La CONFEDEPRUS expuso, este martes 21 de julio, ante la Comisión de Salud del Senado sus observaciones al proyecto de ley que Modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las facultades de la COMPIN, y modifica las normas que indica (Boletín N° 17678-11). En representación de la Confederación, intervino su presidenta nacional, Camila Fuentevilla Maturana, quien sostuvo que esta propuesta afecta un derecho de seguridad social y cuestionando que no haya sido discutido mediante un proceso de diálogo social.
Durante su presentación, la vocera recordó que el período de carencia fue incorporado en 1978 mediante el DFL N°44 y en plena dictadura militar «sin diálogo social, sin negociación sindical», y que, además, homologó las condiciones del sector privado. En ese contexto, planteó que las y los funcionarios públicos no cuentan con herramientas para negociar este tipo de medidas con sus empleadores, por lo que llamó a que cualquier modificación sea construida «mediante un proceso participativo, transparente y respetuoso de los derechos adquiridos».
La Confederación expuso las consecuencias que el proyecto podría tener para el funcionamiento de la red asistencial. Según expuso Fuentevilla, la aplicación del período de carencia podría favorecer el presentismo laboral, es decir, que trabajadores acudan enfermos a cumplir sus funciones, aumentando los riesgos tanto para los equipos de salud como para los pacientes. «Un profesional de la salud enfermo es un riesgo para el paciente», afirmó, agregando que la evidencia muestra un incremento de errores clínicos, infecciones asociadas a la atención y una disminución en la calidad del servicio cuando el personal trabaja en condiciones de enfermedad o agotamiento.
Asimismo, la presidenta de CONFEDEPRUS advirtió que la iniciativa podría debilitar el sistema de protección social al desincentivar el uso legítimo de las licencias médicas. «Medidas como estas debilitan el sistema de protección social, castigan a quienes hacen uso legítimo del derecho a la licencia médica y ponen en riesgo la recuperación de la salud de las y los trabajadores», señaló. También, enfatizó que permitir que funcionarios con enfermedades transmisibles continúen trabajando expone directamente a pacientes inmunocomprometidos y representa un riesgo para la salud pública.
Finalmente, la organización manifestó que, si bien comparte la necesidad de resguardar el correcto uso de la seguridad social, ello no puede hacerse a costa de la calidad de la atención. Fuentevilla agregó que esta discusión ocurre en un sector que aún enfrenta deudas en materia de carrera funcionaria y que, al tratarse de un ámbito altamente feminizado, el impacto económico derivado de ausentarse por enfermedad «es muy difícil de soslayar».
También, estuvieron en esta sesión el secretario general de la CONFEDEPRUS, Moisés Sagredo, y el director nacional de la Secretaría de Políticas Públicas, Sergio Castro.
