobierno, dejando muy satisfechos a los que ostentan el poder económico y alejándonos cada vez de un modelo basado en la Seguridad Social.

En la lógica de fortalecer el mercado de capitales, el gobierno terminó aceptando las combinaciones alambicadas propuestas por la derecha política y el poder económico, lo que de avanzar sería en realidad una verdadera derrota para las y los trabajadores.

Es necesario hacer un llamado al gobierno para que retire el proyecto y defienda su postura original, más, requiera de un cambio en cuanto a la entrega de la PGU llevándola a la condición de universalidad y que sea entregada a las mujeres desde su edad de retiro laboral.

También debe aclarar de frente a la ciudadanía sobre la situación de la propuesta de aumentar la cotización con cargo a los trabajadores de un 0,5% para ser aportados a un fondo solidario ya que, si no se cumple con la idea original de un 6% de cargo del empleador al mismo fondo, el aporte adicional de los trabajadores no se justificaría. Si no es así se interpretaría como mayores ganancias para las AFP’s.

Si el 6% con cargo al empleador se asigna a capitalización individual, no será ningún aporte a la mejora de las pensiones por parte de las AFP’s, ya que han demostrado en 43 años de ejercicio impuesto obligatoriamente, su fracaso en el logro de rentabilidad en el modelo. Un mayor aporte a las AFP’s no significará mejores pensiones, es cosa de observar la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Por cuanto nuevamente será el Estado subsidiario el llamado a resolver la situación, Estado que ya no contará con el componente social que se proyectaba originalmente en la reforma. Mantener el modelo de cuentas individuales, es mantener la crisis social y financiera que asumirá el Estado, y específicamente nosotros.

Claramente es imperante una reforma de pensiones, avanzando hacia la recuperación del Derecho fundamental de la Seguridad Social, pero en dicha urgencia no podemos aceptar cualquier reforma. La urgencia de resolver la situación precaria de miles de chilenos y chilenas pensionados nos pone en jaque permanentemente. Y hoy es el caso, pero ello debe implicar medidas que cambien el modelo fracasado de las AFP’s por un modelo fundado en los principios de la Seguridad Social, si eso no se da debemos seguir luchando por cambiarlo de raíz, de lo contrario perpetuaremos un modelo basado solo en la ideología de la oposición a la regulación del mercado y a la mínima participación del Estado en la economía del país.

En el mediano plazo exigimos al gobierno avanzar en un proceso para una reforma mayor y estructural que nos permita lograr un sistema previsional para “jubilaciones”, prosperar hacia un sistema solidario con responsabilidad del Estado, y que determine la reinstauración de la Seguridad Social como un Derecho.

EDITORIAL: AFPs y trabajadores/as, una relación no consensuada y abusiva

En noviembre de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó al país y al Congreso una propuesta de Reforma Previsional cuyo principal objetivo era hacer frente a las demandas sociales por mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, especialmente para reducir las brechas de género y asegurar condiciones más dignas para las mujeres. Esto, a pesar de la presión permanente de gran parte de la ciudadanía para acabar definitivamente con el sistema de AFPs, la que sin embargo ha sido desoída de manera permanente por distintas autoridades políticas que insisten en mantener el actual orden de cosas sobre el cual se sostiene toda esta estructura financiera que se ha levantado y construido en base al abuso y la expropiación de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Un proyecto que busca aumentar los montos de las pensiones, pero que ha tenido en la distribución del 6% de cotización adicional el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo, debiendo ser despachado a Sala antes de que finalice el año 2024 con la expectativa de concluir el segundo trámite constitucional a más tardar en enero de 2025.

Dentro de lo que ha sido este largo proceso, el pasado domingo el presidente de RN y miembro de la comisión del Senado donde se negocia la reforma de pensiones, Rodrigo Galilea, señaló en el programa Mesa Central de canal 13 que se llegó a un acuerdo para que ese 6% vaya íntegro a capitalización, proponiendo fórmulas que resguardan muy bien el negocio de las AFP y traspasa a los usuarios, las usuarias y al Estado el costo de esta “reforma”, frente a esto los partidos del oficialismo han guardado silencio ante esta trampa instalada por el senador Galilea, en la que el 6 % irá íntegro a las cuentas individuales manejadas por las AFP, lo cual más allá de servir para mejorar las pensiones de millones de chilenos y chilenas, sólo fortalece, consolida y mantiene el sistema, tanto financiero como político, ya que ese 6% servirá para aumentar las pensiones a quienes se pensionen en 50 años más y, aun así, ese aumento será marginal ya que ni siquiera llegará a una tasa de reemplazo del 40%. Igualmente, la fórmula propuesta por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de mejorar la PGU y corregir las brechas de género, se haría a través de un préstamo de los propios ahorros que administran las AFP, potenciando el mercado de capitales y fortaleciendo las AFP a través de seguir entregando migajas a los pensionados y pensionadas.

Lo cierto es que, más allá de las definiciones técnicas, acá de lo que se trata, el problema de fondo, es de terminar con un sistema que no esta diseñado para entregar seguridad social, sino más bien recursos frescos para el mercado financiero.  El clamor de la ciudadanía consciente de la realidad  que ve las pensiones miserables que reciben nuestras y nuestros adultos mayores ya se expresaron en el año 2016 donde unas 750 mil personas marcharon  en todo Chile, cerca de 2 millones lo hicieron en 2017 y unas 3 millones de personas en 2019, aburridas de los abusos de un sistema cuyas groseras utilidades suben año tras año usando nuestros propios ahorros y a cambio éstos mismos ahorros suben apenas un 2,4% en promedio en nuestras cuentas individuales. Sin embargo, la masiva demanda social por terminar con el modelo de capitalización individual de las AFP, impuesto en dictadura y reemplazarlo por un verdadero sistema de Seguridad Social de reparto y solidario, ha sido junto con otras demandas, como la Salud, sistemáticamente desatendida a pesar de ser una de las más potentes y permanentes demandas de la ciudadanía.

Por ello, como CONFEDEPRUS creemos que las trabajadoras y los trabajadores debemos ser protagonistas de este debate para definir a través de una consulta en la que podamos decidir los destinos de nuestros fondos, toda vez que esta relación con las AFP no ha sido consensuada sino abusiva, con perjuicio directo en contra de millones de chilenos y chilenas que hemos dicho numerosas veces “No más AFP”, sin entender que «no» es no.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago, 19 de diciembre 2024

En el marco del Día Nacional contra el Femicidio, instaurado en 2020 mediante Ley N.º 21.282 y que se conmemora hoy 19 de diciembre de cada año a raíz del brutal asesinato de Javiera Neira Oportus, de 6 años, por parte de su padre biológico en el contexto del femicidio frustrado de su madre, como CONFEDEPRUS expresamos una vez más nuestro compromiso con la lucha que como gremio hemos dado por los derechos humanos desde un enfoque amplio y con perspectiva de género, rechazando todo tipo de violencia contra las mujeres, dentro de la que el femicidio constituye el último peldaño en su más extrema expresión. La violencia de género se manifiesta además en múltiples dimensiones y espacios, tanto privados como de trabajo, lo que que se refleja como inequidad salarial, la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, los roles o estereotipos de género que limitan las oportunidades de desarrollo desde la niñez, entre otras más.

Dentro de este contexto de violencia estructural contra las mujeres, según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, a la fecha se registran 47 femicidios, por lo cual como gremio de la Salud Pública reiteramos la urgencia y relevancia del abordaje de esta problemática, desde la prevención, así como el abordaje y reparación de esta vulneración de derechos.

Cabe señalar que el Estado Chileno ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, el 8 de marzo del 2023, el cual busca no solo erradicar la violencia dentro de los espacios laborales, sino que también apunta hacia la violencia doméstica como una problemática social que impacta la salud de las personas y trasciende al mundo del trabajo, por lo cual es relevante que los empleadores adopten medidas para apoyar a las víctimas. Por ello, es muy relevante el fortalecimiento, compromiso presupuestario y voluntades de las autoridades para la correcta implementación de las Orientaciones Técnicas para el abordaje de la violencia de pareja o ex pareja en los distintos Servicios y establecimientos de salud de la red.

En esta línea, desde CONFEDEPRUS seguiremos visibilizando todas las dinámicas de violencia y trabajando colectivamente para erradicar la violencia de género en el mundo del trabajo, para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia, en donde el femicidio no tenga más cabida.


DIRECTORIO NACIONAL

EDITORIAL: La Salud como derecho humano fundamental

El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha instaurada en 1948 para establecer por primera vez la protección y defensa en todo el mundo de los derechos humanos fundamentales que toda persona tiene, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, lo cual como CONFEDEPRUS hemos defendido siempre, siendo parte de nuestras luchas permanentes e irrenunciables ya que inciden directamente en el estado de salud de la perosna. En esta línea, el derecho a la Salud ha sido y es uno de los objetivos centrales de nuestras luchas como gremio, junto con los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema y la vida de la población, muchas veces exponiendo la salud y vida propias.
En este día, la ONU ha hecho el llamado a hacerse cargo del financiamiento de la Salud como una tarea prioritaria para que los pueblos puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo la Constitución ajustarse a sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos en toda su amplitud, ante lo cual los estados están obligados a hacerse cargo. De hecho, el artículo 25 de la Declaración Universal de DD.HH. establece que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar, incluyendo la asistencia médica, así como la OMS declara que la Salud es un derecho humano fundamental y se compromete a garantizar el más alto nivel de salud para todos.
Sabido es que las condiciones socioeconómicas y el acceso limitado a servicios básicos exponen a las personas a un mayor riesgo de enfermedad, dificultándose también el acceso a la atención médica por barreras financieras y geográficas. Por ello, expertos internacionales recomiendan transformar los sistemas de salud basándolos en la Atención Primaria de Salud (APS), un modelo centrado en las personas, las comunidades y enfocado en la salud, no en la enfermedad, abordando los determinantes sociales y ambientales que condicionan la salud, el bienestar y la equidad en salud de las personas y las comunidades mediante una acción intersectorial, junto con aumentar la inversión en salud hasta al menos el 6% del PIB e invertir el 30% de estos recursos en el primer nivel de atención, de modo de poder garantizar un acceso equitativo a los servicios. La salud y el bienestar son aspectos centrales de una vida plena y no deben considerarse un privilegio, sino la base sobre la que la sociedad crece y se desarrolla.
Por ello, cuidar al que cuida resulta fundamental para poder garantizarle a la población el derecho a una Salud digna, oportuna y de calidad, a través de condiciones de trabajo decente para quienes se desempeñan en el sistema público, quienes durante décadas han debido lidiar con todas las precariedades existentes en la Red Asistencial. Necesidades y demandas objetivas que no han sido respondidas de manera satisfactoria por sucesivos gobiernos y por las cuales nos hemos movilizado junto con otros gremios y la CUT, exigiéndole al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos. No hacerlo es fallarle no sólo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a millones de chilenos y chilenas que creyeron en las promesas de campaña del actual gobierno y que siguen esperando que su salud sea, finalmente, un derecho.

Margarita Araya: “Pudimos alcanzar condiciones laborales por las cuales veníamos luchando desde hace tiempo”

  • Presidenta de CONFEDEPRUS se refirió a aprobación de proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.


Durante la tarde de hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y particular el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, el que fue despachado a la Sala. En líneas gruesas, el proyecto incluye un reajuste general gradual de 4,9%: 3,0% en diciembre de 2024, 1,2% en enero 2025 y 0,64% en junio del mismo año; un reajuste de bonos de 4,2%; y un reajuste de 2% más para remuneraciones mínimas y bonos para rentas bajas -por encima del reajuste general-, quedando en 6,2% en enero y 6,9% en junio de 2025. Asimismo, se dispondrá la vigencia permanente de los bonos de navidad, fiestas patrias, escolaridad y vacaciones, asegurando su entrega anual oportuna evitando retrasos en los plazos de pago. Del mismo modo, se extenderá de forma indefinida la vigencia de las leyes de incentivo al retiro correspondientes a las organizaciones gremiales firmantes, estableciendo los cupos y reglas de aplicación durante la transición, así como las reglas de adjudicación para cupos no utilizados,

Al respecto la presidenta de CONFEDEPRUS, Margarita Araya, señaló que “si bien creemos que podríamos haber conseguido más en materia de reajuste, también celebramos el haber instalado un hito histórico de que la MSP inicie sus negociaciones con un reajuste basal del IPC y así avanzar hacia reajustes reales en el futuro. Así también, no podemos dejar de celebrar todas las otras condiciones laborales que pudimos alcanzar y por las cuales veníamos luchando desde hace tiempo, como incentivo al retiro permanente, 40 horas para el Sector Público y poder poner durante el primer semestre de este año el proyecto de ley de modificación del DFL 31 para nuestros y nuestras compañeros y compañeras de Cenabast, los cuales sin duda son elementos entre otros que tenemos que celebrar como organización”.

“Esperamos que prontamente pueda ser votada y así terminar el trámite legislativo para que sea finalmente una realidad para muchos y muchas trabajadores y trabajadoras de la Salud y de todo el Sector Público, por lo que llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a poner el máximo esfuerzo en el Senado para sesionar incluso si es necesario de forma extraordinaria, de manera de dar pronta resolución al trámite que requiere este proyecto de ley. También nos llevamos el compromiso de hacer el seguimiento de aquellas materias que no lograron quedar instaladas, pero que se han comprometido de dar cuenta en la Comisión de Hacienda en la primera semana de enero, en donde por supuesto como CONFEDEPRUS estaremos atentos y atentas para avanzar en las garantías de nuestros compañeros y nuestras compañeras a honorarios del hospital Padre Hurtado, garantía de derechos maternales, entre otras materias pendientes”, agregó.

Cabe consignar por último que el proyecto, que fue despachado a Sala, será visto en el senado a más tardar la próxima semana, donde se espera su pronta aprobación.

EDITORIAL: Una ley para salvar la Salud Pública

La aplicación de la ley corta de ISAPRES impulsada por el gobierno -y que fue despachada desde el Congreso en mayo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obligó a las aseguradoras a devolver 1.200 millones de dólares cobrados en exceso a sus 700.000 clientes- ha generado una serie de críticas debido a los montos y plazos de los pagos, con un tope de 13 años en cuotas mensuales para los afiliados y afiliadas menores de 60 años de edad, 2 años para los mayores de 80 años y 5 para los mayores de 60. Es decir, los más de mil millones de dólares que las aseguradoras deben retornar se repartirán de manera diferenciada de acuerdo a lo cobrado en exceso a cada usuario o usuaria, algunos/as de los/as cuales recibirán su devolución en 156 cuotas, con montos mensuales que alcanzarán los 600 pesos.

Esta normativa legal, que rescató al sistema para evitar la quiebra frente al cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, ha derivado en enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso por las responsabilidades en la aplicación de la iniciativa, esto tras la molestia de los/las clientes/as de la salud privada chilena por las facilidades de pago que ofrece esta ley corta, de las cuales el gobierno culpa a la oposición, con la cual sin embargo el propio Ejecutivo buscó un acuerdo en la etapa final de esta ley. Todo esto, en el marco de la necesidad de una reforma al sistema de Salud y el reforzamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en medio de la frágil realidad del sistema sanitario, que durante los últimos años ha estado azotado por las deudas hospitalarios y las listas de espera.

Lo anterior es sólo una muestra más de la profunda crisis por la que viene atravesando desde hace tiempo el modelo neoliberal de libre mercado respecto de su regulación y de los abusos cometidos debido a su ineficiencia y, en muchos casos, inexistencia. La seguridad social en manos privadas, tanto en materia de pensiones como de Salud, ha dejado mucho que desear y así ha quedado en evidencia también con las AFP, que han hecho de los derechos sociales fundamentales de los chilenos y las chilenas un millonario negocio en beneficio privado y perjuicio público. Los mismos que han señalado que el Estado es incapaz de manejar recursos de manera eficiente y que todo debe ser dejado en manos del mercado, nos demuestran cómo funcionan las cosas cuando la orientación no es el rol social, sino el afán de lucro y que, tal como ahora, no tienen pudor en buscar que ese Estado “incapaz” les dé un salvataje.

Por ello, como CONFEDEPRUS hemos sostenido que, así como se diseñó y despachó con urgencia una ley para salvar el negocio de las ISAPRES y la salud privada en donde se atiende el 15 % de los chilenos y las chilenas, así también exista una iniciativa legal para salvar la salud pública que resguarda la salud y la vida del 85 % de la población, tema que nunca debe dejar de ser una prioridad para cualquier gobierno, pues además se trata de una de las demandas más urgentes de la ciudadanía por una Salud como derecho fundamental, la que sólo es posible garantizar a través del fortalecimiento del sistema público, el cual se sustenta a su vez en sus trabajadores y trabajadoras y, por ende, en el resguardo de sus derechos laborales.

COMUNICADO INTERNO REAJUSTE SECTOR PÚBLICO

Santiago, 5 de diciembre 2024

En relación con la marcha de las negociaciones sostenidas entre nuestro gremio y los 16 presidentes y
presidentas de los gremios integrantes de la MSP con el Ministerio de Hacienda por el reajuste del sector
público, como CONFEDEPRUS -representante de los y las profesionales del sector Salud- informamos que ayer miércoles sostuvimos una nueva reunión durante la mañana con el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, para luego en la tarde reunirnos como Mesa del Sector Público para revisar las materias laborales tratadas.

Hecho el análisis, vemos con preocupación la nula respuesta que tiene el gobierno a las demandas
de nivelación sectorial, devolviéndolas en responsabilidad hacia mesas sectoriales que sabemos no son
eficientes para otorgar reivindicaciones y mejoras en las condiciones laborales de nuestros trabajadores y
nuestras trabajadoras. De esta manera, la mesa pone la exigencia de que los ministerios den respuesta hoy jueves de su disponibilidad financiera y política para avanzar en las demandas que están puestas en el petitorio.

También pudimos conocer algunos elementos referentes a la propuesta de extensión permanente
del incentivo al retiro, donde vemos con preocupación la rebaja en los cupos y también observamos lo que significa el impacto que puede tener la fórmula de estímulo decreciente en el incentivo para los trabajadores y las trabajadoras entre los 66 y los 68 años.

El día de hoy vamos a realizar nuestro CDN, instancia en la que tendremos que analizar las propuestas
que ha entregado el gobierno, así como por supuesto también poder definir en conjunto una mirada política para enfrentar la reunión con el gobierno y también para que puedan compartir con sus bases, de manera de ir acotando nuestra posición en torno a cerrar el presente proceso de negociación, que podría extenderse hasta el viernes inclusive.

 

DIRECTORIO NACIONAL

EDITORIAL: Avanzar en acuerdos políticos a costa de retrocesos laborales

Este miércoles 27 y tras aprobar el informe de la Comisión Mixta, el Senado aprobó y despachó el proyecto de ley de Presupuesto 2025, cuyo plazo límite era hoy viernes y que contempló la reposición de recursos rebajados o rechazados anteriormente, como los del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del programa de acompañamiento para niños y niñas trans del Ministerio de Salud, además de establecer que en la ley de reajuste del sector público sea obligatoria la capacitación en violencia de género. Por otro lado, el gobierno destacó los acuerdos en materia de seguridad, educación y salud, asegurando que uno de los aspectos centrales de este presupuesto ha sido la priorización de los recursos y los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto y de las políticas públicas. Sin embargo, para poder destrabar la discusión con los legisladores de una oposición que se ha caracterizado por poner verdaderas barricadas ideológicas a las reformas que permitan avances sociales, el gobierno debió hacer un recorte fiscal de US$ 600 millones, con lo cual el gasto público crecerá 2% en lugar del 2,7% que contemplaba la propuesta de recorte inicial de US$ 500 millones con que ingresó a su discusión.

Es decir, para poder avanzar y zanjar esta discusión las autoridades decidieron “recortar el recorte”, con todo lo que ello implica en términos de profundizar la precarización de derechos fundamentales tanto laborales de los trabajadores y las trabajadoras como de la población respecto de su atención. Un recorte que viene a complejizar aún más la situación de la Salud y la crisis hospitalaria, en donde se cuentan ya más de 17 mil personas fallecidas en listas de espera por falta de atención oportuna. Y como si lo anterior fuera poco, Hacienda comprometió otros recortes de gasto por US$ 1.000 para poder cumplir con las metas fiscales, señalando que este presupuesto apunta a las necesidades que la economía del país requiere, contribuyendo al crecimiento y a la inversión. Según lo informado, estos “recortes sobre recortes” corresponderán básicamente a la reducción en la contratación de funcionarios/as públicos/as, lo cual va en la línea de sectores de derecha que buscan debilitar cada vez más al Estado en beneficio del sector privado, manteniendo su rol subsidiario en vez de garante de derechos, yendo en contra además de las demandas que los trabajadores y las trabajadoras del Estado han presentado en su pliego de negociación en el marco del proceso de negociación por el reajuste del sector público, como son estabilidad laboral, remuneraciones y cumplimiento de compromisos.

Por ello y en el marco de las negociaciones entre la Mesa del Sector Público y el gobierno por el reajuste salarial de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, dentro de un escenario adverso en términos de restricciones que vulneran derechos laborales fundamentales, tanto por parte de un gobierno que ha incumplido sus compromisos y promesas con el mundo del trabajo como por parte de una derecha que ha obstaculizado todo tipo de avances en materias sociales, con impacto y perjuicio directo para la clase trabajadora, como gremio de la Salud Pública de Chile estimamos que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tuvo presente la necesidad social que poder contar con un sistema de Salud Pública que entregue garantías de atención a la población, partiendo por entregar condiciones de trabajo decente a quienes sustentan el sistema, la salud y la vida de la población, desaprovechando la última oportunidad de poder dar respuesta a las necesidades y demandas no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino del 85 % de la población que se atiende en el sistema público de Salud y ante lo cual como gremio y junto a los otras organizaciones de la MSP realizamos ayer una jornada de movilización y paro, como parte de nuestras incansables esfuerzos que no cesarán hasta lograr que las calles sean no solamente testigos de nuestras luchas, sino también de nuestras victorias.

CONFEDEPRUS participa en masiva marcha junto a gremios de la MSP por demandas laborales

  • “Este paro y esta macha es solamente un anticipo de lo que somos capaces de hacer para avanzar en nuestros derechos”, señaló Margarita Araya, presidenta de nuestro gremio.

Durante la mañana de ayer jueves 28 de noviembre, CONFEDEPRUS junto con los gremios agrupados en la MSP de la CUT se convocaron para marchar por las demandas del pliego presentado al gobierno y en el cual se pide defensa de la estabilidad laboral, cumplimiento de compromisos de la agenda laboral y reajuste real de remuneraciones. Además, las organizaciones y la CUT Chile señalaron la importancia de salir al paso y enfrentar la denostación y las críticas sin fundamento hacia la función pública, devaluando el rol esencial que desempeñan en el funcionamiento del Estado. La convocatoria, que congregó a cerca de 30 mil personas en Santiago y unas 30 mil en regiones (como Ñuble, en donde más de mil personas de nuestra federación se movilizaron), comenzó su marcha en Santa Rosa con Alameda, para luego marchar hasta Los Héroes, en donde se instaló un escenario desde el cual los organizadores y presidentes de algunos gremios se dirigieron a los participantes.

En la ocasión el presidente de la CUT, David Acuña, señalo que “estamos movilizados por mayor estabilidad laboral, por tener un reajuste decente, salarios dignos. Los trabajadores de Estado solamente han ido retrocediendo en los últimos reajustes del sector público. También queremos que se cumplan los compromisos que el Estado ha ido asumiendo, pero por sobre todo, por la estabilidad laboral. Lamentablemente, con la ratificación (en el cargo) de la contralora Dorothy Pérez, lo único que se ha hecho en este Gobierno es poner en peligro al Estado, poner en peligro la función pública, poner en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores y trabajadoras. Nos llama la atención que una ministra (Jara) que fue dirigenta sindical no entienda la movilización, nosotros hoy estamos haciendo algo que es constitucionalmente legal: poder movilizarnos. No tenemos que pedirle entendimiento ni permiso a los ministros para salir a la calle. Lamentablemente hay parlamentarios de derecha sobre todo que denostan la función pública, que hablan mal de los trabajadores públicos y que incluso han tenido la soberbia de decir que no van a aprobar un reajuste para los trabajadores del mundo público”.

Por su parte la presidenta de nuestro gremio, Margarita Ayala, expresó que Margarita “saludar a la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública de Chile, de los hospitales de la Región Metropolitana. Hoy le venimos a decir al gobierno que lo único que tiene que entender es que los trabajadores públicos nos cansamos de migajas y que hoy nos unimos en la calle para ir por mucho más, esta movilización, este paro y esta macha es solamente un anticipo de lo que somos capaces de hacer para avanzar en nuestros derechos. A no soltar las calles, porque las calles no sólo tienen que ser testigo de nuestras luchas, sino también de nuestras victorias”.

Por último, señalar que el proceso de negociación sigue hoy viernes.