Por Directorio Nacional de la CONFEDEPRUS
La salud pública no se deteriora de un día para otro. No comienza a fallar cuando un hospital colapsa o cuando una crisis llega a los titulares. Empieza mucho antes, silenciosamente, hasta que las personas comienzan a sentirlo en su propia vida: una hora médica que no aparece, una cirugía que se posterga, una madre esperando toda la noche en urgencias con su hijo, una persona mayor aguardando meses por un especialista o una familia preguntándose cuánto más deberá esperar para recibir atención.
Para millones de personas en Chile, la salud pública no es una discusión técnica ni ideológica. Es el lugar donde se controla la diabetes y la hipertensión, donde una madre lleva a su hijo o hija al control, donde una persona accede a salud mental, donde se reciben medicamentos, y donde una urgencia puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y el miedo. Es, muchas veces, la única red disponible cuando enfermar deja de ser una posibilidad abstracta y se vuelve una realidad.
Por eso preocupa profundamente el rumbo que está tomando la discusión sanitaria en nuestro país.
El llamado Plan de Reconstrucción Nacional y el Decreto 333 han sido presentados bajo conceptos como eficiencia, responsabilidad fiscal y reorganización del gasto público. Sin embargo, detrás de esas palabras existe una pregunta mucho más humana y concreta: ¿qué ocurre cuando el ajuste llega a un sistema de salud que ya venía funcionando al límite?
El recorte oficial al presupuesto del Ministerio de Salud supera los $413 mil millones de pesos. Una cifra así, puede sonar lejana o intangible, pero en salud pública las cifras solo adquieren sentido cuando se traducen en capacidad real de atención, tiempos de espera y vidas concretas.
Para dimensionar su magnitud, pensemos por un momento en la salud cotidiana, esa que millones de personas usan todos los días.
Tomando valores referenciales comparables del sistema público, el monto recortado equivale al costo de más de 20 millones de consultas médicas generales, es decir, millones de controles de hipertensión, diabetes, salud mental, controles infantiles o atenciones de morbilidad que ocurren diariamente en la Atención Primaria de Salud, en todo Chile.
En prestaciones odontológicas básicas, equivaldría al valor de más de cuatro millones de atenciones dentales referenciales, esas que muchas veces permiten evitar infecciones, dolor persistente o pérdida dentaria que afectan directamente la calidad de vida.
En procedimientos habituales —como curaciones, controles de enfermería, seguimientos de enfermedades crónicas o prestaciones de apoyo clínico— hablamos de millones de prestaciones que permiten sostener continuidad de tratamientos y evitar complicaciones mayores.
Y si observamos la atención hospitalaria y de urgencia, la magnitud se vuelve aún más visible. Una consulta de urgencia tiene un valor referencial cercano a los $19 mil pesos. El recorte equivale, en términos presupuestarios, a más de 21 millones de atenciones de urgencia equivalentes.
Una cirugía de hernia abdominal bordea los $900 mil pesos, lo que permite dimensionar un equivalente cercano a 456 mil cirugías referenciales. Una cirugía de vesícula supera el millón y medio de pesos, equivalente a más de 220 mil intervenciones quirúrgicas de ese tipo. Incluso un parto hospitalario representa cientos de miles de pesos en recursos sanitarios, personal, pabellón, hospitalización y seguimiento.
Por supuesto, esto no significa que el sistema dejará de realizar exactamente esa cantidad de prestaciones. La salud pública no funciona como una suma lineal donde un peso menos equivale automáticamente a una atención menos. Los recursos financian equipos clínicos, medicamentos, turnos, continuidad operacional, infraestructura, reemplazos, programas preventivos y funcionamiento de redes completas.
Pero estas equivalencias sí permiten comprender algo fundamental: estamos hablando de una reducción enorme de capacidad sanitaria potencial en un sistema que ya venía operando bajo presión extrema.
Y aquí aparece una preocupación particularmente urgente: la Atención Primaria de Salud.
Los CESFAM, consultorios y postas rurales no son un gasto secundario ni una estructura burocrática. Son el espacio donde se detectan enfermedades a tiempo, donde se acompaña la salud mental, donde se controla a personas mayores, donde se sostiene el tratamiento de enfermedades crónicas y donde miles de familias encuentran su primera —y muchas veces única— posibilidad de atención.
Cuando la atención primaria pierde capacidad, el problema no queda encerrado en un establecimiento. El impacto se desplaza rápidamente a hospitales saturados, urgencias congestionadas, listas de espera más largas y personas llegando más tarde a diagnósticos que podrían haberse evitado o tratado precozmente.
Quienes trabajamos en salud pública sabemos que el sistema ya venía arrastrando una deuda y funcionando al límite de su capacidad. No existe abundancia. Lo que existe son equipos de personas sosteniendo diariamente una demanda enorme, muchas veces bajo condiciones de agotamiento físico y emocional, cubriendo déficits y haciendo posible que la atención ocurra incluso cuando los recursos son insuficientes.
Desde CONFEDEPRUS sostenemos una convicción profunda: las condiciones laborales de quienes trabajan en salud y la atención que recibe la ciudadanía no son discusiones separadas. Son parte de la misma realidad.
Cuando faltan reemplazos, cuando se retrasan contrataciones o cuando el ajuste se instala como lógica permanente, quienes primero viven las consecuencias no son las instituciones: son las personas.
Las vive quien espera meses por un examen. Quien posterga una cirugía mientras el dolor avanza. Quien no logra acceder oportunamente a salud mental. Quien pasa horas esperando atención en una urgencia porque el sistema simplemente ya no logra responder con la oportunidad necesaria.
Por eso este debate no puede quedar encerrado entre decretos, balances fiscales y tecnicismos administrativos. Lo que está en juego no es solamente cuánto gasta el Estado. Lo que está en juego es qué lugar ocupa el cuidado de las personas dentro del país que queremos construir.
La salud pública no es un privilegio ni un gasto residual. Es una garantía mínima de dignidad para millones de familias que no tienen otra red donde acudir.
Y quizás la pregunta más importante de este momento sea justamente esa: cuando el país enfrenta dificultades, ¿qué decide el gobierno de turno proteger primero?
Un sistema de salud no se mide únicamente por sus balances financieros, también se mide por la tranquilidad de saber que, cuando alguien enferma, no quedará solo o sola esperando en la incertidumbre. Sin un estado que llegue a tiempo, el derecho a la salud no se garantiza, si esto no es una emergencia, las autoridades de turno, debiesen evaluar cuales son las emergencias y prioridades reales, de la gente que les escogió para dar soluciones y no para profundizar la crisis.
