Las recientes declaraciones de la ministra de Salud, May Chomali, en las que reconoció la existencia de desorden administrativo en la red hospitalaria pública y anunció intervenciones en los establecimientos con mayores problemas de gestión, han abierto un debate que, sin duda, es necesario. A ello se suma la información publicada en la prensa sobre el aumento de las listas de espera quirúrgicas y el hecho de que 2,5 millones de personas se encuentran actualmente en alguna lista de espera.
Nadie puede desconocer que existen dificultades en la gestión hospitalaria. Las y los trabajadores de la salud las conocemos de cerca, porque convivimos diariamente con ellas y las hemos denunciado de manera reiterada.
Sin embargo, resulta preocupante que estas declaraciones se formulen después de la aplicación de importantes recortes presupuestarios al sector salud. Lo razonable habría sido que la autoridad ministerial realizara previamente un diagnóstico integral de la situación de los hospitales, recorriendo los territorios, escuchando a las comunidades y a las y los trabajadores, y analizando las causas estructurales de las dificultades que enfrenta la red pública. Solo a partir de ese conocimiento habría sido posible diseñar intervenciones pertinentes y responsables.
Instalar en la opinión pública la idea de que la crisis de la salud pública responde exclusivamente a problemas de gestión constituye una simplificación que distorsiona la realidad. Los hospitales operan bajo una presión permanente, derivada del déficit de financiamiento, la insuficiencia de personal, el deterioro de la infraestructura y el aumento sostenido de las necesidades sanitarias de la población. No es posible analizar la gestión de manera separada de las condiciones materiales en las que esta se desarrolla.
Más aún, cuando la autoridad identifica problemas relacionados con la demora en los sumarios, las dificultades en las licitaciones o el uso de los pabellones, cabe preguntarse por qué tantas denuncias realizadas por las organizaciones sindicales han quedado archivadas o no han recibido respuestas oportunas. Si estos problemas ya eran conocidos, ¿por qué no se actuó con la misma decisión antes de exponerlos mediáticamente?
La misma interrogante surge respecto de la denominada gestión de la lista de espera oncológica. Hemos escuchado cifras que indican que prácticamente la totalidad de los casos ha sido gestionada; sin embargo, todavía existe escasa información sobre cómo se distribuyeron los recursos comprometidos, qué medidas concretas se implementaron en los Servicios de Salud y cuáles serán los indicadores que permitirán evaluar si las personas accedieron efectivamente a diagnósticos oportunos y a tratamientos dentro de plazos adecuados.
Gestionar un caso no significa necesariamente resolverlo.
La ciudadanía merece información transparente y respuestas concretas. Las personas que esperan una cirugía, una consulta de especialidad o un tratamiento oncológico no necesitan anuncios grandilocuentes ni cifras destinadas únicamente a producir un efecto comunicacional. Necesitan un sistema público de salud fortalecido, con recursos suficientes, capacidad resolutiva y políticas de Estado que trasciendan las contingencias políticas.
La salud pública no es un botín político ni un espacio para construir relatos oportunistas. Es uno de los pilares fundamentales de la cohesión social y del derecho de las personas a vivir con dignidad. Por ello, toda intervención destinada a mejorar la gestión hospitalaria debe asumir la complejidad del problema, incorporar la participación de las y los trabajadores y, sobre todo, garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que la red pública responda adecuadamente a las necesidades de la población.
La salud pública se fortalece con decisiones responsables, diálogo y políticas sostenidas en el tiempo, no con diagnósticos tardíos ni con anuncios que corren el riesgo de quedarse únicamente en los titulares.
