La reciente Cuenta Pública presidencial presentó la salud como parte de una “emergencia social” que, según el Gobierno, requiere intervenciones focalizadas, mejoras de gestión y una mayor coordinación entre el sector público y privado. Sin embargo, no se anunciaron incrementos relevantes de financiamiento para el sistema de salud ni medidas estructurales orientadas al fortalecimiento de la red pública.
1. Prioridad en cáncer y listas de espera
El principal anuncio en salud fue la implementación de una Alerta Oncológica y un Plan Oncológico de 90 días, orientado a enfrentar los retrasos en diagnósticos y tratamientos de cáncer. El Gobierno informó que:
- Se contactó al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera oncológica.
- Se logró un avance cercano al 80% en la resolución de los casos considerados críticos.
- Se habilitaron más de 4.800 cupos mediante convenios con prestadores privados a través de FONASA.
Respecto de las listas de espera generales, el Gobierno reconoció la existencia de más de tres millones de prestaciones pendientes y anunció que continuará priorizando su reducción mediante más horas médicas, operativos quirúrgicos y coordinación público-privada.
2. Fortalecimiento de la gestión por sobre nuevas inversiones
La orientación predominante de las medidas en salud está centrada en la gestión y la eficiencia. El discurso sostiene que los problemas del sector se relacionan principalmente con deficiencias administrativas más que con falta de recursos.
En este contexto, el Presidente Kast señala que:
- Se revisará y modernizará el sistema de Alta Dirección Pública.
- Se detectó que 184 de 321 cargos directivos en servicios de salud y hospitales estaban vacantes al asumir el Gobierno.
- Se busca fortalecer el liderazgo directivo y la responsabilidad sobre resultados en la red asistencial.
3. Ajuste fiscal y sus implicancias para salud
Uno de los ejes centrales de la Cuenta Pública fue el ajuste fiscal. El Gobierno informó que ya aplicó medidas de contención del gasto por más de 1.3 billones de pesos y plantea que la disciplina fiscal será una prioridad permanente.
Aunque se afirma que no se reducirán beneficios sociales, no se anuncian nuevos recursos para hospitales, atención primaria, infraestructura sanitaria, contratación de personal o fortalecimiento de la red pública. Por el contrario, el discurso enfatiza la austeridad y la eficiencia del gasto estatal.
4. Relación público-privada en salud
Una de las líneas más claras del documento es la profundización de mecanismos de complementariedad con el sector privado. El ejemplo más concreto es la utilización de prestadores privados para resolver atrasos oncológicos mediante financiamiento de FONASA.
Esto sugiere una estrategia de reducción de listas de espera basada en la compra de servicios externos más que en el fortalecimiento directo de la capacidad instalada de hospitales y establecimientos públicos.
5. Salud como parte de la agenda de probidad
La Cuenta Pública vinculó la salud con el combate a la corrupción y la eficiencia del gasto público, señalando que los recursos deben llegar efectivamente a las prestaciones sanitarias. El Presidente sostiene que cada peso mal utilizado implica “un medicamento que no llega” o una atención que no se realiza.
Principales ausencias para el sector salud
Desde la mirada de las trabajadoras y trabajadores de la salud pública, destacan algunas ausencias relevantes:
- No se anunciaron recursos extraordinarios para enfrentar el déficit hospitalario.
- No hubo compromisos de fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud.
- No se anunciaron medidas para abordar la crisis de personal ni mejorar las condiciones laborales.
- No existieron anuncios sobre carrera funcionaria o fortalecimiento del empleo público en salud.
- No se presentaron planes de inversión en infraestructura hospitalaria.
- No se abordó el impacto que podrían tener las políticas de ajuste fiscal sobre el funcionamiento cotidiano de la red pública.
Conclusión
En materia sanitaria, la Cuenta Pública puso el énfasis en la reducción de listas de espera, especialmente oncológicas, y en mejorar la gestión del sistema mediante control, eficiencia y fortalecimiento directivo. Sin embargo, no presenta una estrategia de fortalecimiento estructural de la salud pública ni compromisos significativos de financiamiento adicional para hospitales, atención primaria o recursos humanos.
El foco principal estuvo puesto en la gestión, la austeridad fiscal y la complementariedad con el sector privado como mecanismos para enfrentar los problemas actuales del sistema de salud.
Asimismo, resulta preocupante que una de las principales respuestas del Gobierno frente a las dificultades del sector sea la profundización de la relación público-privada. Mientras no existen anuncios de nuevos recursos para fortalecer hospitales y establecimientos públicos, sí se mantienen mecanismos que destinan recursos fiscales a la compra de prestaciones privadas.
Esta orientación, aunque no se declare explícitamente, termina favoreciendo un proceso de privatización progresiva de la atención sanitaria, trasladando recursos públicos hacia prestadores privados en lugar de fortalecer la capacidad instalada del sistema público.
En consecuencia, el Gobierno queda al debe no sólo por la escasez de anuncios concretos para el sector, sino también por la ausencia de una visión estratégica que permita proyectar el desarrollo de la salud pública como un derecho social garantizado por el Estado.
