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EDITORIAL: La deuda histórica con Salud

El pasado miércoles 30 de octubre y de acuerdo con el cronograma de tramitación, las cinco Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos presentaron sus respectivos informes ante la Comisión Especial Mixta, en los cuales se abordan diversos temas relacionados con el aumento del gasto público, contrataciones y ejecución presupuestaria para el próximo año. Respecto del área de Salud, la Tercera Subcomisión Mixta llevó a cabo el estudio de la partida del Ministerio de Salud, correspondiéndole atender intervenciones de las autoridades de la cartera, representantes de profesionales y trabajadores/as de la Salud, asociaciones de pacientes, el Colegio Médico y dirigentes/as sindicales respecto de demandas en Atención Primaria o una deuda hospitalaria cada vez mayor, entre otras, las que se ven afectadas por un presupuesto inicial insuficiente y la disminución relativa del aporte fiscal. Porque si bien es cierto este año Salud representa el mayor crecimiento del erario, con un incremento del 4,2% en relación al año pasado, ello resulta insuficiente para resolver los múltiples problemas existentes en la Salud Pública del país y que se han vuelto estructurales luego de décadas de desmantelamiento.

Porque a pesar de que el reciente rechazo a la partida 16 de Salud y el poder mirar un incremento en la glosa que permita dar caución de atención a nuestra comunidad es un hecho relevante que garantiza un Derecho Humano fundamental, echamos de menos que se pueda considerar un incremento que venga a dar garantías de trabajo decente para el equipo de Salud, así como avanzar en el compromiso del presidente Boric con una Carrera Funcionaria, con un encasillamiento para los trabajadores y las trabajadoras y con poder ir cerrando todas las brechas que se arrastran para nuestros compañeros y compañeras de Cenabast a través de un rediseño de su DFL. Todas estas, materias en las que existen compromisos incumplidos, los cuales son deudas pendientes junto con otras más, nacidas de demandas y necesidades objetivas, tanto de los profesionales y trabajadores/as de la Salud Pública como de parte del 80% de la población que se atiende en el sistema.

El plazo para despachar el proyecto de ley de presupuestos es de 60 días desde que ingresó el 30 de septiembre, por lo que el plazo máximo para su despacho es el 30 de noviembre de 2024. Por ello, como CONFEDEPRUS seguiremos insistiendo en estas alertas que tenemos como organización, probablemente a través de los integrantes de la Comisión Mixta, manteniendo el compromiso de defender la Salud Pública de Chile y las condiciones de trabajo decente del equipo de Salud, pues mientras éste derecho humano fundamental sea una demanda social no respondida, seguirá siendo una deuda histórica con sus trabajadores, trabajadoras y con la población, lo cual requiere un aumento del presupuesto que esté a la altura de las necesidades reales del sector. Millones de chilenos y chilenas no pueden seguir esperando eternamente por una atención oportuna, digna y de calidad, así como tampoco los profesionales trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública pueden seguir esperando mejores condiciones laborales para cumplir dignamente con su labor.

Margarita Araya: “Echamos de menos un incremento que pueda dar garantías de trabajo decente para el equipo de Salud”

  • Presidenta de nuestro gremio se refirió a desarrollo de discusión presupuestaria.

En el marco de la discusión presupuestaria 2025 que se lleva a cabo en el Senado a través de la Comisión de Hacienda y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el día de hoy la Tercera subcomisión mixta escuchó las impresiones de la Senadora Provoste y del Senador Castro respecto de la Partida 16, correspondiente al Ministerio de Salud, contenida en la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025, poniéndose luego en votación los distintos capítulos y programas de la Partida, aprobándose el capítulo 4 y su programa “Instituto de Salud Pública de Chile”, el capítulo 5 y su programa “Central de Abastecimiento y Sistema Nacional de Servicios de Salud”, el capítulo 9 y su programa “Subsecretaría de Salud Pública” y el capítulo 11 y su programa “Superintendencia de Salud”, en tanto las votaciones sobre Fonasa y el programa de atención primaria, prestaciones institucionales y financiamiento de hospitales fue rechazado, junto con la votación sobre la Subsecretaria de Redes y Servicios de Salud, declarándose admisible una indicación que agrega una glosa a la partid del Minsal. De esta manera, la Partida fue despachada y pasará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una vez elaborado el informe.

Al respecto la presidenta de nuestro gremio, Margarita Araya, señaló que “como CONFEDEPRUS veníamos pidiendo a los parlamentarios el rechazo a la partida 16 de Salud, especialmente con aquello que tiene que ver con el financiamiento de nuestros hospitales. Hoy sin duda el rechazo del capitulo que otorga financiamiento a la subsecretaria de Redes Asistenciales y el poder mirar un incremento en la glosa que permita dar garantías de continuidad de atención a nuestra comunidad es un hecho relevante que garantiza un Derecho Humano fundamental”.

“Sin embargo, echamos de menos que en este capítulo se pueda considerar un incremento que venga a dar garantías de trabajo decente para el equipo de Salud, avanzar en el compromiso del presidente Boric con una Carrera Funcionaria, con un Encasillamiento ahora para los trabajadores y las trabajadoras y poder ir cerrando todas las brechas que se arrastran para nuestros compañeros y compañeras de Cenabast a través de un rediseño de su DFL. Vamos a seguir insistiendo en estas alertas que tenemos como organización, probablemente a través de los integrantes de la Comisión Mixta, porque esta discusión no se ha terminado y como CONFEDEPRUS mantenemos el compromiso de defender la Salud Pública de Chile y las condiciones de trabajo decente del equipo de Salud”, finalizó.

EDITORIAL: La legítima protesta social

Hoy se cumplen 5 años de las primeras protestas estudiantiles que dieron inicio al llamado “estallido social”, que desde octubre de 2019 y hasta marzo del 2020 movilizó masivas protestas sociales en nuestro país, con millones de chilenos y chilenas expresando en las calles de distintas ciudades un descontento largamente acumulado contra un escenario de abusos, corrupción, impunidad y desigualdades de un modelo económico y un sistema político que no han sido capaces de dar respuesta a demandas que siguen estando dentro de las principales preocupaciones de la población. Una explosión de rabia e indignación que, más allá del alza de 30 pesos en el pasaje del metro, tuvo raíces más profundas y casos previos como el de “La Polar”, la colusión de las farmacias y los pollos, el “Confortgate”, sumado a las desigualdades en el acceso a la salud y educación, el fracaso de las AFP, la mala distribución de los ingresos, la baja confianza en los partidos, la política y los empresarios por los casos de financiamiento ilegal de campañas parlamentarias. Junto con todo esto y como guinda de la torta, la actitud de algunas autoridades de la época que generaron escozor con declaraciones a través de las cuales dejaron ver su absoluta desconexión y falta de empatía con problemas reales y concretos de la población.

En pocas palabras, una crisis de legitimidad del sistema completo, con bajísimos niveles de aprobación a los partidos políticos y el Congreso, situación que fue reconocida por diversos sectores y personeros que incluso hicieron un mea culpa por no haber tenido la capacidad de advertir y atender las demandas de la gente. Relato que, sin embargo, más tarde cambiaría a la criminalización de la protesta social ante diversos hechos de saqueos, destrozos e incendios, como la quema de varias estaciones del Metro, cuya investigación -llevada a cabo por el fiscal Guerra siendo ministro del Interior Andrés Chadwick- hasta el día de hoy no entrega claridad sobre sus responsables.

Lo cierto es que, a 5 años de un estallido social que para un 58% de la población fue la legítima expresión de descontento social generalizado, según la Cadem, no hay mejoras. Es más, según esta misma encuesta, el 80% de las personas cree que las demandas sociales no han sido resueltas o que han empeorado. Así lo hemos visto en Salud, donde a raíz del caso del hospital Carlos Van Buren ha quedado en evidencia, una vez más, la precaria situación de la Salud Pública de Chile, desmantelada y precarizada sistemáticamente a partir de la vulneración de derechos laborales de sus profesionales en beneficio del negocio de la salud privada, con directo impacto en la calidad de atención del 80% de la población que recurre al sistema público, lo cual representa una abierta vulneración del Estado y de los distintos gobiernos a todo tipo de derechos fundamentales, tanto los laborales del equipo de trabajo como de la población a tener una atención digna, oportuna y de calidad.

Por ello y porque nada ha cambiado, las necesidades, expectativas y demandas de transformación social siguen teniendo legitimidad y vigencia en Chile. Así lo han reconocido incluso personeros del mundo político y empresarial de derecha, como Bernardo Matte Larraín, quien señaló recientemente que “sin reformas importantes van a venir otros remezones”, o el senador Francisco Chahuán, de RN que dijo que “muchas de las condiciones que generaron el estallido no han desaparecido”. Las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita superar el actual Estado Subsidiario, así como alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales básicos, como son el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, Vivienda digna, entre otros derechos fundamentales, siguen plenamente vigentes.

Como nada ha cambiado, CONFEDEPRUS reivindica tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, siendo imperativo hoy, continuar nuestra exigencia de avanzar hacia una sociedad democrática e inclusiva, basada en la justicia social y fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos a través de la organización de la ciudadanía y la movilización social, única forma de lograr avances sustantivos.

 

EDITORIAL: Dejar morir hospitales es dejar morir personas

Durante las últimas semanas hemos sido testigos, a través de diversas notas de prensa difundidas en varios medios, de distintas situaciones hospitalarias que dan cuenta de una crisis financiera generalizada en nuestro país y que se arrastra desde hace varias décadas, producto de un sistema que fue desmantelado durante la dictadura militar y que hasta el día de hoy el Estado de Chile no ha sido capaz de recuperar en beneficio del negocio privado, con perjuicio a más del 80% de la población que se atiende en ella. Hace unos días veíamos el caso del hospital Van Buren, el cual se suma a otros como el Sótero del Río, el San Borja Arriarán, el San Juan de Dios, el de La Serena y el Padre Hurtado son los más estrechos financieramente según el informe oficial del primer semestre de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Una crisis financiera en la que 39 hospitales superan los $ 1.000 millones de deuda y que hace absolutamente insuficiente la inyección de $110 mil millones de pesos a la red pública anunciada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado.

Como gremio de la Salud Pública, no sólo hemos denunciado esta situación, sino que también hemos emplazado al gobierno por este déficit presupuestario del sector que se refleja en esta compleja situación por la que atraviesan hospitales públicos, consultorios y Cesfam, lo que hace urgente que Hacienda entregue mayores recursos para poder mantener el funcionamiento de los establecimientos y la atención de la población, haciéndose cargo en términos presupuestarios de resolver de manera estructural la asignación de los recursos a través de un Presupuesto 2025 que esté a la altura de las necesidades, entregando una inyección adicional para las listas de espera y así también incidir en una mayor seguridad del personal que atiende en los establecimientos de Salud, así como para que también los establecimientos puedan llegar a fin de año.

Por ello, hoy se necesita con urgencia legislar, poner recursos que se puedan redistribuir con la misma energía y prontitud que surgió para salvar al sistema privado de Salud a través de una, denominada, ley corta de ISAPRES, de manera de poder dar solución inmediata a los déficits en presupuestos del periodo 2024 de los hospitales y el pago de deudas declaradas, trasparentando la situación particular de cada una. En dicho contexto, se requiere una Reforma profunda del sistema de Salud público, con participación ciudadana en la toma de decisiones, con inversión que permita mejorar la gestión, más, la implementación del Trabajo Decente para las y los Trabajadores. No podemos salvar a las ISAPRES y dejar morir a los hospitales públicos, que es donde se atiende el 85% de la población y donde está el equipo de salud que puso todo su compromiso y esfuerzo para velar y cuidar el derecho a la vida y a la salud de los habitantes del país. Dejar morir hospitales es dejar morir personas.

 

COMUNICADO POR SITUACIÓN FINANCIERA DE HOSPITALES EN CHILE

Frente a la crisis financiera que afecta a los hospitales públicos en Chile, nuestra
organización señala los siguiente:

Lamentamos profundamente la situación crítica en que se encuentran muchos
establecimientos de salud, los que requieren de atención inmediata para lograr garantizar
la Salud de las y los ciudadanos del país. Como es de conocimiento público, recientemente se ha develado un secreto a voces, como es el término, a cuatro meses del fin del año, de los fondos presupuestarios 2024 asignados en indistintos hospitales públicos de la Red nacional, fondos que son fundamentales para la gestión en Salud proyectada para el periodo.

Para el conocimiento público de dicha situación, la acción y denuncia de nuestras y nuestros
dirigentes ha sido fundamental, ello con el único objetivo de que los usuarios y usuarias se
informen responsablemente sobre el estado del resguardo del Derecho Fundamental que
les asiste: la Salud Pública. Este escenario ha venido a reinstalar la discusión con autoridades del Estado sobre los déficits de presupuesto en dicha materia, sumado a las millonarias deudas en hospitales
públicos, lo que ha derivado en el aumento en los tiempos de espera para la atención y así la normalización de “Listas de Espera” por parte del Estado.

A nuestro juicio, la situación se repite periodo tras periodo por la escasa asignación
presupuestaria en esta materia, en contraposición a las demandas y necesidades de los
hospitales y redes de Salud Pública, lo que ha acentuado la externalización de servicios, la
ineficiencia en la gestión de recursos, al pagar, por ejemplo, dos o tres veces los costos en
el Sistema Privado por acciones en Salud, comparando los costos resultantes en el Sistema
Público y la falta de inversión en Salud Pública, situaciones que han puesto en riesgo la
Salud y bienestar de las y los ciudadanos de Chile.

Por lo anterior, exigimos la misma energía y prontitud que surgió para salvar al sistema
privado de Salud a través de una ley denominada corta de Isapres, para dar solución
inmediata a los déficits en presupuestos del periodo 2024 de los hospitales y el pago de
deudas declaradas, trasparentando la situación particular de cada una. En dicho contexto se
requiere una Reforma profunda del sistema de Salud público, con participación ciudadana en
la toma de decisiones, con inversión que permita mejorar la gestión, más, la implementación
del Trabajo Decente para las y los Trabajadores.

Instamos a las autoridades gubernamentales y del Congreso nacional a escuchar las
demandas de las y los Trabajadores y la Comunidad usuaria para abordar la crisis en los
hospitales, para generar un real compromiso por la Salud Publica de Chile y que se traduzca
en un aumento significativo en el Presupuesto 2025 para garantizar así la Salud y Bienestar
de las y los ciudadanos del país.

 

                                     DIRECTORIO NACIONAL

EDITORIAL: Un Presupuesto responsable con la salud de la población

Hace casi 5 años, un 18 de octubre, afloraron las primeras protestas sociales que manifestaron el creciente malestar ciudadano hacia un modelo económico que a lo largo de los años ha ido construyendo un país para ricos y otro para el 90% de la población, con Salud, Pensiones, Educación, Justicia y Vivienda como principales demandas sociales. Una suma de ingredientes que generaron el caldo de cultivo perfecto para que se produjeran una serie de protestas, caracterizadas por la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social a lo largo del país, que se movilizaron de manera masiva, con millones de chilenos y chilenas en las calles de distintas ciudades. En pocas palabras, una crisis general de legitimidad del sistema económico impuesto y heredado por la dictadura, legitimado en una Constitución fraudulenta que ha determinado un sistema político y democrático concebidos para administrar, profundizar y prolongar el modelo, vigente hasta el día de hoy.

Un modelo que, una vez arrebatados de manera violenta por el golpe de estado de 1973, ha hecho de los derechos humanos fundamentales, como la Salud, un negocio privado cuyo acceso depende del bolsillo de las personas. En este marco, hace unos días la situación de crisis del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso dejó en evidencia la situación de crisis no sólo de ese recinto asistencial, sino de la Salud Pública en Chile, desmantelada de manera sistemática en beneficio del negocio de la salud privada y cuya situación de precarización se hizo aún más palpable durante la pandemia, durante la cual también se hizo visible la insuficiencia del modelo para dar respuesta a necesidades sociales, toda vez que ello no es rol del mercado sino de un estado que debe ser fuerte y robusto para poder cumplir su rol y responsabilidad social hacia quienes vivimos en este país, sin que ellos dependa de la capacidad monetaria de cada quien. En contraste a esto, vemos sin embargo cómo se fortalece el negocio de la salud privada a través del salvataje a las ISAPRES en virtud de una ley corta, mecanismo que como gremio creemos que también debe aplicarse para salvar la Salud Pública mediante mayores recursos para no dejar morir los hospitales de la red asistencial, en los que se atiende más del 80 % de la población del país.

A casi 5 años del estallido social de 2019, las causas que generaron la explosión del malestar social no han cambiado, al contrario. No sólo no se ha dado respuesta a las demandas vigentes de la población, sino que el escenario de corrupción ha ido en aumento tras conocerse diversas aristas y alcances del llamado caso “Audios” y que ponen de manifiesto un entramado diseñado de manera delictual para el enriquecimiento de unos cuantos en perjuicio de lo público. Por ello, como gremio y tal como lo hemos venido haciendo desde hace casi 6 años, exigimos un Presupuesto 2025 que dé respuesta a las demandas y necesidades de los y las profesionales de la Salud Pública, como son Carrera Funcionaria y condiciones de trabajo decente para quienes son el sustento del sistema público y por donde debe comenzar su mejoramiento, de manera de poder enfrentar de mejor manera problemas, entre otros, como las listas de espera y las situaciones de agresión ante esta escasez de recursos que nos impide otorgar una mejor atención a la población.

Comienza Escuela de formación sindical en DD.HH. de CONFEDEPRUS

  • Primera versión de este taller continuará los próximos días jueves 10 y martes 15 del presente mes.

Con la presencia de la presidenta de nuestro gremio, Margarita Araya, comenzó en la mañana de hoy martes 8 de octubre la primera jornada de la Escuela de Formación en DD.HH. de CONFEDEPRUS, dictada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y dirigido a dirigentes y dirigentas, la que se lleva a cabo en dependencias de Caja de Compensación Los Andes. En la jornada inaugural se abordaron temas como Teoría y Sistemática de los DDHH, Derechos Colectivos y Sociales y Los Derechos Laborales, Sindicales y de Seguridad Social.

“Para CONFEDEPRUS es muy importante tener este espacio con la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), este es una iniciativa que se viene arrastrando dese hace mucho tiempo y cuando los proyectos se van concretando es muy relevante”, señaló Margarita Araya, quien recordó también el trabajo conjunto desarrollado junto con la comisión en tiempos de pandemia, “cumpliendo con nuestro deber como dirigentes y dirigentas sindicales, trabajadores y trabajadoras de la Salud de ser observadores y garantes de derechos humanos fundamentales, como son la vida y la salud de la personas”, agregó.

Por su parte la directora de la secretaria de Capacitación, DN Geraldine Leiva, señaló que “el enfoque de este taller es para que los dirigentes y las dirigentas puedan enfocar su trabajo en DD.HH., tanto en la atención directa de pacientes como también cuando nos llegan nuestros socios o socias con algún tipo de dificultad frente a sus labores, y para que amplíen su foco de la labor dirigencial, que va de la mano con velar por la garantía de DD.HH. para la población. Junto con la comisión se hizo un trabajo diseñado para hacer este taller en el que el concepto de DD.HH. es mucho más amplio de lo que se piensa, tiene que ver la garantía de derechos fundamentales y la salud es parte de eso. La idea de este taller es que sea permanente y semestral, dos veces al año”.

Por último, cabe señalar que la primera versión de este taller continuará los próximos días jueves 10 y martes 15 del presente mes.

Margarita Araya: “Un presupuesto para Salud tal como está hoy no puede ser aprobado”

  • Presidenta de CONFEDEPRUS fue entrevistada en programa “Radioanálisis”, de radio Universidad de Chile.

“La situación del Van Buren es crítica porque se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, un hospital no puede funcionar sin plata. Al Van Buren no le queda vida si no se revierte esta situación, hay que poner los recursos y distribuirlos”, expresó Margarita Araya, presidenta de nuestro gremio, durante la entrevista realizada la mañana de ayer lunes en el programa “Radioanálisis”, de radio Universidad de Chile. “La mayoría de los hospitales generaron un alto monto de deuda luego del tiempo de pandemia y eso se mantiene hasta el día de hoy. Hay situaciones que lleva a los hospitales a hacer gastos que están por sobre lo presupuestado y eso tiene que ver con la compra de prestaciones para cirugías, pagos a proveedores, etc. Cuando los hospitales públicos dejan de pagarle a sus proveedores, dejan de tener insumos y debe comprar más caro, así se ha ido incrementando este hoyo financiero del hospital Van Buren, que es una situación que se repite en otros hospitales, no es un caso aislado o algo puntual como dice la ministra Aguilera, es algo que debería haber sido previsto y es responsabilidad de los gestores de esta red”, agregó.

“La ministra dice que se van a inyectar recursos nuevos, pero eso no es así, lo que usan es un mecanismo de reasignación, por lo tanto lo que hacen los hospitales para poder atender a los pacientes es vestir un santo desvistiendo otro. Se administra pobreza, acá hay problemas de gestión. Hay otros hospitales con el mismo problema, el Sótero del Río, el Padre Hurtado. Estamos siempre con presupuestos al límite, hay que aumentarlo, incrementarlo al menos en el reconocimiento de la deuda hospitalaria de todos los establecimientos de la red. Sería bueno que Dipres transparentara esas cifras, el uso de esas platas del Estado, sobre todo en esos tiempos de corrupción. Como trabajadores y trabajadoras hemos pedido estas cifras a la ministra, pero no están presentes en el diálogo”, señaló la presidenta de CONFEDEPRUS.

“Aprobar un presupuesto para Salud tal como está hoy, sin una inyección adicional de recursos donde no se reconoce la deuda hospitalaria y sin incrementos donde debe haberlos, es un presupuesto que no puede ser aprobado. Por eso hablamos de una ley corta para la Salud Pública, para que con el mismo ahínco y urgencia con la que se han hecho leyes cortas para salvar las isapres, que atienden al 15 % de la población, se haga una ley corta para salvar la Salud Pública, donde se atiende el 85 % de los chilenos y las chilenas. Este es un presupuesto que no se puede aprobar en estas condiciones. No podemos salvar isapres y dejar morir hospitales”, expresó.

“El presidente Boric en su programa establecía el fin de las isapres y fortalecer la Salud Pública, poniendo a los trabajadores y las trabajadoras al centro. Creímos que se trataba de una convicción, pero vemos con sus actos que hay una definición política de resguardar a los privados por sobre el sistema público.  Los oídos en el Minsal están tapados hace bastante tiempo, la ministra sigue una línea de gestión donde los trabajadores y trabajadoras somos invitados a dialogar, pero donde nuestras participaciones no son vinculantes y no se considera lo que estamos mostrando. El Minsal está en una postura cerrada y parece que su única preocupación es la salud privada y no la Pública”, finalizó Margarita Araya, presidenta de CONFEDEPRUS.

EDITORIAL: La Salud Pública en Urgencia

La situación de precariedad en insumos, infraestructura y condiciones de trabajo decente para las y los profesionales de la Salud que se desempeñan en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso es sólo el reflejo de una situación mucho más amplia y generalizada a nivel país sobre el estado del sistema público. Un estado de profunda y sostenida precarización y desmantelamiento que como CONFEDEPRUS hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, sin que hasta ahora nuestras luchas y demandas hayan tenido acogida favorable, a pesar de compromisos y del hecho que la Salud siga siendo una de las principales demandas sociales no resueltas y que requieren de soluciones con sentido de urgencia.

Mucho hemos dicho y escrito sobre el hecho de que los y las profesionales que componen el equipo de trabajo de la red asistencial y que son su principal recurso siguen en lista de espera respecto de sus justas y legítimas demandas, que nacen de necesidades objetivas y concretas, debiendo enfrentar situaciones de alto desgate físico y mental para poder otorgar condiciones de atención óptimas a la población. Por ello y de cara a la discusión presupuestaria para el próximo año, reiteramos la exigencia de que se pongan todos los recursos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento de nuestros hospitales y la atención de nuestros usuarios. La situación del Van Buren no sólo se vive en este hospital, por lo tanto hacemos el llamado al gobierno a hacerse responsable de esta crisis hospitalaria en dos frentes, a través de una medida legal que permita entregar un presupuesto adicional al Van Buren para terminar su año como corresponde y poder garantizar a los usuarios una buena atención y, por otra parte, considerar a partir de esta grave crisis de la situación hospitalaria del país, las brechas que existen, de manera de poder incorporarlas a la discusión presupuestaria que se viene, donde la distribución de los recursos debe ser justa y equitativa.

El gobierno ha anunciado una proyección de crecimiento que sobrepasa el 1,2 %, más allá de lo proyectado, mientras por otro lado tenemos una ley tributaria para captación de recursos y royalty minero, por lo cual recursos hay para la Salud Pública del país que permitan enfrentar esta crisis, que se viene arrastrando desde hace tiempo y es momento de hacerse responsables. Los trabajadores y las trabajadoras estamos comprometidos con la salud de la población, somos los cuidadores del bienestar Estado, entregando salud a la población, así los señaló el ministro Marcel cuando salíamos de la pandemia por Covid-19, y como garantes de un derecho humano fundamental como es la Salud no podemos guardar silencio. Así como hubo énfasis para sacar una ley corta para salvar a las ISAPRES en la empresa privada, le decimos al presidente que promueva una medida legislativa para fortalecer la Salud Pública de Chile, en donde se atiende más del 80 % de la población.

Margarita Araya: “La crisis de la Salud Pública se viene arrastrando desde hace tiempo y es momento de hacerse responsables”

  • Presidenta de CONFEDEPRUS hizo llamado al gobierno a aumentar Presupuesto 2025 para el sector, en el marco de la grave situación por la que atraviesa hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Una de las situaciones más críticas registradas desde 2019 es la crisis que se vive en el Hospital Van Buren, la que registra cierre de pabellones quirúrgicos y suspensión de quimioterapias, entre otros impactos que atentan directamente contra la atención de la población. Una situación de colapso que estalla ahora, pero que viene arrastrándose desde hace bastante tiempo a raíz de la falta de recursos que ha vivido no sólo este recinto, sino el sistema público de Salud del país, con afectaciones también para las y los profesionales que componen el equipo de trabajo, quienes además de tener que trabajar en condiciones precarias respecto de insumos, infraestructura y derechos laborales, deben exponerse a situaciones de violencia por parte de algunos usuarios y usarías. Un problema con varias aristas y que tiene que ver con un factor común: la falta de recursos y lo que es más grave, la falta de cumplimiento de compromisos.

“Ayer se juntaron diversas organizaciones, todas las asociaciones del hospital, tuvimos también el apoyo transversal de la Comisión de Salud del Senado y la presencia de CONFEDEPRUS a través de nuestra presidenta nacional. La situación es grave, nosotros no funcionamos con 4.500 millones de pesos al mes y acá a fin de año necesitamos al menos 13.500 millones, plata que necesitaos que el gobierno inyecte para este hospital, para tener una infraestructura que esté a la altura de las necesidades de los y las pacientes de esta región. Que en el Presupuesto 2025 se asegure la compra del terreno y el diseño del próximo Centro de Diagnóstico Terapéutico del SS VSA, que reúna al Van Buren con el Pereira y así podamos avanzar. Acá tenemos los médicos más renombrados de la región, los más comprometidos con los pacientes. Le pedimos a la seremi de Salud que ayude a articular la red, porque hay nulo diálogo con el director del SS, Cristián Gálvez, quien no nos recibe como organización”, señaló el presidente de Fedeprus Valparaíso – San Antonio, Moisés Sagredo.

Por su parte Margarita Araya, presidenta de nuestro gremio, expresó que “como CONFEDEPRUS estamos muy preocupados ante la falta de recursos que probablemente vienen para nuestro sector y por ello exigimos con mucha fuerza que se pongan todos los que sean necesarios para garantizar el funcionamiento de nuestros hospitales y la atención de nuestros usuarios. La situación del Van Buren no sólo se vive en este hospital, sino en varios de todo el país, por lo tanto hacemos el llamado al gobierno a hacerse responsable de esta crisis hospitalaria en dos frentes, uno poniendo todos los recursos necesarios a través de una medida legislativa que permita entregar un presupuesto adicional al Van Buren para terminar su año como corresponde y poder garantizar a los usuarios una buena atención y, por otra parte, considerar a partir de esta grave crisis la situación hospitalaria del país, las brechas que existen, de manera de poder para incorporarlas a la discusión presupuestaria que se viene, donde la distribución de los recursos debe ser justa y equitativa”.

“El gobierno ha anunciado una proyección de crecimiento que sobrepasa el 1,2 %, más allá de lo proyectado, por otro lado tenemos una ley tributaria para captación de recursos, tenemos royalty minero, entonces le decimos al presidente que recursos hay para la Salud Pública del país, esta crisis se viene arrastrando desde hace tiempo y es momento de hacerse responsables. Los trabajadores y las trabajadoras estamos comprometidos con la salud de la población, somos los cuidadores del Estado y como garantes de un derecho humano fundamental como es la Salud no podemos guardar silencio. Así como hubo énfasis para sacar una ley corta para salvar a las isapres en la empresa privada, le decimos al presidente que promueva una medida legislativa para fortalecer la Salud Pública de Chile, en donde se atiende el 85 % de la población”, puntualizó.

Finalmente, cabe agregar que el próximo lunes 7 de octubre está contemplada una reunión con la directora del hospital, Colmed y CONFEDEPRUS para insistir en obtener una expansión presupuestaria para el funcionamiento del hospital, además de poder incorporar al Presupuesto 2025 la deuda hospitalaria de este recinto y la construcción de un nuevo hospital.

 

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DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago, 30 de septiembre 2024

En relación con el anuncio de los principales ejes del Presupuesto 2025 hecho por el presidente de la República Gabriel Boric en la noche del pasado domingo, como CONFEDEPRUS expresamos nuestra inquietud respecto de lo insuficiente que resultan para las y los profesionales de nuestro sector y para la población en general, ya que si bien valoramos un aumento en el presupuesto para el sector, este aumento es insuficiente para satisfacer todas las necesidades históricas qué enfrentan día a día funcionarios y más del 80% de la población que se atiende en el sistema, echándose aún de menos otros anuncios que vengan a poner al día los compromisos de gobierno con los y las profesionales que trabajan en el sistema público de Salud.

Como gremio de la Salud Pública de Chile hemos llevado a cabo una incesante y permanente lucha por mejorar las condiciones de trabajo decente para los y las profesionales de nuestro sector, altamente feminizado y precarizado y con el cual el gobierno mantiene compromisos incumplidos, que son deudas pendientes que deben ser saldadas no tan sólo en lo que respecta a Carrera Funcionaria e incentivo al retiro permanente para los trabajadores y las trabajadoras, sino también para dar respuesta a una de las principales demandas de la población, como es el derecho a una Salud digna, oportuna y de calidad, lo cual depende en medida importante de las condiciones de trabajo de los y las profesionales que se desempeñan en el sector.

Por ello, como CONFEDEPRUS insistimos en nuestro llamado a la autoridad para que se dispongan los recursos necesarios en el Presupuesto 2025, considerando el fondo extra de 1.200 millones luego de la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario, que permitan abordar la situación de precarización laboral de las y los profesionales del sector, entendiendo esto como una inversión social para poder tener una población sana y productiva a partir de la atención que pueda brindársele. Hacemos extensivo este llamado también a los parlamentarios y las parlamentarias que deberán revisar el proyecto, para que tengan presente la necesidad social que poder contar con un sistema de Salud Pública que entregue garantías de atención a la población, partiendo por entregar condiciones de trabajo decente a quienes sustentan el sistema. La Salud Pública de Chile no puede seguir en lista de espera.

 

DIRECTORIO NACIONAL