El proyecto de “Ley de Reconstrucción Nacional”, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, fue aprobado en su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el apoyo de la derecha, la ultraderecha y el Partido de la Gente. Si bien el Ejecutivo ha intentado instalar esta iniciativa como una medida necesaria para potenciar el crecimiento económico, lo cierto es que detrás de ella se esconde una profunda transformación del Estado, con consecuencias graves y permanentes para los derechos sociales, especialmente para la salud pública.
Durante semanas, desde el mundo técnico, social y sindical hemos advertido —al igual que organismos como el Consejo Fiscal Autónomo— sobre los efectos que esta reforma podría tener en el financiamiento estatal. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en avanzar con suma urgencia, argumentando que se trata de uno de los pilares de su programa. Precisamente ahí está el problema: Esta “mega reforma” no puede analizarse únicamente desde una perspectiva tributaria o económica, porque implica una redefinición del rol del Estado y una disminución estructural de su capacidad para garantizar derechos.
La rebaja de impuestos corporativos a los sectores de mayores ingresos no es una medida aislada. Para sostenerla, el Gobierno necesitará compensar esa menor recaudación con recortes permanentes al gasto público. Ambas decisiones van de la mano. Además, estos recortes se proyectan para los próximos 25 años; por lo tanto, no hablamos de un ajuste momentáneo, sino de una política de desmantelamiento progresivo del aparato público.
En salud, los efectos ya han comenzado a sentirse. El Decreto 333, que orienta el recorte presupuestario de un 2,4% para este año, ha dejado en evidencia el verdadero alcance de esta política de ajuste. Los recortes afectan tanto a la atención primaria como a los hospitales y establecimientos del nivel secundario. Se reducen recursos para gestión de personas (subtítulo 21), bienes y servicios (subtítulo 22) e infraestructura. En la práctica, esto significa menos trabajadores, menos insumos, menor capacidad operativa y menos inversión para sostener una red que ya funciona al límite.
Particularmente grave es el recorte a FONASA, el corazón financiero del sistema público de salud. FONASA no solo se financia con aportes del Estado, sino también con el 7% de cotización que millones de trabajadoras y trabajadores entregan mes a mes. Son esos recursos los que permiten transferir financiamiento a hospitales y establecimientos según las atenciones realizadas. Debilitar FONASA significa debilitar directamente la capacidad de respuesta de todo el sistema sanitario.
Por eso resulta irresponsable que las autoridades intenten relativizar los efectos de estos recortes. No es cierto que estas medidas no afectarán la atención de los pacientes. Actualmente, los hospitales arrastran deudas acumuladas desde presupuestos anteriores. Durante los últimos años, muchos establecimientos apenas lograban llegar a octubre o noviembre con recursos suficientes para funcionar. Con nuevos recortes, el escenario es aún más crítico: Hay establecimientos que podrían quedarse sin presupuesto a mitad de año.
Las consecuencias de estas decisiones no son abstractas. Se traducen en listas de espera más largas, suspensión de prestaciones, deterioro de infraestructura, sobrecarga laboral y menor capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población. Todo esto ocurre en un sistema que todavía carga con los efectos físicos, emocionales y financieros que dejó la pandemia.
Lo más preocupante es la lógica que subyace a esta política. El Gobierno insiste en poner el crecimiento económico por encima de cualquier otra consideración, como si la salud fuera un gasto y no una condición básica para el desarrollo del país. Pero no existe crecimiento sostenible en una sociedad enferma. No existe productividad posible cuando se debilita la red pública que sostiene a millones de personas.
La salud pública no puede transformarse en la variable de ajuste de una reforma diseñada para beneficiar a los sectores de mayores ingresos. Cuando se recorta el presupuesto sanitario, quienes pagan las consecuencias no son los grandes grupos económicos: son las familias que esperan una cirugía, las personas mayores que necesitan atención oportuna y las y los trabajadores de la salud que sostienen el sistema en condiciones cada vez más precarias.
Hoy, más que nunca, se requiere honestidad política para decir las cosas por su nombre. Esta reforma no es neutra: tiene ganadores y perdedores. Si el Gobierno insiste en avanzar por este camino, el costo terminará recayendo sobre la salud y la vida de la población chilena.
