La inseguridad se ha instalado entre las principales preocupaciones de las familias chilenas. El crimen organizado ha adquirido una complejidad que exige mejores capacidades de investigación, inteligencia, coordinación institucional y persecución penal. El Estado tiene el deber de responder y la ciudadanía, el derecho a exigir resultados.
En este contexto se presenta la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un conjunto de iniciativas que busca ampliar los mecanismos para enfrentar las amenazas a la seguridad pública. Buena parte de estas medidas responde a un problema real; precisamente por ello, su discusión requiere más que adhesiones o rechazos automáticos.
Entre las propuestas destaca la creación de un nuevo Estado de Excepción constitucional, el cual ampliaría las facultades presidenciales. Estas atribuciones podrían restringir la libertad personal y de desplazamiento, los derechos de reunión y asociación, la privacidad de las comunicaciones y la requisición de bienes.
Las facultades excepcionales existen en las democracias y, ante circunstancias graves, pueden ser necesarias. El punto central radica en sus límites, su duración y los controles institucionales que acompañan su ejercicio.
Cuando el Estado recibe nuevas herramientas para limitar derechos, también debe fortalecerse la capacidad de fiscalizar cómo, cuándo y para qué se utilizan. El equilibrio democrático no consiste en impedir que la autoridad actúe, sino en asegurar que lo haga bajo reglas claras, proporcionales y sometidas a fiscalización.
Asimismo, la ACOT contempla modificaciones a proyectos de ley en tramitación parlamentaria, como la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, que amplía las conductas sancionables vinculadas a la interrupción u obstaculización del tránsito. Chile necesita instrumentos para responder ante actos violentos, daños a bienes públicos o acciones que pongan en riesgo a terceros. Sin embargo, una legislación de esta naturaleza debe distinguir con precisión tales delitos de las diversas formas de manifestación social legítimas en una democracia.
Esa distinción nos importa a todos: es muy diferente avanzar hacia la seguridad pública que criminalizar la protesta. Confundir ambas dimensiones es inadmisible para quienes reivindicamos la movilización social como parte de nuestra identidad sindical.
A lo largo de nuestra historia, pobladores, estudiantes, organizaciones sociales, mujeres, comunidades territoriales, pueblos originarios y trabajadores han encontrado en el espacio público el lugar para expresar demandas que no hallaban respuesta por otras vías. Algunas de estas movilizaciones incomodaron, alteraron rutinas o generaron controversias, pero también contribuyeron a instalar debates y cambios que posteriormente fueron asumidos por la institucionalidad.
Una democracia madura debe ser capaz de enfrentar las conductas delictivas sin convertir todo conflicto social en un problema de seguridad pública. El desafío, entonces, radica en construir mejores herramientas de resguardo y control de manera simultánea.
Esto supone definir con exactitud las circunstancias que habilitan el uso de facultades extraordinarias; establecer plazos acotados y revisiones periódicas; asegurar el control efectivo del Congreso y los tribunales; exigir la fundamentación pública de las decisiones y contar con mecanismos posteriores de rendición de cuentas. En materia de protesta, exige además diferenciar de manera inequívoca los actos violentos de las expresiones ciudadanas protegidas por la libertad de reunión, asociación y expresión.
Resulta igualmente necesario fortalecer aquello que suele quedar relegado frente a las medidas excepcionales: la inteligencia contra el crimen organizado, la persecución de sus redes financieras, la coordinación interinstitucional, la profesionalización policial, la prevención territorial y la capacidad investigativa del Estado.
La seguridad sostenible no depende únicamente del volumen de poder que ostente la autoridad, sino de la calidad de las instituciones que lo ejercen y de la confianza de la ciudadanía en ellas.
Para CONFEDEPRUS, este debate trasciende con creces el ámbito sindical, porque concierne a las reglas que ordenan nuestra convivencia democrática y a la forma en que Chile decide enfrentar problemas complejos sin debilitar las garantías construidas durante décadas. Asimismo, impacta de forma directa en nuestro mandato de defensa de los derechos de nuestras y nuestros representados.
La ciudadanía necesita vivir con mayor seguridad, pero también requiere instituciones capaces de dar cuenta de sus decisiones, someterse al control público y respetar sus límites.
Directorio Nacional de CONFEDEPRUS
