La semana pasada el Senado aprobó en una estrecha votación la reforma tributaria, como parte del paquete misceláneo de la “Megarreforma”, impulsada por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo celebraba este avance como uno de los principales hitos de su carta de navegación, el país se preparaba para enfrentar un nuevo frente de mal tiempo. La coincidencia resulta inevitablemente simbólica: Mientras se anunciaba un temporal climático, también se consolidaba un temporal político y social cuyas consecuencias recaerán, una vez más, sobre las y los trabajadores y sobre el financiamiento de los derechos sociales.
Desde la CONFEDEPRUS tenemos absoluta claridad que esta reforma es regresiva, que beneficia principalmente a los grandes grupos económicos, que es una profundización del modelo neoliberal y forma parte de una agenda de la derecha que busca desmantelar el Estado, disminuir derechos sociales, como la salud, la educación y la protección social; debilitar el diálogo social y a las organizaciones sociales y que, por supuesto, terminará por acrecentar la inequidad en la distribución de la riqueza en nuestro país.
De a poco, el objetivo del Gobierno se está cumpliendo, y lo hace, además, sin encontrar una oposición social capaz de instalar este debate en la ciudadanía.
Salvo contadas excepciones, entre ellas la CONFEDEPRUS y la ANEF, el movimiento sindical estuvo prácticamente ausente. Las movilizaciones fueron escasas, con baja convocatoria, la articulación insuficiente y la capacidad de incidir en la discusión legislativa terminó siendo mínima. Es una realidad que debe interpelarnos con honestidad.
Lamentable, por parte de las máximas referencias del movimiento sindical chileno, no hubo una campaña pública, no existió un llamado a la movilización y tampoco una posición política firme frente a una reforma que impactará directamente el financiamiento del Estado y de los servicios públicos. La autocensura nunca ha sido una estrategia eficaz para defender los intereses de quienes representamos.
Hoy el debate legislativo vuelve a la Cámara Baja, para su tercer trámite constitucional, y con anuncios -por parte de la actual oposición- de recurrir al Tribunal Constitucional, una vez sea despachado a Ley. No podemos depositar en el Tribunal Constitucional la responsabilidad que correspondía asumir con fuerza al movimiento sindical y social. La principal batalla debió darse en el terreno político, en la organización, en la movilización y en la construcción de conciencia ciudadana.
Lo ocurrido deja una lección ineludible. Cuando el sindicalismo renuncia a disputar las grandes decisiones del país, otros deciden por las y los trabajadores. Y esas decisiones casi nunca favorecen a quienes viven de su trabajo.
Más que lamentar el resultado, corresponde hacer una profunda autocrítica. Si queremos defender un Estado capaz de garantizar derechos, fortalecer los servicios públicos y construir una sociedad más justa y equitativa, el movimiento sindical debe recuperar su capacidad de conducción política, de movilización y de incidencia. El silencio nunca será una herramienta de transformación; solo facilita el avance de quienes buscan reducir el papel del Estado y profundizar las desigualdades para su propio beneficio.
Aún quedan etapas institucionales por recorrer. Pero, cualquiera sea su desenlace, la mayor tarea comienza ahora. Debemos reconstruir un sindicalismo activo, valiente y dispuesto a dar las disputas que el país necesita.
