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Categoría Columna de Opinión

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EDITORIAL: La legítima protesta social

Hoy se cumplen 5 años de las primeras protestas estudiantiles que dieron inicio al llamado “estallido social”, que desde octubre de 2019 y hasta marzo del 2020 movilizó masivas protestas sociales en nuestro país, con millones de chilenos y chilenas expresando en las calles de distintas ciudades un descontento largamente acumulado contra un escenario de abusos, corrupción, impunidad y desigualdades de un modelo económico y un sistema político que no han sido capaces de dar respuesta a demandas que siguen estando dentro de las principales preocupaciones de la población. Una explosión de rabia e indignación que, más allá del alza de 30 pesos en el pasaje del metro, tuvo raíces más profundas y casos previos como el de “La Polar”, la colusión de las farmacias y los pollos, el “Confortgate”, sumado a las desigualdades en el acceso a la salud y educación, el fracaso de las AFP, la mala distribución de los ingresos, la baja confianza en los partidos, la política y los empresarios por los casos de financiamiento ilegal de campañas parlamentarias. Junto con todo esto y como guinda de la torta, la actitud de algunas autoridades de la época que generaron escozor con declaraciones a través de las cuales dejaron ver su absoluta desconexión y falta de empatía con problemas reales y concretos de la población.

En pocas palabras, una crisis de legitimidad del sistema completo, con bajísimos niveles de aprobación a los partidos políticos y el Congreso, situación que fue reconocida por diversos sectores y personeros que incluso hicieron un mea culpa por no haber tenido la capacidad de advertir y atender las demandas de la gente. Relato que, sin embargo, más tarde cambiaría a la criminalización de la protesta social ante diversos hechos de saqueos, destrozos e incendios, como la quema de varias estaciones del Metro, cuya investigación -llevada a cabo por el fiscal Guerra siendo ministro del Interior Andrés Chadwick- hasta el día de hoy no entrega claridad sobre sus responsables.

Lo cierto es que, a 5 años de un estallido social que para un 58% de la población fue la legítima expresión de descontento social generalizado, según la Cadem, no hay mejoras. Es más, según esta misma encuesta, el 80% de las personas cree que las demandas sociales no han sido resueltas o que han empeorado. Así lo hemos visto en Salud, donde a raíz del caso del hospital Carlos Van Buren ha quedado en evidencia, una vez más, la precaria situación de la Salud Pública de Chile, desmantelada y precarizada sistemáticamente a partir de la vulneración de derechos laborales de sus profesionales en beneficio del negocio de la salud privada, con directo impacto en la calidad de atención del 80% de la población que recurre al sistema público, lo cual representa una abierta vulneración del Estado y de los distintos gobiernos a todo tipo de derechos fundamentales, tanto los laborales del equipo de trabajo como de la población a tener una atención digna, oportuna y de calidad.

Por ello y porque nada ha cambiado, las necesidades, expectativas y demandas de transformación social siguen teniendo legitimidad y vigencia en Chile. Así lo han reconocido incluso personeros del mundo político y empresarial de derecha, como Bernardo Matte Larraín, quien señaló recientemente que “sin reformas importantes van a venir otros remezones”, o el senador Francisco Chahuán, de RN que dijo que “muchas de las condiciones que generaron el estallido no han desaparecido”. Las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita superar el actual Estado Subsidiario, así como alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales básicos, como son el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, Vivienda digna, entre otros derechos fundamentales, siguen plenamente vigentes.

Como nada ha cambiado, CONFEDEPRUS reivindica tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, siendo imperativo hoy, continuar nuestra exigencia de avanzar hacia una sociedad democrática e inclusiva, basada en la justicia social y fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos a través de la organización de la ciudadanía y la movilización social, única forma de lograr avances sustantivos.

 

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EDITORIAL: Dejar morir hospitales es dejar morir personas

Durante las últimas semanas hemos sido testigos, a través de diversas notas de prensa difundidas en varios medios, de distintas situaciones hospitalarias que dan cuenta de una crisis financiera generalizada en nuestro país y que se arrastra desde hace varias décadas, producto de un sistema que fue desmantelado durante la dictadura militar y que hasta el día de hoy el Estado de Chile no ha sido capaz de recuperar en beneficio del negocio privado, con perjuicio a más del 80% de la población que se atiende en ella. Hace unos días veíamos el caso del hospital Van Buren, el cual se suma a otros como el Sótero del Río, el San Borja Arriarán, el San Juan de Dios, el de La Serena y el Padre Hurtado son los más estrechos financieramente según el informe oficial del primer semestre de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Una crisis financiera en la que 39 hospitales superan los $ 1.000 millones de deuda y que hace absolutamente insuficiente la inyección de $110 mil millones de pesos a la red pública anunciada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado.

Como gremio de la Salud Pública, no sólo hemos denunciado esta situación, sino que también hemos emplazado al gobierno por este déficit presupuestario del sector que se refleja en esta compleja situación por la que atraviesan hospitales públicos, consultorios y Cesfam, lo que hace urgente que Hacienda entregue mayores recursos para poder mantener el funcionamiento de los establecimientos y la atención de la población, haciéndose cargo en términos presupuestarios de resolver de manera estructural la asignación de los recursos a través de un Presupuesto 2025 que esté a la altura de las necesidades, entregando una inyección adicional para las listas de espera y así también incidir en una mayor seguridad del personal que atiende en los establecimientos de Salud, así como para que también los establecimientos puedan llegar a fin de año.

Por ello, hoy se necesita con urgencia legislar, poner recursos que se puedan redistribuir con la misma energía y prontitud que surgió para salvar al sistema privado de Salud a través de una, denominada, ley corta de ISAPRES, de manera de poder dar solución inmediata a los déficits en presupuestos del periodo 2024 de los hospitales y el pago de deudas declaradas, trasparentando la situación particular de cada una. En dicho contexto, se requiere una Reforma profunda del sistema de Salud público, con participación ciudadana en la toma de decisiones, con inversión que permita mejorar la gestión, más, la implementación del Trabajo Decente para las y los Trabajadores. No podemos salvar a las ISAPRES y dejar morir a los hospitales públicos, que es donde se atiende el 85% de la población y donde está el equipo de salud que puso todo su compromiso y esfuerzo para velar y cuidar el derecho a la vida y a la salud de los habitantes del país. Dejar morir hospitales es dejar morir personas.

 

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EDITORIAL: La importancia de cuidar a quienes cuidan

Hace unos días, parte del Directorio Nacional de CONFEDEPRUS, junto a dirigentes de Fedeprus Viña del Mar – Petorca, sostuvieron una conversación con la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, durante su visita al Hospital Gustavo Fricke, ocasión en la que se le insistió a la autoridad en la necesidad de resguardar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras respecto a la rotación del personal, salud mental, cuidados y permisos para quienes han sido afectados directamente o bien son la red de apoyo directa de quienes perdieron todo durante los incendios forestales que han arrasado con unas 24 mil hectáreas en diversas regiones del país, siendo la de Valparaíso una de las más afectadas con más de 10 mil hectáreas quemadas, unas 20 mil viviendas afectadas y al menos 131 personas fallecidas, según informes proporcionados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Dirección Regional de Senapred, declarándose alerta roja y Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

Una tragedia que una vez mas ataca nuestro país como en años anteriores en esta época, con incendios que se producen de manera simultánea en diversos focos y que hace recordar el modus operandi de los incendios de las estaciones del Metro durante la revuelta social, las que hasta el día de hoy no han tenido respuestas en relación a quiénes estuvieron detrás de estos hechos, los que al igual que los incendios forestales presentan una clara intencionalidad de acuerdo no tan solo al sentido común, sino a informes de bomberos, el gobernador de Valparaíso y el jefe de la defensa nacional, sin que hasta ahora se haya logrado dar con el paradero de estas personas, alimentando con ello una serie de especulaciones y teorías acerca de la autoría de estos hechos, así como también de sus motivaciones.

A raíz de lo anterior, y tal como en ocasiones anteriores, nuestro gremio ha organizado una campaña para ir en ayuda de las y los afectados por esta tragedia bajo el nombre de “Lucatón”, por lo que se ha solicitado la colaboración de todas las socias y socios y de quienes quieran ser parte de esta campaña para ir en ayuda de todos los damnificados de los incendios de la región de Valparaíso, quienes han perdido todo con esta catástrofe y que necesitan de manera urgente ayuda para salir adelante y reconstruir todo lo que el fuego ha destruido, especialmente luego de haberse suspendido la campaña “Chile, un solo corazón” luego del fallecimiento del expresidente Piñera en el sur de Chile producto de un desafortunado accidente en helicóptero, lo cual no quita que estas personas sigan requiriendo apoyo en estos momentos tan complejos, así como el equipo de Salud que debe atender las situaciones derivadas de este hecho.

Como CONFEDEPRUS, gremio de la Salud Pública, siempre hemos sostenido lo relevante que es cuidar a quienes cuidan a la población, a sus trabajadores y trabajadoras que deben enfrentar una serie de precariedades para cumplir con su labor de manera lo más óptima posible. Situación que ante esta emergencia se ve agudizada y que revela nuevamente las grandes carencias que subsisten en la Salud Pública para hacer frente a hechos como este.

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EDITORIAL: Una reforma que no transforma

El pasado miércoles, la Cámara de diputados y Diputadas despachó a segundo trámite la reforma de pensiones, aprobando en general la idea de legislar, pero dejando fuera, en la discusión particular, elementos esenciales de la propuesta, la que consideraba un sistema mixto de pensiones, introduciendo nuevas figuras y elementos. Entre las materias eliminadas del texto están la cotización adicional del 6% a cargo del empleador, el Fondo Integrado de Pensiones y el gestor público a cargo, así como el Inversor de Pensiones del Estado. Por otra parte, se aprobó la creación del seguro social previsional, el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), modificaciones al seguro de cesantía y el autopréstamo. De esta manera, la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno logró sortear el primer obstáculo en la Cámara, avanzando en su trámite hasta marzo, cuando sea visto en el Senado, luego del receso legislativo de febrero.

Sin embargo, la propuesta está lejos de ser una buena noticia para millones de personas que esperan un mejoramiento real de sus pensiones, toda vez que se insiste en mantener al mismo sistema empobrecedor como son las AFP, pero con otro nombre bajo la administración estatal de un inversor público, lo que mantiene la lógica fracasada de capitalización individual. Y no sólo mantenerlas, sino fortalecerlas con el bolsillo de todos los trabajadores y las trabajadoras mediante la propuesta de aumentar en un 0,5% sus cotizaciones, lo que significa aumentar también en casi $ 60.000 millones las ganancias anuales de las AFP. lo cual nos parece inaceptable y vejatorio. Por otro lado, la propuesta de cambiar el cobro de comisiones de las AFP exige saber si se descontará de los saldos de aquellos trabajadores y trabajadoras que estén desempleados.

Tampoco es cierto que los trabajadores y las trabajadoras tengan libertad de elegir, pues esa “libertad” se limita a elegir entre un gestor público o privado que administre bajo la lógica de la capitalización individual, lo que en nada cambia el sistema. La verdadera libertad de elección es poder optar entre permanecer en el actual sistema o cambiarse con el ahorro acumulado a una institución pública y solidaria que entregue mejores pensiones, como el IPS. Por otra parte, creemos que el gobierno debe cumplir con lo prometido en su programa respecto del incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, entregándose a las mujeres a partir de los 60 años.

Para nadie es un misterio que la actual administración, que ya se acerca a la primera mitad de su gobierno, ha debido enfrentar diversas dificultades políticas, escenario dentro del cual la reforma de pensiones y el ahora llamado Pacto Fiscal con el que se espera poder financiar esta y otras iniciativas se han convertido en objetivos centrales para el oficialismo en términos de legado, ante un panorama 2024-2025 marcado por diversas elecciones. De allí los permanentes llamados a llegar a acuerdos con una oposición que ya sea mediante poner condiciones o con pararse de la mesa cuando algo no le ha gustado, ha logrado poner al Ejecutivo en una posición de apertura ante la premura por lograr sacar adelante sus objetivos, poniendo en riesgo no tan sólo la consecución de los mismos en términos formales, sino también en sus contenidos, en su fondo.

Nuestro país necesita de manera urgente diversas reformas profundas en términos de seguridad social, respecto de temas como Salud, Educación, Vivienda y Pensiones, por lo que esta reforma junto con otras sigue siendo tareas pendientes desde hace mucho tiempo. No han sido suficientes ni las masivas marchas ni un estallido social para cambiar un sistema que rige desde 1981, basado en la capitalización individual controlada por privados, las AFP, que recaudan los fondos desde la cotización obligatoria de los trabajadores y las trabajadoras y que los administran para mantener el sistema financiero, obteniendo millonarias utilidades todos los años a costa de entregar bajísimas pensiones.

Por ello, esta lógica de empobrecimiento de muchos para beneficio de algunos debe cambiar, no es sostenible y ya ha quedado demostrado. Es necesario que los trabajadores y las trabajadoras nos mantengamos alertas y volvamos a las calles ante un escenario en el que se busca seguir con la capitalización individual para asegurar la ganancia del gran empresariado y no transforma el sistema en un verdadero sistema de seguridad social. Millones de chilenos y chilenas  no pueden seguir esperando porque viven  con pensiones de miseria que no les alcanza ni siquiera para sus gastos básicos.

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EDITORIAL: Salvavidas veraniego a las Isapres

Debido a la escasa regulación e insuficiente fiscalización existentes en relación con la fijación de precios en los planes de salud por parte de las isapres, en 2007 el tema comenzó a ser judicializado por parte de muchos de los usuarios y las usuarias del sistema privado para frenar, mediante recursos de protección, las permanentes alzas unilaterales sin informar a sus afiliados y afiliadas. Un problema que se fue incrementando y que se vio reflejado también en el aumento de acciones judiciales, las que subieron de 737 en el año antes señalado a 5.214 el 2018, según Ciper Chile, pero a pesar de lo cual a principios de 2019 varias isapres volvieron a anunciar alzas en sus planes de salud, la mayor en los últimos ocho años. La explicación dada entonces por la autoridad fue que dichas alzas se explicaban por diversos factores, entre los cuales estaba el propio incremento de esta judicialización ya que generaba costos para el sistema que se traspasaban a los usuarios y usuarias.

Ese mismo año 2019, los recursos de protección presentados contra las isapres y sus alzas unilaterales llegaron a más de 376 mil recursos presentados. Todo un record, a pesar de los fallos de la justicia en favor de los y las demandantes, a pesar de los cuales las isapres no modificaron los contratos para regular los precios, ocupando una tabla de factores para calcular el precio final que se cobra a las personas por sus planes de salud y que contenía elementos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, el aumento de licencias médicas relacionadas con la pandemia agravó la crisis del sistema, ante lo cual el Gobierno presentó una ley corta para que se pudiera cumplir el fallo sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, la que indica que quienes tengan un plan de salud que se financie con un monto inferior a 7% (un 27% de los afiliados a las aseguradoras privadas), podrán optar a mayores beneficios en sus planes.

El pasado martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste al sector público, destacando el adelanto de la entrada en vigencia del Índice de Costos de Salud (ICSA), incorporado por el gobierno para mitigar los efectos del fallo de la Corte Suprema a las isapres por sus cobros excesivos a los usuarios y usuarias del sistema privado de Salud, el cual  establece el porcentaje máximo en que pueden aumentar los planes de salud, adelantando su entrada en vigencia para abril de 2024. Un “salvataje”, como ha sido catalogado desde diversos sectores, entre ellos nuestro gremio, toda vez que nos parece muy cuestionable intentar salvar la situación generada por cobros excesivos permitiéndole a las isapres adelantar la subida de precios de los planes para pagar la deuda generada por cobros excesivos a esos mismos beneficiarios. Paradójico, por decir lo menos.

Como CONFEDEPRUS rechazamos esta medida para permitir que las isapres puedan aumentar de manera anticipada los precios a sus usuarios y usuarias a través del ingreso de esta indicación a la ley de reajuste de los trabajadores del sector público, pues nos parece una nueva forma de favorecer el negocio de la salud privada en Chile a través de un salvavidas veraniego para favorecer a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas. Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en la Constitución que se mantiene vigente luego del resultado del plebiscito del pasado domingo, en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas.

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EDITORIAL: Nada que celebrar

Finalmente y tras meses de trabajo, ayer domingo se desarrolló el plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara a favor o en contra de la propuesta constitucional marcada por un tinte ideológico neoliberal que asegura el modelo económico imperante. El resultado 56% para el “En contra” y 44% para la opción “A favor”. Un resultado que significa la mantención del texto actualmente vigente, la Constitución del ’80, con sus pilares sobre los que se sostiene el modelo económico actual a pesar de los retoques hechos, pero que no tocan las bases del sistema, como es la mantención de un Estado subsidiario en vez de uno democrático y social de derechos, así como también la lógica de mercado en materias de seguridad social como son salud, trabajo y pensiones, entre otras. Es decir, y luego de 4 años de iniciado este recorrido con el plebiscito en el cual el 80% de la ciudadanía demandó y mandató una nueva Constitución (sin la participación de partidos políticos), finalmente volvemos a fojas cero, al punto de partida, sin haber logrado avanzar, sino sólo manteniendo lo existente.

¿Es eso suficiente para considerarlo un triunfo? Ciertamente, la aprobación de la propuesta hubiese representado un retroceso brutal en diversas materias de derechos sociales, gracias a lo que hubiese sido la imposición ideológica de un sector sobre el resto. Una derrota no sólo política, sino cultural. En ese sentido, más que alegría la sensación que prevalece es la de alivio, porque si bien es cierto no ganamos nada, tampoco lo perdimos todo. Se logró mantener un piso mínimo, el actual, para lo que deberán ser nuestras luchas futuras. Porque más allá de que todos los actores y sectores políticos, comenzando con el gobierno, coincidan en señalar que no habrá un tercer proceso en lo inmediato, producto del desgate ciudadano y de la priorización de otras materias que se deben abordar, lo cierto es que no parece sostenible pretender la mantención indefinida de la Constitución actual, que permanece casi como una herencia maldita de una dictadura cuyas consecuencias no hemos podido superar como país.

Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas. Por ello, este resultado puede ser visto como el “triunfo del mal menor” sobre la amenaza que representaba la otra opción. Sin embargo, cabe preguntarse si esto es motivo de celebración. Si seguir siendo durante años, décadas, un país en el que las trasformaciones sociales se dan “en la medida de lo posible”, da para triunfalismos, casi acostumbrados y acostumbradas ya a que no perder más de lo ya perdido sea prácticamente sinónimo de victoria.

Como CONFEDEPRUS sabemos que el único camino es perseverar en aquellas luchas que finalmente puedan permitir que nuestro país, el país del 80% que se atiende en la Salud Pública, finalmente sea un país más justo, más solidario, menos individualista y egoísta, en donde aquellos y aquellas que tienen sus necesidades básicas cubiertas en términos económicos entiendan que esos son derechos universales para todos y todas, más allá de su capacidad de acceso monetario, y que garantizarlos es indispensable para un mejor país. La salud de toda la población es fundamental para el desarrollo y prosperidad de un país, quizá cuando esto se entienda podremos avanzar en equidad, en una sola salud para todos y todas y no sólo para algunos y algunas.

Mientras eso no suceda, no hay nada que celebrar.

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La Salud como derecho y patrimonio

Este fin de semana, los días sábado 27 y domingo 28 de mayo, se celebrará en nuestro país el Día de los Patrimonios, conocido anteriormente como el Día del Patrimonio y que tiene como objetivo ser una instancia de encuentro entre las distintas manifestaciones y bienes patrimoniales presentes a lo largo de todo el país. La presente edición, la 24, tiene como lema “Recuerdos para el futuro”, como una manera de poder compartir experiencias y vivencias que se conviertan en recuerdos, construyendo así memoria colectiva para las próximas generaciones. Un momento para transmitir no sólo lo tangible, sino también lo cultural y lo histórico.

Durante estos días, el hospital Carlos Van Buren, de Valparaíso, habilitará un recorrido por sus dependencias, en tanto el San Borja Arriarán hará lo propio a través de una visita guiada, organizada por el comité patrimonial de dicho hospital. Iniciativa particular que, junto con otras, podrían forma parte de las actividades oficiales llevadas a cabo en esta fecha, en la que también destacan otros hospitales declarados monumentos históricos, como el consultorio externo del hospital San Juan de Dios, el hospital San José o el edificio del hospital del Salvador, por nombrar algunos de la región Metropolitana. Pero la Salud Pública, más allá de sus edificios, tiene sus cimientos en sus trabajadores y trabajadoras, y así lo han demostrado a través de la historia. Son ellos y ellas quienes la han construido y la mantienen en pie hoy, a pesar de sus múltiples carencias, como quedó demostrado una vez más en la reciente inundación con aguas servidas de la cocina del hospital San José.

Un ejemplo más de una realidad mucho más amplia, ante la cual los equipos de trabajo de la Red Asistencial siempre han demostrado su compromiso con poder otorgar una atención digna, oportuna y de calidad a sus usuarios y usuarias, a pesar de todas las precariedades del sistema, lo que fue reconocido por millones de chilenos y chilenas que se dieron cuenta del tremendo esfuerzo que hacían los trabajadores y las trabajadoras de la Salud por salvar las vidas de la población durante los momentos más complejos y críticos de la pandemia, pero que no fue debidamente valorado por las autoridades de la época.

A través de un breve e incompleto recorrido histórico, podemos tener una idea aproximada de la importancia que ha tenido la Salud Pública en nuestro país, comenzando por citar algunos ejemplos puntuales como el hito de la creación, en 1552, del primer hospital en territorio nacional, o de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en 1842, el primer Código Sanitario de 1918, la distribución gratuita de leche a menores de 2 años en 1937, la promulgación en 1952 de la ley que establece el Sistema Nacional de Salud (SNS), organismo encargado de la protección de la salud para toda la población, o la creación de las Mutuales de Seguridad para la protección de trabajadores y trabajadoras contra riesgos y consecuencias de accidentes laborales, en 1958.

Paulatinamente, el Estado debió comenzar a intervenir en los problemas de salud pública existentes en nuestro país, en donde existían niveles de mortalidad mayores a los de otros países de la región, mediante una nueva visión de la Salud Pública que exigía la acción de un Estado benefactor, asistente de las necesidades sociales que demandaba nuestra realidad sanitaria, cambiando desde un régimen individual de Salud a uno colectivo. Una Salud Pública que, a pesar de todas sus carencias y dificultades, pudo llegar a un nivel de desarrollo en ámbitos como el de la fabricación de sueros y vacunas en institutos estatales, exportando a diversos países de Latinoamérica.

El golpe de Estado de 1973, del cual este año se cumplen 50 años, cambió radicalmente esa realidad. La llegada de la dictadura cívico-militar significó un retroceso importante para la Salud Pública, comenzando por el hecho de arrebatar la Salud como derecho fundamental junto con otros, en el marco de la violación masiva y sistemática de Derecho Humanos perpetrada contra la población. El rol del Estado cambió, suspendiéndose inversiones no sólo para la producción de vacunas, sino también otras actividades sufrieron importantes y continuos recortes. La llegada de las ISAPRES, en 1981, marcó el comienzo de una escalada de privatizaciones que fue desmantelando la Salud Pública, situación que hoy, más de 40 años después, no sólo mantiene a la Salud Pública precarizada, sino que producto de sus propios abusos tiene también a la industria de la salud privada en crisis. La codicia rompió el saco y el costo pretenden traspasarlo al Estado, el mismo que, sin embargo, no quieren que garantice derechos como la Salud a través de políticas públicas y entrega de recursos a la Red Asistencial.

Es dentro de este contexto histórico en donde se enmarcan nuestras luchas como CONFEDEPRUS, gremio representante de las y los profesionales de la Salud Pública en la MSP. En la recuperación y defensa de esos derechos y en su consagración como tales en una nueva Constitución, dentro de un Estado garante, entendido esto como un legado para el futuro, dentro de la lógica del Dia de los Patrimonios. Un legado de justicia y reivindicación para que el acceso a una Salud oportuna, digna y de calidad no dependa de la capacidad económica de las personas, sino que por el sólo hecho de serlo y de nacer en esta tierra tengan derecho a ella, junto con otros como Educación, Vivienda y Seguridad social, factores que también inciden de manera directa en el buen vivir, la calidad de vida y, en definitiva, la Salud mental y física de la población.

 

 

 

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Si Neo fuera mujer: la matrix, la opresión y el género.

Daniela Acevedo Corona

“Todas las mujeres, sea cual sea su posición, deberían exigir la igualdad política como medio
para alcanzar una vida más libre” (Clara Zetkin).

El género pareciera ser un espacio en disputa. Una especie de dimensión desconocida
para algunas elites de saberes ideologizados por beneficios de clase, o por las estructuras
sociales que invisibles cruzan las relaciones humanas como tejidos conectivos. El género es más
que la tela con la que rajan vestiduras aquellos que sienten la superioridad moral de juzgar a los
otros y otras por sus actos, pensamientos y potencias de devenires no advenidos. Entones surge
la pregunta, ¿si Neo hubiese sido mujer, se toma la pastilla azul o la roja? No me cabe duda,
toma la azul. Pero no por ignorancia o por temor, sino, porque probablemente estaría pensado
que sucedería con los hijos o hijas, quién cuidaría a la madre/padre enfermo, el control del
veterinario, las reuniones de apoderados, la lista del supermercado, el sueldo de fin de mes, el
pago de cuentas, el control en el Cesfam… es que ser mujer no da espacios para salir de la
Matrix… o quizás, signifique transformarse en una Trinity que desencantada sigue la rutina del
deber ser, de la imposición moral de ser el sostén de la sociedad del cansancio, si se leyera en
término de Byung-Chul Han; como si la meta fuera producir, reproducir, controlar y sobre
producir, en un panóptico estructural invisible que impone la base social de la Familia como
reflejo de las miradas de clase, que se transforman en discursos añejos pero vigentes. Y así, las
mujeres están doblemente oprimidas. Alexandra Kollantai, feminista rusa, señala al respecto “El
capitalismo ha cargado sobre los hombros de mujer trabajadora un peso que la aplasta; la ha
convertido en obrera, sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y de madre”.

Entonces, Nea (la versión femenina de Neo), decide tomar la píldora roja. Abre sus ojos
y delante de ella, transcurre su cotidiano. Se levanta a las 6:00, prepara infancias para ir al
colegio, entrega desayunos, les sube al furgón escolar mientras se despide de un marido que en
ese rato, se bañó y tomo un café tranquilamente. Nea va a su trabajo, con una jefatura que exige
que rinda sin pensar en nada. La llaman del colegio. Una infancia accidentada, necesita permiso,
pero no puede solicitarlo, porque los cuidados no es un tema “los problemas personales quedan
de la puerta para afuera”. Así, en la desesperación consigue una licencia médica por una
enfermedad que no tiene, mientras cuida a su hijo, cocina, limpia la casa, hace tareas con su
otra hija, atiende a un marido que inconsciente (o dormido en su condición de privilegio
ancestral) no entiende que es un adulto responsable que no necesita a una segunda madre o a
un esclava; manda correos electrónicos al trabajo, porque su jefatura no comprende lo que es
ser madre-trabajadora-dueña de casa- esposa- profesora- prevencionista de riesgos- enfermera-psicóloga-nutricionista y vidente. Doble opresión, triple opresión, multiplicidad de opresiones.

Rendir es lo importante, no hay espacio para nada más. Ser productiva es el ideal. Perfección en
todos los ámbitos de la vida. Depresión por no poder cumplir.

Con esta vida que transcurre sin respiros, la salud es un pilar en la vida de las personas.
La OMS, señala que el concepto de salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y por lo tanto, no es sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, siendo por ello, una
definición holística. Cuando se comprende que la salud, no es un opuesto a la enfermedad, si no
que un estado general y completo de las personas, nos permite ubicar las diferentes
dimensiones que intersectan la vida y las subjetividades, no se trata sólo de hablar de salud en
el continuo de la patología, implica un repensar los determinantes biológicos y sociales de la
salud, donde no se puede pensar a las personas como entidades productivas que no se afectan
por condiciones estructurales (socio-económicas-culturales y ambientales), por condiciones de
vida, educación y de trabajo, por sus redes sociales y comunitarias, sus familias, sus estilos de
vida y sus condiciones biológicas individuales.

Por ello, surge y urge en la mirada holística que prima sobre la salud, comenzar a
visibilizar lo invisibilizado, pues permite, medir el crecimiento económico total y los niveles de
vida, facilita el sustentar con evidencia empírica el debate sobre políticas públicas que permitan
poner en escena las condiciones de múltiple opresión que viven las personas, en especial las
mujeres y permite monitorear cambios en las relaciones de género y cómo eso influye en los
comportamientos en el ámbito del trabajo, llevando el debate de lo privado y lo público a un
continuo indisoluble, que visibiliza la economía de los hogares y permitiendo integrar las
valoraciones sobre las actividades de trabajo no remunerado (como aporte al bienestar social),
comprendiendo con ello la división sexual del mismo, entregando herramientas que permitan
poner en escena la distribución del tiempo y el trabajo, reduciendo brechas de género, que a su
vez, retornan el debate sobre lo verdaderamente importante, la relación entre el uso del tiempo
(productivo-laboral) y el tiempo libre (ocio), donde finalmente se gestaría el bienestar, y con ello
la quimera de la verdadera libertad.

Paulo Freire, en la Pedagogía del Oprimido, señala que “¿Quién mejor que los oprimidos
se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora?¿Quién
sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo
la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis
de su búsqueda; por el conocimiento y el reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Lucha
que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor…” (p. 40). Así, consciente
de lo que ocurre, esta versión de la película Matrix, no decide recurrir a un futuro distópico, sino
que empoderada, se transforma en todo lo que necesitó, consciente y despierta, no se reduce a
dos pastillas que la lógica binaria de Morfeo le ofrece, ahora, este Neo devenido mujer, se mueve
en las multiplicidades, en las infinitas condiciones de posibilidad, se mueve en la diversidad de
quien oprimida, conoce su camino. Porque, “lo personal es político” (Kate Millet).

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Cómo votar en la elección de convencionales

Leonardo Beltrán, Dirigente base Apruss San Borja

Este es un asunto que da cuenta una vez más de los alcances del reformismo pantanoso neoliberal, en este caso, mediante una menguada nueva Constitución, objetivo truncado o alcanzado en la medida de lo posible, bajo el supuesto, hecho por los cocineros, que el pueblo seguirá sometido a su mandato neoliberal, esta vez, sometido al llamado “acuerdo por la paz”, herencia indeseada de la dictadura de Pinochet y de la Constitución de Jaime Guzmán que aún nos rige.  Calculan que el pueblo no será capaz con, su lucha total, de alterar el mañoso acuerdo y superar los dos tercios (la pandemia permite neutralizar la lucha). Confían en que podrán engañarlo y someterlo. Que triunfará la desunión, la dispersión, la falta de información, falta de  comprensión y la falta de coraje. Piensan que al final sólo nos atreveremos a algunas escaramuzas testimoniales, pero finalmente confían en que cederemos ante la represión y el discurso cínico de la no violencia.  Constatan que son pocos los que observan a cabalidad y advierten los peligros y, además, dicen que no conducen a nadie.

¿Estarán correctos sus cálculos o más bien serán sólo deseos?

Hasta ahora sigue vigente el sistema de elecciones de convencionales, el mismo que se usa para la elección de los parlamentarios, el mismo con el que la derecha, y qué decir de los neoliberales, que son la derecha y algo más, obtiene el 44 % de los escaños, con poco más de un 30 % de los votos.

Son los mismos 28 distritos, definidos cuando se modificó el sistema electoral en 2015. Listas abiertas: eso quiere decir que se vota por un individuo, y se utiliza la misma cifra repartidora D’Hondt, que es una fórmula matemática para la asignación de escaños.  Lo que hace este modelo es sumar los votos por cada lista y compararlos. Obviamente el primer escaño va a la lista que obtiene más votos, y después se comienza a repartir proporcionalmente al resto de las listas.

Así mismo siguen vigente los dos tercios, la intocabilidad de los tratados internacionales (quieren asegurar el TPP), el absurdo plebiscito de salida (debería plebiscitarse aquellos asuntos en virtual empate, pero por voto popular)  y la orden de que la Convención no puede ser soberana, es decir no puede ser una Asamblea Constituyente, pues al momento de establecer la forma de funcionamiento no puede modificar estas reglas impuestas por los mismos sectores políticos repudiados, que firmaron el acuerdo y que han administrado el sistema neoliberal por más de cuarenta años en perjuicio de las mayorías, es decir, la DC, el PR, el PPD, el PS, el culebrero PRO y los partidos de la Unión por Chile. Por suerte no están en este acuerdo el Partido Comunista, una buena parte del FA, de los humanistas, de los regionalistas verdes, algunos militantes de la ex Concertación  y una gran mayoría del 80 % del pueblo que votó por la Convención y el Apruebo.

A todas estas adversidades se suma ahora la aparición de muchas listas diferentes de candidatos a Convencionales, lo que dispersará y no concentrará los votos, como hubiera sido mejor. Habría permitido llegar más cerca de los dos tercios. Sin embargo los neoliberales, calculando la inconveniencia de la unidad y de la convergencia, realizaron acciones tendientes a la dispersión, a mantener privilegios para cupos, a amañar la composición de los candidatos, así como a dar ínfima importancia a los contenidos de la nueva Constitución, a las propuestas, escondiendo así ladinamente su mediocridad y la realización de acuerdos secretos entre neoliberales de la derecha y de la mal llamada oposición. Tal como lo hicieron para el NO, para la promesa de la alegría que nunca llegó. Hay que reconocer, eso sí, que algunos entre los proletarios  han levantado un engañoso y falaz discurso de independencia, anti político, y no anti neoliberal como debería ser. Incluso algunos superponen intereses corporativos individuales o de grupos y organizaciones (votar sólo por dirigentes sindicales, por ejemplo) o afanes de figurar, así como oportunismo histórico. Es nuestro talón de Aquiles. Debemos luchar firmemente contra estas tendencias pantanosas.

¿Quiénes colocaron estas reglas anti soberanas, antidemocráticas, si la Convención aún no se desarrolla? Los Heraldos Muñoz (PPD), Los Mario Desbordes (RN), los Carlos Maldonado (PR), los Álvaro Elizalde (PS), los Fuad Chain (DC), las Jaqueline van Ryselbergue (UDI), los Felipe Kast (Evópoli), y sus séquitos clientelares.

Ante esta adversa realidad y tan vil desprecio de los cocineros de la capacidad y disposición de lucha de quienes realmente quieren una nueva Constitución, que defina un sistema político y económico al servicio de las mayorías, un Estado popular, solidario y no subsidiario, no queda otra respuesta que la lucha en todos los frentes, Parlamento, instituciones actuales, organismos políticos y sociales y en la calle, preparando la defensa necesaria frente a la reacción de estos explotadores. Rodear la Convención para desde dentro y fuera de ella alcanzar una verdadera nueva Constitución y superar los afanes cocineros y elitistas de aquellos que firmaron el mal llamado “acuerdo por la paz”.

Deberíamos votar por aquellos candidatos que expliciten la mejor y más completa propuesta anti neoliberal, no importando si está hecha por un partido político, una organización social o un individuo o personalidad. La disyuntiva planteada, emocional y como resultado de la manipulación de conciencias, de votar o por políticos o por independientes, es parte de la tramposa postura neoliberal, una decisión irracional, una postura precisamente  inducida por los mentores del neoliberalismo y por incautos para evitar que el pueblo y los proletarios se organicen en partidos políticos, organizaciones indispensables, ya que ninguna organización sectorial alcanza suficientemente una mirada integral de la universalidad de la problemática de una sociedad ya que es difícil asumir dicha integralidad en su qué hacer específico. Lo que sí debe procurarse es distinguir entre aquellos partidos políticos que asumen las necesidades populares y aquellos que defienden los privilegios de una casta minúscula, los que firmaron el acuerdo por la paz y los que no. Es cierto que no es mágica la consecución de la conciencia de las totales necesidades, la que al final de cuentas  es principal pre condición para la libertad. Por eso es necesario asegurar un debate realmente participativo en toda la línea de decisión para mejorar el conocimiento y la comprensión de la realidad y de las propuestas transformadoras más adecuadas.

Para los FENPRUSIANOS y chilenas y chilenos en general es necesario exigir a cada postulante a convencional o postulante a algún cargo político una propuesta clara y completa y es un deber, de quien quiere ser libre, el conocer y buscar mediante el debate la comprensión de dicho saber. Para ello se puede invitar a militantes de partidos políticos, sin exclusiones,  a prontos ZOOM para entregar una visión integral y no sólo sectorial de la nueva constitución. Luego podemos decidir en libertad.

En el poco tiempo que resta deberíamos abocarnos a estos encuentros y  debates.

Las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan el pensamiento de nuestra confederación.

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Postnatal de emergencia

Lina Córdova Mangili

Desde que se decretó la pandemia por Covid 19 en Chile y el mundo, sin duda que la forma de nuestra vida ha cambiado en todos los sentidos. Nos afecta a todas/os, pero sin duda que no nos afecta por igual. En este sentido, según datos de la OMS, las mujeres están más expuestas a contraer el virus, en su mayoría las que trabajan en los hospitales, debiendo enfrentar una mayor pérdida en el empleo y altos niveles de exposición a la violencia, siendo junto a las/os niñas/os los grupos más excluidos de políticas públicas para su protección. Según datos del Minsal, al 1° de noviembre había 57.375 casos de Coronavirus confirmados en menores de 18 años de ellas/os, de los cuales 1.739 han sido hospitalizados en todo el país, 58 de ellos con ventilación mecánica. Además, el reporte da cuenta de 48 menores fallecidos. El informe, además, detalla 4.113 casos en menores de un año, de los cuales 2.482 tenían menos de seis meses. De estos últimos, 423 se infectaron siendo recién nacidos, antes de cumplir 28 días.

En resumen, sabemos que las/os niñas/os, además de poder transmitir el virus, también se enferman y pueden desarrollar cuadros graves ante el Covid 19, los que incluyen síndrome inflamatorio multisistémico y la muerte.

A principios de la pandemia, los centros de Cuidado infantil fueron cerrados por la autoridad. Sin embargo, en la actualidad el Minsal considera que es posible la reapertura de éstos en etapa 2 del plan “Paso a paso”. Situación compleja si pensamos que las/os niñas/os no son capaces de cumplir con protocolos impuestos de Covid, ya que sus juegos para el desarrollo cognitivo y social no conocen de distancia física o lavado de manos y desinfección, a lo que se suma la necesidad de ser consoladas/os por un adulto cuando se presenta algún contratiempo.

Las mujeres en Chile han levantado sus demandas y se han articulado para tejer una red de protección en torno a ellas y sus hijes. Como Confedeprus, que representamos a las/os profesionales de la Salud -la mayoría mujeres-, hemos sido parte de esta red aportando en cada lucha, incluyendo el Postnatal de emergencia, lo que dio sus frutos con la aprobación de la ley 21.247 tras una lenta tramitación que no estuvo exenta de polémica, y que como gremio junto a la presión de varias organizaciones sociales pudimos hacer que se promulgase a finales de Julio del año 2020, a pesar de la poca voluntad del gobierno. Esta ley contenía la regulación de una licencia médica preventiva parental de 30 días renovable por dos veces, con tope de 90 días y la suspensión del contrato de trabajo, a la cual sólo pueden acceder trabajadoras/es del sector privad0.

Todo lo anterior resulta absolutamente insuficiente ante el escenario de pandemia que seguimos viviendo, situación que a pesar del inicio de la vacunación no cambiará al corto plazo, según los expertos y el propio ministro Paris. Es por esto que nuestro gremio, articulado con la Vicepresidencia de la CUT, la Coordinadora del Postnatal de Emergencia, el Colegio de Matronas y Matrones de Chile y otras organizaciones sociales, hemos solicitado la extensión de este beneficio hasta el final del Estado de Excepción. Sin embargo, nuevamente el gobierno entrega una propuesta que arriesga las vidas de les niñes, con el objetivo de reactivar la economía, la que consiste en que las madres y adultos a cargo del cuidado deben volver a trabajar a cambio de un bono de $200.000, quedando sus hijes bajo la supervisión en sus casas de personas ajenas, lo que significa sin duda un riesgo para su salud y sus vidas.

Ante esto, Confedeprus considera absolutamente cruel que en la actualidad las madres deban elegir entre la salud de sus hijes y mantener sus ingresos. Creemos que el bien superior de las/os niñas/os debe primar siempre y hacemos un llamado para seguir trabajando en la necesaria extensión del postnatal hasta el término del Estado de Excepción.

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Incendio del Hospital Clínico San Borja Arriarán: Crimen premeditado contra el sistema público de Salud

Leonardo Beltrán, director base Apruss San Borja

NO existe otra forma precisa de calificar el crimen cometido con el incendio del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Absolutamente coherente con el prontuario acumulado, en su gestión de la pandemia, por este gobierno amante del lucro y del mercado neoliberal, de criterio anti popular. Algo similar se puede juzgar de varios gobiernos anteriores de la ex “Concertación de partidos por la democracia”. Así lo testimonian las declaraciones y reflexiones de muchos de los que trabajamos en dicho recinto durante toda una vida y que hemos sido testigos y protagonistas de la lucha por defender la salud pública y nuestros propios establecimientos.

Después de reflexiones e intercambios de los 5 dirigentes de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Salud (APRUS) del Hospital San Borja Arriarán, se planteó en general que al menos debiésemos exigir que en primer lugar se comprometa y publique por parte de las autoridades la decisión irrevocable de reparar el establecimiento, así como la seguridad de que todos los y las funcionarios/as  seguirán siéndolo hasta que se repare el Hospital sin lesionar sus derechos, y que se realicen las investigaciones y sumarios pertinentes y se asuman las responsabilidades de tan negligente y criminal  comportamiento respecto de la mantención y seguridad de pacientes y funcionarios.

El presidente de la APRUS, manifestó lo siguiente:

 “Voy a ser bien claro. Esta dirección con su equipo directivo la ha sacado barata. Si hubiese habido solo una muerte de un paciente o funcionario la demanda civil por cuasi delito habría sido lo menos complejo demandado en contra de ellos. Digo esto porque el hecho del incendio es sólo por falta de precaución y mantención adecuada del establecimiento.

Nos han hecho trabajar en condiciones inadecuadas e inseguras durante mucho tiempo, durante toda la pandemia. Una enfermedad mortal y con gran probabilidad de secuelas. Un ejemplo ha sido, en esta pandemia, el no ocuparse de brindar un ambiente adecuado de trabajo por la falta de renovación del aire, que recircula por todas las dependencias del CDT. Esto fue minimizado por el equipo directivo y abrieron todas las dependencias del CDT e incorporaron más gente de las que ellos anunciaron que iban a contener. Esa es la mirada sin preocupación de otorgar las condiciones de un trabajo seguro y eso a pesar de denunciarlo, finalmente permitimos que sucediera.

Denunciamos que no existiera una escalera externa de evacuación y sabemos que si el incendio hubiese tomado el 5° piso, se mueren todos los pacientes y los funcionarios. Sabíamos que los generadores no respondían al momento de los cortes de energía generando la consecuente afección a las unidades de paciente crítico por los Ventiladores Mecánicos y sus equipos de apoyo.

Lo que no podemos permitir es que los funcionarios vuelvan a trabajar si las condiciones de seguridad no están resueltas. Esto implica a  lo menos:

1.- El mea culpa y asumir las responsabilidades por parte de la dirección y su equipo directivo, por la desatención de un trabajo seguro.

2.- Informe oficial de bomberos.

3.-Cautelar  las funciones  de todos los funcionarios que refuerzan y reforzarán en otros establecimientos.

4.- Exigir un plan de mejoras no solo de lo que provoco el siniestro, sino de todos los elementos de mantención y aseguramiento de las instalaciones e infraestructura, que no se han realizado  y que hemos denunciado por años.

Si el HCSBA debe trasladarse a otro edificio (p.e. el H. Metropolitano) por 1, 3, 6 meses o un año, debe hacerse hasta que resuelvan todas las condiciones de infraestructura para un Hospital Seguro y eso debe ser  parte de un informe del Ingeniero de prevención y  del Comité Paritario. Los gremios Debemos unir fuerzas e y exigir a los directivos.

Fuerza y a mantener la unidad, porque nuestros funcionarios dependen ahora más que nunca de la lucha unitaria”.

Nos preguntamos, ¿cuántos otros establecimientos están en la misma espera de una catástrofe anunciada?

Los planes de desmantelar el sistema público de salud, siguen siendo intentados por los neoliberales. Su objetivo final es transformar los hospitales en empresas, les llaman “autónomas del Estado”, para minimizar en la percepción de los chilenos la catastrófica pérdida que eso les significará, a la gran mayoría, que sufre de la exagerada brecha o desigualdad entre ricos y pobres, que es consecuencia de la mercantilización y privatización de todo el que hacer, incluido el de la salud. Resultado de un Estado Subsidiario.

La consecución de una nueva Constitución para Chile debe desechar el Estado Subsidiario por un Estado popular de derechos y solidario. El camino que haremos para lograrlo será más largo de lo esperado, si es que no actuamos como dueños de nuestras riquezas, de nuestro futuro y de las reglas económicas y políticas que nos rijan. Ya no es tiempo de pedir, ni de engaños, es tiempo de obligar a esta casta criminal a entregar el poder. De obligar la realización de una verdadera Asamblea Constituyente, con Unidad, Organización de la lucha y con la Razón y la Fuerza.

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Negligencia criminal y ocultamiento de información

Mauricio Vera
Director Secretaria Salud Pública CONFEDEPRUS

 

El resultado final del informe llevado a cabo por la Comisión Investigadora COVID-19 de la Cámara de Diputados/as sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, vino a confirmar luego de meses y 25 sesiones de trabajo algo que como gremio de la Salud habíamos señalado  respecto, precisamente, de la gestión de las autoridades ante este grave problema de Salud y la responsabilidad política que tuvieron, desde un comienzo, el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, tanto en la adopción tardía e insuficiente de medidas sanitarias como en la entrega de información poco clara y contradictoria, comunicando a la ciudadanía una cifra de fallecidos/as menor a la realidad. Es decir, mintiendo.

El propio Piñera aseguraba que desde enero de este año ya había existido una preparación para enfrentar la llegada del COVID-19 a nuestro país, casi un mes antes de que fuera declarado una emergencia internacional de salud pública por la OMS. “Chile se adelantó al mundo”, señaló en marzo al ser entrevistado por Chilevisión, asegurando que se había efectuado la compra de ventiladores mecánicos para enfrentar la llegada de esta pandemia; sin embargo, y según consigna el medio Interferencia.cl, en los registros de las compras públicas realizadas por las subsecretarías de Salud Pública, Redes Asistenciales y la Cenabast, sólo se observa una adquisición durante enero, efectuada por el Instituto Nacional del Tórax.

La tardanza en la toma de decisiones y en la adopción de medidas efectivas que impidieran la propagación de la pandemia fue algo que marcó la gestión sanitaria de la autoridad política desde un comienzo, orientada por una visión economicista antes que sanitaria. Fue el propio ministro Mañalich quien dijo en aquella oportunidad que la estrategia de las autoridades no era evitar los contagios, sino que éstos se produjeran de manera lenta. Es decir, que la gente se enfermara de a poco en vez de actuar de manera inmediata y decidida, como responsables de resguardar la salud y la vida de la población. Una declaración que dejó en evidencia que el criterio para enfrentar la pandemia poco tenía que ver con aspectos sanitarios, sino más bien con intereses económicos, dejando en segundo plano cualquier otro tipo de consideración ética respecto de la vida -y la muerte- de miles de chilenas y chilenos. Gracias a este criterio -o más bien, descriterio- Chile llegó a situarse en el “top ten” de los países con mayor número de contagios por millón de habitantes y de la misma manera en el número de fallecidos por millón de habitantes.

¿Cuántas veces dijimos, como gremio de profesionales de la Salud y en conjunto con otros actores sociales, que se debían aplicar acciones de Trazabilidad, Testeo y Aislamiento (TTA), así como implementar cuarentenas totales de manera urgente? Pero chocamos una y otra vez contra la arrogante sordera de quienes, desde sus esferas de poder alejadas de la realidad, pretenden paradojalmente saber más que las y los profesionales de la Salud que trabajamos diariamente y en contacto directo con esa realidad. Finalmente, y llegando tarde una vez más, el gobierno comenzó la aplicación de cuarentenas parciales y luego más generales ante los niveles de contagio alcanzados gracias a sus ineficientes medidas iniciales, como fue el adoptar una estrategia de “inmunidad de rebaño”. Todo esto, en medio de una estrategia comunicacional que sólo transmitía confusión, contradicciones y escasa credibilidad en la entrega de datos por parte de autoridades igualmente poco creíbles.

Este es, precisamente, el otro punto que menciona el informe y que también cuestionamos en más de alguna ocasión como CONFEDEPRUS, referente al manejo y entrega de las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19, las que fueron puestas en tela de juicio por su escasa claridad respecto de sus metodologías de medición y los criterios aplicados en ello. Dudas que tras la denuncia de la ex epidemióloga del Minsal, Andrea Albagli, sobre la solicitud que le habría hecho el gabinete de Mañalich para manipular datos de COVID-19, transforman las suspicacias y sospechas en certezas cada vez más verosímiles, y que se vienen a sumar a los sistemáticas esfuerzos de parte del actual ministro de Salud, Enrique Paris, por entorpecer la investigación de Fiscalía sobre las muertes por COVID-19, negando o dilatando la entrega de los correos solicitados por el Ministerio Público con argumentos bastante curiosos, por decir lo menos, y sobre los que hay que detenerse, aludiendo a que cierta información “compromete la seguridad nacional” y solicitando ahora 42 días más de plazo para su entrega. ¿Qué o a quién están tratando de ocultar? ¿Por qué están tratado de ganar tiempo? ¿Qué información relacionada con el manejo de los datos de la pandemia es tan grave como para que pueda afectar la seguridad nacional en caso de hacerse pública?

En definitiva, las conclusiones de esta comisión investigadora vienen a respaldar de manera clara y contundente todos los antecedentes que hemos puesto a su disposición acerca de lo que como gremio de la Salud conocemos desde nuestra experiencia cotidiana, junto con los diversas organizaciones del mundo sindical y social, respecto de que los criterios implementados por la autoridad sanitaria tanto para el control de la pandemia como para el registro de fallecidos/as COVID se sustentaron, primero, en una visión economicista que permitió el avance de los contagios, para posteriormente manejar la información a través de la entrega de cifras de víctimas fatales menores a las reales, alterando la percepción de la ciudadanía en torno a la mortalidad de la pandemia en el país, al mismo tiempo que aumentaba el número de casos y fallecidos/as como consecuencia de no adoptar las medidas preventivas correspondientes para interrumpir efectivamente la cadena de contagios.

La escasa transparencia y el ocultamiento de información, que parecieran ser a estas alturas casi una política institucional de la actual administración, ha quedado en evidencia no sólo por la no entrega de mails a la Justicia, sino también por una capacidad de respuesta paupérrima ante, por ejemplo, los 13 oficios enviados por la Comisión Investigadora del Congreso al Minsal por su gestión en la pandemia, de los cuales respondió apenas 3. Una actitud que como gremio de la Salud, representante de las y los profesionales de la Salud en la Mesa del Sector Público, conocemos de cerca, ante la nula capacidad de respuesta demostrada ante las varias solicitudes que hemos hecho desde el sector, sobre el cumplimiento de compromisos suscritos en torno al resguardo de derechos laborales de las y los profesionales de la Salud, lo cual nos mantiene movilizados y en estado de alerta junto a diversas fuerzas sociales y sindicales más.

Con la salud de las personas no se juega, no podemos permitir que muera un habitante más de esta hermosa tierra, no podemos permitir que el bien económico esté por sobre la vida de un ser humano, necesitamos una constitución que garantice la vida y defienda férreamente el bien común por sobre el bien particular. El problema de las naciones como Chile no es la pobreza, si no la acumulación excesiva de la riqueza, la usura, avaricia y explotación indiscriminada de los recursos naturales con un sistema político que sólo defiende esos intereses aferrándose al poder y para ello pisotea al 99% de sus ciudadanos. No más impunidad, castigo para los responsables de la muerte de miles de chilenos.

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