EDITORIAL: Una sociedad desigual es una sociedad enferma
En septiembre de 2022, la ciudadanía rechazó la primera propuesta constitucional argumentando, entre otras cosas, que nuestro país no podía contar con dos sistemas de justicia, referido esto a los pueblos originarios y la consagración de diversos derechos, como el reconocimiento constitucional de su existencia, la participación en el sistema político, las autonomías territoriales, la recuperación de tierras y la creación de sistemas de justicia para abordar particularidades propias de su cultura. Todas estas iniciativas, contempladas en la propuesta elaborada luego del estallido social junto con otras, dentro de un Estado garante de derechos humanos fundamentales como la salud, educación, vivienda, pensiones, etc.
Sin embargo, lo cierto es que en nuestro país hay distintas justicias para los ciudadanos y las ciudadanas, como lo hemos podido apreciar en diversas ocasiones. Existen criterios distintos, por ejemplo, para la aplicación de justicia en contra de personas con poder y dinero y aquellas más desposeídas, así como también justicia para civiles y FF.AA. y distintos parámetros también para distintos sectores políticos. La vara no es la misma y así ha quedado demostrado en numerosas oportunidades, siendo la más reciente la del caso Macaya por abuso sexual contra menores de edad, caso que ha dejado en evidencia una vez más los privilegios que siempre favorecen a estos sectores. Inequidades, desequilibrios e impunidades, en definitiva, que dañan la convivencia nacional y el bienestar de nuestra sociedad, entendida como un organismo vivo cuya salud depende de las relaciones entre sus partes.
Sin duda que el fenómeno de la corrupción y la desigualdad ante la ley y la justicia corroe las sociedades y las democracias, más aún cuando llega a los niveles en los que se debería hacer justicia para castigar de manera firme estos casos, no haciéndolo sino que, muy por el contrario, negando su existencia, dando paso a la impunidad y a la reproducción del fenómeno, en un círculo vicioso sin fin en donde no sólo se daña la fe pública y la confianza en las instituciones, sino que también la disposición de las personas a acatar la ley. Porque cuando la corrupción en estos ámbitos no es atacada por una justicia también corrupta que la ampara, ¿qué queda entonces para la ciudadanía cuando las instituciones no funcionan? Por ello, como CONFEDEPRUS siempre hemos sostenido que la salud no sólo se trata de sanar enfermedades, sino también -y fundamentalmente- de prevenirlas en cuanto a sus determinantes sociales que las generan, siendo la corrupción un factor relevante que impacta en el bienestar social, el cual en Chile se ve amenazado y seriamente dañado por estas situaciones y donde la salud mental de la población se resiente.
En esta línea, repudiamos enérgicamente todos aquellos actos reñidos con la probidad y la ética, como ciudadanos necesitamos que las instituciones del Estado tengan mayores y mejores herramientas de control para prevenir estos hechos y de ocurrir sean sancionados con penas que realmente castiguen a aquellos que dañan la fe pública, la democracia y a las instituciones, porque una sociedad tan desigual como la nuestra es una sociedad enferma.
