- Presidenta de CONFEDEPRUS señaló que ha existido poca claridad en torno al proceso para obtener una vacuna en Chile, del cual se excluyó a las instituciones públicas especialistas en el tema.
Diversos especialistas y expertos han señalado que la única forma para lograr detener la pandemia de COVID-19, que ya lleva cerca de 800 mil víctimas fatales en el mundo y unas 15 mil en Chile, es encontrar una vacuna que sea capaz de hacerlo. Por ello, la carrera por desarrollarla no da tregua, siendo la rusa -llamada “Sputnik V”- la primera en ser inscrita. Pero también hay otras cuatro en fase avanzada, como la de la empresa china Sinovac Biotech, “CoronaVax”. Será precisamente esa la que se aplicará durante las próximas semanas a 3 mil voluntarios/as de nuestro país, los/las que gracias a un convenio entre la empresa asiática y la Universidad Católica de Chile serán parte de los ensayos clínicos de fase 3 en el mundo, destinados a probar la efectividad de la vacuna. Lo anterior, según lo anunciado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve en julio pasado.
Al respecto la presidenta de CONFEDEPRUS, Consuelo Villaseñor, expuso sus reparos en base a un reportaje publicado en el portal de noticias “La voz de los que sobran”, que señala la existencia de diversos conflictos de interés en la definición de este acuerdo, y que darían cuenta de un negocio privado con financiamiento público. “Si bien como gremio de la Salud Pública valoramos que pueda existir una vacuna que pueda dar solución efectiva a esta pandemia, nos preocupa la existencia de antecedentes que evidenciarían diversos conflictos de intereses y poca trasparencia durante este proceso, del cual se excluyó a las instituciones públicas especialistas en vacunación, como son el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) y el Instituto de Salud Pública (ISP), en beneficio de inversionistas privados. Nos llama la atención el hecho de no haber considerado a estos actores (dependientes de la principal autoridad sanitaria del país, como es el Ministerio de Salud) en la discusión de un tema tan relevante como es la Estrategia Nacional para la disponibilidad de la Vacuna COVID-19, sobre todo considerando que la decisión final del uso de una vacuna depende, precisamente, del Ministerio de Salud”.
“Excluir al CAVEI, al PNI y al ISP de este proceso y de la información inherente al mismo los deja al margen del acceso a datos relacionados con eventuales conflictos de intereses, materia en la que el CAVEI maneja estándares muy estrictos, por lo cual ha recibido buenas evaluaciones de parte de organismos internacionales. Esto nos hace ruido al conocer antecedentes respecto del proceso que determinó apoyar el ensayo clínico de la Universidad Católica y SINOVAC, entre los cuales aparecen diversos conflictos de intereses que involucran a casi todos los miembros del Comité de Asesores Científicos para la vacuna COVID-19 que realizará el ensayo clínico.
El tema de fondo para la presidenta de CONFEDEPRUS tiene que ver con la lógica de mercado imperante y su respuesta ante la pandemia. “Nuestro país tuvo durante más de 100 años una planta productora de vacunas y sueros inmunológicos del ISP, que las exportaba debido a su prestigio internacional, pero con la implantación violenta del sistema neoliberal en Dictadura y luego con su profundización y administración durante los gobiernos de la Concertación se dejaron de destinar recursos para esta planta, de manera de dejarla morir, lo cual ocurrió el 2002 con el argumento de que era ineficiente”, señala Villaseñor, agregando que “nuestro país podría haber tenido una respuesta muy distinta ante la llegada del COVID-19 si el Estado hubiese optado por recuperar la Planta de Producción de Vacunas del ISP en vez de destinar fondos para iniciar este proyecto privado, una muestra más del desmantelamiento sistemático que ha sufrido nuestra Salud Pública en beneficio de negocios particulares. Por eso, debemos seguir en nuestras luchas por superar el Estado Subsidiario creado en Dictadura, que profundizó las políticas neoliberales durante los gobiernos de la Concertación, para que la Salud sea un derecho consagrado en la nueva Constitución, junto con otros que las mayorías que hacen Chile demandan y anhelan poder lograr con el triunfo del Apruebo y de la Convención Constitucional el próximo 25 de octubre”, finalizó la presidenta de CONFEDEPRUS.
