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• Presidenta de CONFEDEPRUS se refirió a la grave situación por la que está pasando el sistema asistencial, emplazando a las autoridades a asumir su responsabilidad política.

Hace unos meses, en mayo pasado, el hospital San José -ubicado en la comuna de Independencia- vivió una jornada de movilización por parte de sus trabajadores y trabajadoras que se extendió durante varios días. Falta de insumos básicos para la atención, como camas, personal y materiales para poder desarrollar sus labores, en un hospital que fue creado para unas 400 mil personas y que hoy debe absorber sobre el millón, llegando a tener que hospitalizar personas en el suelo o sillas plásticas, son parte de un colapso que fue abordado entonces por el Minsal con la instalación de un hospital de campaña. “Soluciones” de parche que se replican en otros casos y que no logran dar solución a los problemas de fondo, que tienen que ver con recortes presupuestarios que desmantelan la Salud Pública en beneficio del negocio de la privada y cuyas consecuencias las pagan los miles de usuarios y usuarias del sistema, quienes muchas veces deben esperar 10 horas y más por atención, o meses y hasta años, llegando a la escandalosa cifra de 26 mil personas muertas en listas de espera sólo durante el año pasado.

La deuda hospitalaria estimada del San José es de unos 14 mil millones de pesos, situación que se repite en muchos otros recintos de salud pública, impactando finalmente a la ciudadanía. “Esta situación de crisis financiera sigue aumentando, con todo lo que ello conlleva en cuanto al desabastecimiento de insumos, atención y vulneración de derechos. Lo hemos visto en hospitales también de la Quinta región, o en Temuco, en donde incluso se han debido suspender intervenciones quirúrgicas programadas con meses de anticipación, con resultados de muerte.
De hecho y según datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la deuda hospitalaria de 2018 fue un 9 % mayor a la del 2017, año en que alcanzó unos 260 mil millones de pesos. Esto es muy grave, una bola de nieve que no para de crecer y detrás hay responsabilidades políticas de las que la autoridad no se hace cargo”, señala Consuelo Villaseñor, presidenta de CONFEDEPRUS. “Como organización sindical de profesionales de la Salud Pública lo hemos planteado varias veces en distintas instancias, la necesidad urgente de inyectar recursos al sistema en vez de recortarlos, porque eso en definitiva representa abandonar las necesidades vitales de las personas que se atienden. Si no se destinan recursos, no se puede comprar insumos, mucho menos pagar esta tremenda deuda, lo cual genera que los proveedores dejarán de venderle al sistema público, agudizándose aún más esta situación”, agrega la dirigenta.

Por su parte Mauricio Vera, encargado de la Secretaría de Salud Pública de nuestra confederación, expresa que “Fonasa no paga todas las prestaciones a precio real, muchas las paga al 60 % del valor, con lo que se crea la paradoja de que mientras más atenciones realice el hospital, más endeudamiento genera. Las políticas públicas gubernamentales están llevando año a año al colapso del Sistema Público de Salud, entregándose cada vez menos recursos a los servicios de salud y más al sector privado. En este sentido, podemos ver que la disminución de camas en el sector público es evidente, mientras en el privado crecen de manera exponencial, provocando menos cupos para hospitalización, con el consiguiente traslado al sector privado a costos elevadísimos, por sobre el 300 %”.

“El fortalecimiento del sector privado a costa del público es ideológico”

Esta realidad de falta de stock y también alimentos para los y las pacientes ya está generando una crisis sanitaria importante, alertando a diversos gremios de la Salud que han hecho ver sus inquietudes, recibiendo respuestas insuficientes de parte del Minsal, quienes le bajan el perfil a la gravedad de la situación desconociendo esta crisis. “Se han hecho llamados a la comunidad a mantener la calma, aduciendo que no se ha comprometido la seguridad y la continuidad a los usuarios, como señaló recientemente la Seremi de Valparaíso. Dicen que los servicios de salud realizan monitoreos diarios de la situación, entonces llama la atención que si eso es así no vean lo que está pasando”, agrega Villaseñor. “Como CONFEDEPRUS creemos que detrás de este desabastecimiento y abandono de la Salud Pública, que en definitiva no es otra cosa que el abandono de la ciudadanía y la vulneración flagrante de sus derechos, hay elementos ideológicos de fortalecimiento del negocio privado de la Salud mediante su privatización, así como pasa también en otras áreas relacionadas con los derechos de las personas. Prueba de ello es la Reforma a la Salud que está tratando de implementar el actual gobierno, y que en el fondo representa debilitar el sistema público, desmantelarlo, asfixiarlo, para poder beneficiar a las isapres ante la pérdida de afiliados y afiliadas debido a sus alzas unilaterales de precios en sus planes de Salud y a costa de Fonasa, que es donde se atiende la gran mayoría de chilenos y chilenas. Precarización de la Salud Pública que, además, incide directamente en los diversos episodios de agresiones que han debido enfrentar trabajadores y trabajadoras del sistema por parte de usuarios y usuarias que no reciben la atención que debiesen recibir, generando como consecuencia además situaciones de ausentismo laboral ante esta realidad que es agobiante y estresante”.

Finalmente, y ante los recientes anuncios del Presidente Sebastián Piñera respecto a la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias mediante la modalidad de alianzas público-privadas, la presidenta de CONFEDEPRUS señaló que “siempre hemos estado en contra de estas concesiones, pues generan un mayor gasto al Estado, reduciendo el presupuesto en Salud destinado a insumos y recursos humanos. No sólo se trata de contar con infraestructuras nuevas si no están los recursos para financiar una atención digna, oportuna y de calidad a los miles de usuarios y usuarias del sistema”, puntualizó Villaseñor.

• “La designación de Valentín Díaz es otra demostración de parte de este gobierno de que los conflictos de intereses no les crea conflictos éticos”, señaló Consuelo Villaseñor, presidenta de la organización sindical de la Salud Pública.

Hace unos días fue nombrado como director de la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) el ingeniero de ejecución en abastecimiento Valentín Díaz, quien prestó servicios en la Armada durante 35 años. Díaz había desempeñado el mismo cargo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en una gestión que estuvo marcada por diversos episodios polémicos, debiendo enfrentar acusaciones de corrupción, cohecho y malos tratos laborales. En 2014, y junto con el fin del gobierno de Piñera, dejó el sistema público para incursionar en el privado, transformándose en empresario farmacéutico mediante la creación de la empresa Chileventa, dedicada a la comercialización de fármacos y dispositivos médicos. Empresa que, un año después de constituida, se adjudicó dos licitaciones públicas para venderle insumos a la misma Cenabast de la cual había sido director.

Posteriormente, en 2015 Chileventa se asoció con la farmacéutica mexicana PISA, de la que llegó a ser su gerente general, gracias a lo cual el gigante farmacéutico pudo ingresar al mercado chileno como PISA Farmacéutica Chile Spa. Desde ese momento y hasta ahora, Pisa Farmacéutica Chile vendió más de $2.700 millones al Estado tras adjudicarse 146 licitaciones, siendo Cenabast su principal comprador. Esto, a pesar de que en 47 de ellas la farmacéutica no ofreció el precio más conveniente para una entidad cuyo objetivo es mejorar la capacidad de negociación estatal para conseguir precios más bajos.

“Nos parece que, ante todos los antecedentes disponibles, el nombramiento de Valentín Díaz nuevamente como director de Cenabast es otra demostración de parte de este gobierno de que los conflictos de intereses no les crea conflictos éticos”, señaló al respecto Consuelo Villaseñor, presidenta de CONFEDEPRUS. “Así ya lo ha demostrado antes con el nombramiento del renunciado Luis Castillo como Subsecretario de Redes Asistenciales o de Dobra Lusic como candidata a la presidencia de la Corte Suprema, a pesar de todos los episodios existentes que pusieron en duda sobre probidad e idoneidad para sus respectivos cargos. En un esquema con estándares distintos respecto de probidad e integridad, un ex director no debería poder ofrecerle servicios a Cenabast. Este caso, así como varios más, pone en evidencia los vacíos en la regulación de los conflictos de interés y la ausencia de restricciones para el eventual uso de información privilegiada en beneficio propio, así como tampoco se entiende que el sistema de Alta Dirección Pública no haya actuado de manera de evitar esta situación”, puntualizó Villaseñor.

• Presidenta de Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, se refirió a millonario gasto efectuado por el Minsal en software que no está usando.

Hace unos días, “El Mercurio” dio a conocer una investigación sumaria realizada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, dependiente del MINSAL, por la licitación a 3 años de una ficha clínica electrónica que no se está utilizando, y que ha significado un gasto de $4,8 millones de dólares en un convenio que está pronto a expirar. En el informe de Contraloría, la Subsecretaría de Redes Asistenciales asegura que el proyecto fue recibido por la administración actual «sin que se haya podido concretar su utilización en atención a la falta de antecedentes sobre el mismo». Con este dinero, equivalente a unos $3.300 millones de pesos, la cartera de Salud pudo haber comprado, por ejemplo, 155.429 consultas de especialidad médica o 3.918 intervenciones quirúrgicas en el mismo periodo de tiempo.

Lo anterior, dentro de un contexto de desmantelamiento del sistema público de Salud, con una reforma a las isapres que busca revertir la fuga de afiliados del sistema privado a Fonasa a raíz, principalmente, de las alzas unilaterales en los planes de las aseguradoras, así como también los recortes presupuestarios y contención de gastos instruidas en hospitales. Todas, medidas que precarizan la calidad de la atención de los y las usuarias y vulneran sus derechos a la Salud, al no poderse contar con los insumos médicos necesarios ni personal para atender la alta demanda.

Al respecto Consuelo Villaseñor, presidenta de CONFEDEPRUS, señaló que “esta situación resulta lamentable, y se viene a sumar a otras que apuntan en una misma dirección, como es desmantelar la Salud Pública a través de diversas maneras, fundamentalmente mediante la reforma a las isapres. Haber gastado casi 5 mil millones de dólares en un insumo que resulta imprescindible para poder dar continuidad a la atención de los y las usuarias del Sistema Público de Salud y no haberlo usado, es un despilfarro negligente de recursos, el que sumado a los recortes presupuestarios están matando la Salud Pública y, con ello, a miles de personas que no pueden recibir la atención que necesitan debido a esta precarización de las condiciones que se requieren para poder otorgar una atención adecuada. Tenemos entendido que actualmente hay un sumario administrativo en curso, esperamos que permita esclarecer detalles de este episodio y tomar las medidas que corresponda», finalizó Villaseñor.

• Vicepresidenta de CONFEDEPRUS expresó su inquietud ante el actual escenario por el que atraviesa el debate y votación de la propuesta de reforma a las Isapres, presentada por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Preocupación es lo que existe en diversas organizaciones sociales y sindicales ante el avance de la agenda privatizadora implementada por el actual gobierno, y que viene a profundizar el proceso de desmantelamiento de derechos sociales como la Salud Pública, entre otros, a través de la reforma que busca implementar el Ejecutivo mediante su aprobación en la Comisión de Salud del Senado. Esto, luego que el Minsal lograra un acuerdo con los congresistas para retirar la reforma anterior del ex ministro, Emilio Santelices, presentando las indicaciones necesarias para cambiar el texto y reponiendo, de esta forma, el proyecto de 2011 del actual titular de la cartera, Jaime Mañalich, para debatirlo y someterlo a votación. “El Presidente nos ha pedido acelerar la reforma a las Isapres y por eso hemos tomado la decisión de volver al proyecto original. Queremos despachar a la brevedad un texto con el que todos estemos satisfechos”, expresó el ministro Mañalich al explicar a la Comisión las prioridades que tendrá su gestión, admitiendo que lo central está en la tramitación de la ley que reforma las Isapres, la que en base a los objetivos del Minsal debiera estar aprobada de manera previa al próximo reajuste de precios de los planes base de las aseguradoras privadas, en marzo de 2020.

En este marco Margarita Araya, vicepresidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, señala que “claramente la decisión política del nombramiento del ministro Mañalich tras la salida de Santelices tiene un carácter estratégico, en el sentido de ‘apurar el tranco’ con la aprobación de esta reforma, lo cual fue reconocido por el propio ministro. Hay un afán de parte de este gobierno por avanzar rápido en este proceso de privatización de la Salud, lo cual implica un costo tremendo para el sistema público y la vulneración de los derechos sociales de millones de personas. Para nosotros y nosotras como CONFEDEPRUS, por ejemplo, es una mala señal que el ex presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, haya expresado su acuerdo y conformidad con esta propuesta, señalando que ‘es la forma en la se debe ir avanzando’, así como también nos preocupan las declaraciones del presidente de la comisión, el senador Quinteros, quien ve con buenos ojos esta modificación”.

Araya agregó que “según la encuesta Casen del 2017, la afiliación a Fonasa es del 80% de la población, disminuyendo el porcentaje de afiliados o afiliadas a Isapres, entonces creemos que detrás de esta reforma existen intereses económicos más poderosos que la voluntad de querer respetar y garantizar derechos sociales de quienes se atienden en el sistema público. Incluso el Centro de Estudios Públicos (CEP) criticó recientemente esta reforma presentada por el ministro Mañalich, en puntos como los contenidos y la forma de fijar los precios del Plan de Salud Universal, que no son del todo claros y en donde se podrían estar pasando a llevar derechos en vez de resguardarlos, además de que ciertos planes de Salud sólo podrían obtenerse adquiriéndolos en Isapres, al no encontrarlos en Fonasa, entre otros puntos. Esta no es una reforma integral a la Salud, sino otro paso más para desmantelar la Salud Pública en favor del negocio de la privada, a costa de Fonasa y de los 14 millones de personas afiliadas, especialmente los de menos recursos y los adultos mayores”, finalizó la vicepresidenta de CONFEDEPRUS.

• “Las autoridades deben asumir su responsabilidad política y social como servidores públicos, para que podamos dar mejores soluciones a los y las usuarias de la Salud Pública”, sostuvo Sandra Olivares, Secretaria General de Fedeprus Metropolitana.

Servicios de Urgencias colapsados por recortes en la entrega de recursos y sin poder dar atención a miles de personas, muchas de las cuales han fallecido en la espera. Demasiadas: casi 10 mil sólo durante el primer semestre del 2018. Esa es la crisis humanitaria que se está viviendo hoy acá, en Chile, a lo largo de distintos recintos hospitalarios del país, gracias al sistemático desmantelamiento del que ha sido objeto la Salud Pública en beneficio del negocio de la privada. Realidad que durante estos meses de seco y frío invierno se ha visto agravada ante el incremento de enfermedades respiratorias, con el consiguiente aumento de personas que concurren a distintos centros asistenciales para obtener atención y solución a sus dolencias.  

Uno de tantos ejemplos que ponen de manifiesto esta crisis en las Urgencias Pediátricas y de Adultos de los hospitales públicos es que producto de estos recortes presupuestarios y la falta de recursos e insumos para la atención se hayan tenido que hospitalizar, en un solo día, a más de un centenar de personas en los pasillos de distintos servicios de la Región Metropolitana ante la falta de camas (Hospital San Juan de Dios, Félix Bulnes y Sótero del Río, entre otros). Una situación de clara vulneración de los derechos de los pacientes -en su mayoría niños y niñas con Virus Respiratorio Sincicial (VRS) del sector Poniente de la capital- a poder tener una atención digna, oportuna y de calidad, y ante la cual no ha habido una actitud ni preventiva ni reactiva por parte de la autoridad.

“El Ministerio de Salud ha hecho la ‘vista gorda’ ante esta crisis, no ha tomado las medidas correspondientes”, señala al respecto Sandra Olivares, Secretaria General de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus) de la Región Metropolitana. “Como organización sindical de la Salud Pública vemos con extrema preocupación esta crisis y la inoperancia del Ministerio, que sin duda podría haber previsto esta situación. Se sabe que todos los inviernos los cuadros de enfermedades respiratorias se incrementan y que eso aumentará la ya alta demanda asistencial que enfrentan día a día los servicios de urgencias de los hospitales públicos. Entonces, no prever eso nos demuestra una vez más que están más con la cabeza en otra cosa, en seguir privatizando la Salud a través de apurar los procesos para que les aprueben la reforma en vez de preocuparse de la salud de las personas. Esto va en la misma línea de los dichos de Castillo y en general del abandono de la Salud Pública y de las miles de personas que se atienden en ella”, agrega.

“Como profesionales de la Salud hemos venido exponiendo durante mucho tiempo esta situación, y ahora ante la gravedad de la misma nos vemos en la obligación ética y moral de emplazar a las autoridades para que estén a la altura de la situación y tomen las decisiones que sean necesarias para descongestionar los recintos asistenciales, de manera que la población, en especial niños, niñas y adultos mayores, que son la población más vulnerable, puedan recibir la atención digna, oportuna y de calidad que necesitan. Hacemos un llamado a las autoridades a que reconozcan la gravedad de la situación y declaren “Alerta Sanitaria” en la zona más crítica, de manera de poder liberar recursos para la contratación de más personal, financiar el traslado de estos pacientes a recintos privados de salud vía Ley de Urgencias y comprar camas para hospitalizar”, detalla Olivares.

“Detrás de esta situación de crisis de la Salud Pública hay una responsabilidad política, por ello solicitamos a las autoridades que atiendan el problema. Quitar recursos a la Salud Pública es quitar el derecho social de las personas a la Salud, por ello hacemos el llamado a la autoridad sanitaria para que asuma además su responsabilidad social como servidor público y decrete Alerta Sanitaria, para permitirnos a los y las trabajadoras del sistema de Salud Pública dar mayores y mejores soluciones a las personas que se atenderán en estos dos meses que quedan de invierno”, finaliza la dirigente.

• Presidenta de Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, rechazó las palabras de la renunciada autoridad de Redes Asistenciales, quien argumentó que las demoras para atención en la Salud Pública se debían, en parte, a que algunas personas usaban los consultorios como espacio de “reunión social”.

En el marco de su reciente visita a la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén, el renunciado subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo emitió polémicos conceptos al ser entrevistado por una radio local, al afirmar que las demoras en la atención de usuarios y usuarias -y que han significado la muerte de casi diez mil personas durante el primer semestre de 2018, un incremento del 54% con respecto al mismo periodo 2017- se debían, en parte, a que algunas personas usaban los consultorios como espacio de “reunión social”.  

Al respecto, la presidenta de CONFEDEPRUS, Consuelo Villaseñor, expresó su rechazo a dichas expresiones, señalando que “este comentario que hizo el ex subsecretario fue la guinda de la torta de una serie de actuaciones y omisiones que deberían haberlo tenido fuera del servicio público hace mucho rato, porque no era una persona idónea para estar en el cargo. No olvidemos, por ejemplo, que él fue sumariado por el Minsal durante el primer gobierno de Piñera, por su responsabilidad en el retraso de la construcción de 13 hospitales, siendo finalmente  sobreseído de toda sanción gracias a que el informe concluyó en enero de 2018, cuando ya estaba fuera del cargo, gracias a que un artículo del Estatuto Administrativo establece que no se pueden achacar responsabilidades a un funcionario público luego que este deje sus funciones. Sin embargo, en la investigación e informe quedó acreditado que Castillo infringió diversos principios, entre ellos el de probidad, eficiencia y eficacia en su responsabilidad como autoridad a cargo de la Subsecretaría. Entonces, ¿cómo se entiende que después haya vuelto a ser nombrado por este segundo gobierno de Piñera, a pesar de esos antecedentes? Es una vergüenza, tanto en lo técnico como en lo político”, señaló.  

“Y no sólo eso” -agregó Villaseñor- “sino además su vinculación con el caso de cohecho y malversación de fondos en el Hospital de Rancagua, así como también por haber ocultado durante más de 20 años la autopsia del asesinado ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Todos estos antecedes hacían impresentable su designación, pero al gobierno estas consideraciones éticas o morales claramente parecen no importarles, así quedó demostrado al desestimarlas y avalar la permanencia del ex subsecretario en el puesto. Para los gremios de la Salud Pública no era una persona idónea para el cargo, faltaba a sus compromisos, y los dichos que motivaron su renuncia demuestran una nula conexión con la realidad y necesidades de la mayoría que se atiende en el sistema público. Son un síntoma más de lo enferma y abandonada que tienen a la Salud Pública y a los miles de usuarios y usuarias que se atienden en ella”.

Finalmente, y en relación con la llegada del ingeniero comercial Arturo Zúñiga al cargo,  Villaseñor indicó sus aprensiones. “Que un ingeniero comercial que se desempeña como gerente general de una clínica privada, perteneciente a una universidad privada, (Los Andes), se haga cargo de esta Subsecretaria me parece horrible, pero es una señal más de la lógica mercantilista con la que este gobierno aborda el tema de la Salud Pública. No creo que piense demasiado distinto del Subsecretario saliente, quizás tendrá más cuidado para decir algunas cosas, pero en el fondo es más de lo mismo”, puntualizó.

• Dirigentas, dirigentes, socios y socias de nuestras 5 federaciones expresaron su apoyo a la defensa de la Salud Pública en los distintos territorios del país.

Durante la jornada de ayer jueves 4 de julio, más de 2 mil personas marcharon por el centro de Santiago y en otros puntos del país, esto en el marco de la Movilización Nacional por el Derecho a la Salud convocada por la Asociación Nacional de Consejos de Salud (Ancosalud), que reúne a los usuarios y usuarias de los servicios de salud. En la jornada se sumaron diversas organizaciones sociales y sindicales de la Salud Pública, entre ellas CONFEDEPRUS y las cinco bases que la componen (Metropolitana, Ñuble, Viña del Mar-Petorca, Valparaíso-San Antonio y Aconcagua), las que desplegaron acciones en sus respectivos territorios para explicar a las comunidades el impacto negativo de la reforma impulsada por el gobierno en la Salud Pública y, finalmente, en los usuarios y usuarias del sistema.

En Santiago, se convocó a una concentración, en la Plaza de la Constitución, para entregar una carta al presidente de la república, carta en la que las distintas organizaciones visibilizan esta crisis, y que se traduce en largas listas de espera, infraestructura de centros de salud, recortes presupuestarios, déficit de insumos (faltan unas 2 mil camas para dar atención), entre otros perjuicios al sistema, además de expresar también el rechazo a la mencionada reforma, la cual se estaría financiando con un traspaso de recursos públicos desde Fonasa cercano a los 70 mil millones de pesos. Luego se inició una marcha pasado el mediodía, que se desplazó hasta el Ministerio de Salud, en donde se hizo entrega de la misma misiva.

“No vamos a permitir que se siga desmantelando la Salud Pública de Chile, que a través de la reforma se sigan entregando recursos públicos a las Isapres, ni tampoco vamos a seguir permitiendo que a partir de esta escasez de recursos que se entrega a los hospitales se nos responsabilice a los y las trabajadoras de la Salud Pública de Chile de las negligencias del sistema”, señaló la vicepresidenta de CONFEDEPRUS, Margarita Araya. “Queremos sistema público que entregue mejor atención a los y las usuarias de la Salud Pública, que es un derecho social que debemos recuperar, defendiéndolo ante el desmantelamiento del que está siendo objeto por parte de decisiones políticas que recortan presupuestos y traspasan recursos públicos al sector del negocio privado. Como organización sindical y actor social decimos fuerte y claro No a la Reforma de Salud impulsada por el actual gobierno”, agregó.

Por su parte la presidenta de CONFEDEPRUS, Consuelo Villaseñor, indicó que “como trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública nos plegamos a esta convocatoria hecha durante el VI Congreso de usuarios y usuarias realizado en Valparaíso y del cual participamos, y que busca dar mejores condiciones de atención. Con muy pocos recursos la salud Pública debe atender al 80 % de la población, por lo cual desde nuestra política de alianzas reforzada en nuestra última Asamblea Extraordinaria seguiremos trabajando junto a todos los actores políticos, sindicales y sociales en defensa de nuestra Salud Pública”, finalizó.

• Lina Córdova, encargada de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, hizo un llamado a respetar la ley y la opinión de los tribunales superiores de Justicia que han condenado en reiteradas oportunidades el actuar deplorable e ilegal de Carabineros.

En el marco del Paro Docente que ya lleva más de un mes de duración sin obtener respuesta por parte del gobierno, ayer martes la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, sostuvo una reunión con diversas organizaciones sociales para coordinar alianzas de trabajo conjunto y solidarizar con las demandas de los y las profesoras del país. En la instancia estuvieron en representación de nuestra confederación su presidenta, Consuelo Villaseñor, y la encargada de la Secretaría de la Mujer y Equidad, Lina Córdova, quien se refirió al caso de la profesora de Copiapó Paulina Cuadra Varela, detenida junto a una colega el pasado miércoles 19 de junio en el marco de una manifestación pacífica en el exterior del casino Antay en la Región de Atacama, ocasión en la cual fue víctima de un trato abusivo y vejatorio al ser obligada a desnudarse, recibiendo un trato agresivo e intimidante.

“Como CONFEDEPRUS rechazamos categóricamente este tipo de situaciones, que se dan dentro de un contexto de legitima movilización social en defensa y recuperación de derechos que deben ser garantizados desde el sector público por el Estado. Nos preocupa este actuar de Carabineros, considerando que estamos en un escenario de movilizaciones sociales para hacer frente al avance privatizador del modelo, por lo cual no podemos aceptar que estas cosas se repitan. Es inaceptable que Carabineros haya hecho costumbre hacer desnudarse a las mujeres al detenerlas, vulnerando sus derechos y dignidad, aun cuando en varias ocasiones la Corte Suprema haya confirmado sentencias de recursos de amparo interpuestas. Basta con mirar lo ocurrido también en abril con la sentencia a las estudiantes de Valparaíso, que también fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas. Es absolutamente inaceptable”, agregó.  

“Estos no son casos aislados, como se suele decir de parte de la institución cada vez que se ve enfrentada a situaciones que la ponen en tela de juicio. Esto es parte de un adoctrinamiento, de instructivos para la represión social y que criminalizan a la ciudadanía como el ‘enemigo’. Hay diversa y numerosa evidencia grabada del actuar desatado de Carabineros, lo que es inaceptable al igual que el respaldo político del Ministerio del Interior que avala este tipo de situaciones”, finalizó Córdova.