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En mayo de este año, la Dipres, la Subsecretaría de Evaluación Social y Hacienda comenzaron el proceso de evaluación de la oferta programática de los servicios públicos para definir el gasto y las políticas públicas de cara al Presupuesto 2025, trabajo que deberá continuar durante el presente mes para establecer parámetros que permitan determinar los recursos disponibles previo a su envío al Congreso y votación en noviembre, promulgándose en diciembre la Ley de Presupuestos para el próximo año. Proceso en el que las autoridades han señalado ajustes que permitan que los principales ganadores sean las personas.

El gobierno dice que lo que se pretende es garantizar una  respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de las personas, que la inversión que se realiza desde el Estado tiene que apuntar al bienestar de la ciudadanía, pero para ello, entre otras cosas, es fundamental inyectar recursos al precarizado y desmantelado sistema público de Salud, partiendo por mejorar las condiciones de trabajo decente de los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema y cuidan la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas, a través de un presupuesto que esté a la altura de las demandas y necesidades del equipo de trabajo y de la población, que no solamente está preocupada según la última encuesta CEP del tema de la seguridad, sino también de sus derechos sociales como Salud y pensiones, temas que no han sido resueltos y que siguen ocupando los primeros lugares en la preocupación de las personas, lo cual contrasta fuertemente con el nivel de cumplimientos que ha habido de parte del gobierno con nuestro sector”.

Los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública de Chile llevamos años en lista de espera para tener mejores condiciones de trabajo, que permitan atender de buena manera a la población. Por esto, esperamos poder disponer de los recursos necesarios para ello, más aun considerando que existen compromisos incumplidos de parte del gobierno con nuestro sector, priorizando otros temas y postergando una vez más las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública, lo que significa desatender las necesidades del 80% de la población. Por ello, hacemos un llamado a los legisladores y las legisladoras a tomar en cuenta estos elementos en la discusión presupuestaria para el próximo año.

El lunes de la semana pasada, como CONFEDEPRUS comenzamos una campaña de entrega de información destinada a crear conciencia en la población respecto de la importancia que tiene para mejorar la Salud Pública -donde se atiende el 80 % del país- la calidad del empleo de los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan atendiendo en ella, cuidando la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas. Lo anterior, en relación con el cumplimiento de demandas históricas y reivindicaciones postergadas hacia quienes se desempeñan en el sistema público, como es otorgar garantías de trabajo decente consistentes en Carrera Funcionaria, incentivo al retiro permanente, cuidados infantiles y ambientes libres de violencia, pero que sin embargo permanecen en una eterna lista de espera sin que se atiendan sus necesidades objetivas que les permitan atender a la población otorgando una salud digna, oportuna y de calidad.

Los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública, que son quienes sostienen el sistema, cumplen un rol social fundamental al cuidar la salud y la vida de la población. Así quedó más que demostrado durante la pasada pandemia, durante la que debieron enfrentar una situación de alta complejidad ante una demanda que dejó en evidencia las precariedades de un sistema sistemáticamente desmantelado en beneficio de la salud privada, debiendo cumplir jornadas agobiantes, postergando la vida personal y familiar y poniendo en riesgo la salud y vida propias, incluso con casos de fallecimientos dentro del equipo de trabajo. Fueron aplaudidos, reconocidos y felicitados por las autoridades y la población. Sin embargo, no son cuidados por un estado subsidiario, que no garantiza derechos humanos fundamentales como el trabajo decente o la salud de la población, entre varios más, sin considerar que quienes sostienen el andamiaje de nuestra sociedad cuidando la salud y la vida de las personas para que trabajen, estudien y sean un aporte al crecimiento económico y el desarrollo del país, son los trabajadores y las trabajadoras de la Salud.

Sin embargo y a pesar de lo relevante de su labor, el sector Salud presenta el segundo peor nivel de cumplimiento de compromisos presidenciales detrás de Cultura, según un estudio de Ciudadanía Inteligente. Una realidad que contrasta violentamente con la reciente encuesta CEP, que señala que es precisamente la Salud la segunda preocupación de los chilenos y chilenas, detrás del tema de la seguridad, que desde hace meses tiene tomada la agenda, a pesar de lo cual las demandas sociales de la población siguen vigentes y en espera de soluciones. Por ello, los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública deben volver a estar en la agenda del gobierno y avanzar hacia garantías de trabajo decente para todos y todas, pues es corresponsabilidad del Estado el cuidado de quienes cuidan la Salud de la población. Con trabajo decente para el equipo de Salud, una mejor Salud Pública para Chile es posible.

En septiembre de 2022, la ciudadanía rechazó la primera propuesta constitucional argumentando, entre otras cosas, que nuestro país no podía contar con dos sistemas de justicia, referido esto a los pueblos originarios y la consagración de diversos derechos, como el reconocimiento constitucional de su existencia, la participación en el sistema político, las autonomías territoriales, la recuperación de tierras y la creación de sistemas de justicia para abordar particularidades propias de su cultura. Todas estas iniciativas, contempladas en la propuesta elaborada luego del estallido social junto con otras, dentro de un Estado garante de derechos humanos fundamentales como la salud, educación, vivienda, pensiones, etc.

Sin embargo, lo cierto es que en nuestro país hay distintas justicias para los ciudadanos y las ciudadanas, como lo hemos podido apreciar en diversas ocasiones. Existen criterios distintos, por ejemplo, para la aplicación de justicia en contra de personas con poder y dinero y aquellas más desposeídas, así como también justicia para civiles y FF.AA. y distintos parámetros también para distintos sectores políticos. La vara no es la misma y así ha quedado demostrado en numerosas oportunidades, siendo la más reciente la del caso Macaya por abuso sexual contra menores de edad, caso que ha dejado en evidencia una vez más los privilegios que siempre favorecen a estos sectores. Inequidades, desequilibrios e impunidades, en definitiva, que dañan la convivencia nacional y el bienestar de nuestra sociedad, entendida como un organismo vivo cuya salud depende de las relaciones entre sus partes.

Sin duda que el fenómeno de la corrupción y la desigualdad ante la ley y la justicia corroe las sociedades y las democracias, más aún cuando llega a los niveles en los que se debería hacer justicia para castigar de manera firme estos casos, no haciéndolo sino que, muy por el contrario, negando su existencia, dando paso a la impunidad y a la reproducción del fenómeno, en un círculo vicioso sin fin en donde no sólo se daña la fe pública y la confianza en las instituciones, sino que también la disposición de las personas a acatar la ley. Porque cuando la corrupción en estos ámbitos no es atacada por una justicia también corrupta que la ampara, ¿qué queda entonces para la ciudadanía cuando las instituciones no funcionan? Por ello, como CONFEDEPRUS siempre hemos sostenido que la salud no sólo se trata de sanar enfermedades, sino también -y fundamentalmente- de prevenirlas en cuanto a sus determinantes sociales que las generan, siendo la corrupción un factor relevante que impacta en el bienestar social, el cual en Chile se ve amenazado y seriamente dañado por estas situaciones y donde la salud mental de la población se resiente.

En esta línea, repudiamos enérgicamente todos aquellos actos reñidos con la probidad y la ética, como ciudadanos necesitamos que las instituciones del Estado tengan mayores y mejores herramientas de control para prevenir estos hechos y de ocurrir sean sancionados con penas que realmente castiguen a aquellos que dañan la fe pública, la democracia y a las instituciones, porque una sociedad tan desigual como la nuestra es una sociedad enferma.