En la Comisión de Salud del Senado, realizada este lunes 20 de abril en Santiago, la presidenta nacional de CONFEDEPRUS, Camila Fuentevilla Maturana, acompañada por la vicepresidenta de la CONFEDEPRUS, Sandra Olivares Camus, advirtió que el sistema público “no está en condiciones de un ajuste de más de 500.000 millones sin repercusiones”, en medio del escenario de recorte del gasto impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.
Fuentevilla explicó que la ley de presupuesto vigente establece un incremento de un 5,6%, pero “con una deuda de arrastre de más de 300.000 millones”, y que el presupuesto inicial es entre un 20% y un 25% menor al de cierre. En la práctica, esto implica que la sostenibilidad del sistema depende de ajustes durante la ejecución presupuestaria.
En ese contexto, abordó la Circular 12 del Ministerio de Hacienda, que instruye medidas de contención del gasto como la detención de concursos y nuevas contrataciones, junto con restricciones en reemplazos y otros gastos. Advirtió que aún no existe una directriz formal del Ministerio de Salud para su aplicación, lo que ha generado incertidumbre y diferencias en su aplicación entre servicios.
Alertó estas medidas afectan directamente la dotación, la continuidad de turnos y la capacidad operativa de los establecimientos. En particular, la indicación de “no reemplazar a los funcionarios por enfermedad o por cualquier causa legal” implica que los turnos se cubren con sobrecarga interna, se redistribuye personal o se disminuye la actividad programada, impactando la atención de pacientes.
Esto se traduce en efectos concretos en la red asistencial, con menos consultas, menor resolución quirúrgica y mayor presión sobre los servicios de urgencia, además de un funcionamiento con dotaciones mínimas y mayores riesgos. A ello, se suma la no reposición de cargos por retiro, donde incluso “parte de la infraestructura o equipamiento disponible no se puede usar plenamente por falta de recursos humanos”.
Esto ocurre en un sistema que enfrenta más de 2 millones de registros en espera de consultas de especialidad y más de 400 mil cirugías no urgentes, donde -advirtió- “si baja la producción, este stock crece o rota más lento”. Por ello, enfatizó que cualquier decisión respecto a esto “debe ser formalizada con fundamentos, con evaluación del impacto asistencial y definición de responsabilidades”.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro González, informó que el próximo 4 de mayo serán citadas la ministra de Salud, May Chomalí, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro Ibáñez, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt Vidal, para que expongan sobre el “estado financiero” del sector frente a esta reducción presupuestaria.
En la instancia también intervinieron la presidenta de CONFUSAM, Gabriela Flores Salgado, y el presidente de FENATS Unitaria, Ricardo Ruiz; quienes plantearon sus respectivas preocupaciones por el impacto de estas medidas en la atención primaria y la red hospitalaria.
