EDITORIAL: La salud mental de Chile necesita atención y no despidos
El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema “La Salud Mental es un Derecho Humano Universal”, destacando la importancia de reconocer este derecho para todas las personas y sin ningún tipo de discriminaciones, lo cual resulta relevante dentro de un contexto en el cual nuestro país aparece posicionado como el segundo país del mundo en el que más se deterioró la salud mental durante la pandemia, especialmente en las mujeres según el Termómetro de la Salud mental 2023.
Este antecedente se suma a lo señalado por diversos especialistas, quienes advierten un escenario de pandemia de enfermedades de salud mental por trabajo en Chile, lo que se refleja en las licencias médicas por patologías de origen laboral, las que han doblado su frecuencia el último año. En efecto, los permisos emitidos en 2022 por trastornos mentales y del comportamiento alcanzaron los 2,7 millones, 300 mil más que en 2021. Así también, y según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en los últimos cuatro años el número de licencias médicas emitidas en Chile se duplicó, superando los 10 millones, de las cuales cerca de 2,8 millones correspondieron a trastornos mentales y del comportamiento.
No por nada, un 66% de chilenos y chilenas creen que el mayor problema de salud del país está en el ámbito mental, según un estudio de Ipsos Chile titulado “Monitor Global de Salud 2023”, superando ampliamente el promedio mundial (44%) y ocupando la segunda posición del listado, liderado por Suecia (67%). Es decir, dos de cada tres personas lo instalan como uno de los principales problemas de salud en Chile, por encima de otros. Con esto, la población está dando señales y alertas sobre la calidad de la salud mental como un problema grave en el país y que da cuenta que estamos en presencia de una crisis de la salud mental, ante lo cual se requiere una intervención directa desde las autoridades de Salud, aumentando la inversión y el presupuesto destinado al sistema público. Esto, de acuerdo también a las recomendaciones que hace un par de años la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo a nuestro país respecto de aumentar progresivamente la inversión hasta triplicar el presupuesto que se tenía a la fecha, el cual si bien es cierto ha ido aumentando, no lo ha hecho con el ritmo suficiente.
Sin embargo, y a pesar de todo este cuadro general y al hecho de que hace unos días la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que no hay profesionales suficientes para atender los problemas de salud mental en Chile, reconociendo que existe una gran brecha de recursos humanos, el gobierno insiste en mantener su decisión en relación al despido masivo de profesionales de la Salud Pública, lo cual no se condice con esta intención manifestada por el Ejecutivo para enfrentar lo que calificó como una «prioridad», a través de un proyecto de ley que tiene como ejes instalar un trabajo intersectorial en la salud mental, para lo cual es indispensable siempre el recurso humano, la permanencia del personal y no el desmantelamiento del sistema.
Por ello, como CONFEDEPRUS insistimos en nuestra demandas y exigencias en relación con la mantención del personal despedido y emplazamos al gobierno a actuar con responsabilidad y coherencia con la salud de la población, sin debilitar ni vulnerar su garantía de atención a través de estas reducciones de trabajadores y trabajadoras del sistema público.
