El pasado lunes 19 de octubre, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), se llevó a cabo la Asamblea Nacional Extraordinaria de la CONFEDEPRUS con una masiva participación de las FEDEPRUS y sus organizaciones de base. El objetivo principal fue definir una postura político-sindical frente a las modificaciones al Estatuto Administrativo impulsadas por el Gobierno.
El encuentro comenzó con las palabras del presidente de la Central, José Manuel Díaz, seguido por la intervención de la vicepresidenta de la Confederación, Sandra Olivares. Posteriormente, la mesa directiva presentó la metodología de trabajo, tras lo cual las y los dirigentes se dividieron en 10 comisiones para dar inicio al debate.
Durante la tarde, dos representantes de cada comisión presentaron sus conclusiones con respecto a la materia que les correspondió sancionar. Finalmente, se aprobó el manifiesto político: “En defensa del empleo público, la estabilidad laboral y el fortalecimiento del Estado”.
“Declaramos que los derechos laborales, la estabilidad funcionaria, la carrera funcionaria, la libertad sindical y la indemnidad remuneracional constituyen principios irrenunciables de nuestra organización”, afirmó la presidenta de la CONFEDEPRUS, Camila Fuentevilla.
El documento acordado se divide en 8 puntos que aborda las siguientes materias: Defensa irrestricta de la estabilidad laboral; Fortalecimiento de las plantas y de una carrera funcionaria efectiva; Protección de los derechos laborales; Protección de las remuneraciones y los derechos adquiridos; Libertad sindical y derechos colectivos; Reconocimiento de la especificidad del trabajo en salud pública; Participación sindical efectiva y vinculante; y Unidad sindical, incidencia política y movilización.
Para finalizar, la presidenta de la Confederación enfatizó: “No nos oponemos a mejorar el funcionamiento del Estado. Nos oponemos a que, bajo el discurso de su modernización, se pretenda reducir su capacidad de garantizar derechos, flexibilizar las desvinculaciones o trasladar a las y los trabajadores las consecuencias de decisiones políticas y presupuestarias”.
































































