El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión para abordar una reforma al Estatuto Administrativo, la ley marco que regula el empleo público en Chile, tanto en los servicios centralizados como descentralizados, incluyendo el sector salud.
No es la primera vez que un gobierno intenta modificar este cuerpo normativo. Sin embargo, el contexto político obliga a mirar este anuncio con absoluta desconfianza. Quienes hoy gobiernan no son improvisados ni desconocen el funcionamiento del Estado. Saben perfectamente lo que significa el Estatuto Administrativo y, precisamente por eso, buscan intervenirlo.
Porque el Estatuto no es un privilegio. Es una conquista democrática. Es el instrumento que protege la carrera funcionaria, garantiza el acceso por mérito al servicio público, asegura el derecho a defensa, establece el debido proceso frente a las desvinculaciones y resguarda la estabilidad necesaria para que el Estado sirva a la ciudadanía y no a los intereses del gobierno de turno.
Se pretende instalar la idea de que los problemas del Estado son consecuencia del Estatuto Administrativo. Esa afirmación es falsa. Los problemas de gestión no se resuelven debilitando los derechos de las y los trabajadores. Se resuelven con mejor conducción, fortaleciendo las instituciones y dotando a los servicios públicos de los recursos que necesitan.
Las y los funcionarios públicos no son el problema. Son quienes sostienen el Estado todos los días. Son quienes atienden hospitales, consultorios, escuelas, oficinas públicas y programas sociales; quienes muchas veces hacen patria en los territorios más aislados del país, allí donde el mercado jamás llegará y donde el Estado sigue siendo la única respuesta para miles de familias.
Además, la legislación vigente entrega suficientes herramientas para exigir responsabilidades. El Estatuto permite instruir sumarios administrativos, sancionar faltas a la probidad, evaluar el desempeño, aplicar medidas disciplinarias e incluso desvincular funcionarios cuando corresponde. También entrega amplias facultades a las jefaturas de servicio. Por ello, el verdadero objetivo de esta reforma no parece ser mejorar la gestión pública, sino flexibilizar el empleo público, debilitar la estabilidad laboral y facilitar despidos sin las garantías que hoy contempla el debido proceso.
No deja de llamar la atención que este anuncio provenga de autoridades con escasa experiencia en la administración pública y con un profundo desconocimiento de la realidad cotidiana de los servicios. Quienes jamás han debido sostener el funcionamiento del Estado desde sus instituciones difícilmente pueden comprender el valor de una carrera funcionaria profesional, estable y protegida de la arbitrariedad política.
Desde CONFEDEPRUS no aceptaremos que, bajo el discurso de la modernización, se pretenda precarizar el empleo público. La historia demuestra que cada vez que se habla de «flexibilización», quienes terminan pagando los costos son las y los trabajadores y, finalmente, la ciudadanía que depende de servicios públicos fuertes y de calidad.
Miramos con profunda preocupación la forma en que el gobierno del presidente José Antonio Kast ha comenzado a instalar este debate. Defender el Estatuto Administrativo no significa defender la inmovilidad; significa defender un Estado profesional, imparcial y al servicio de las personas, y no un Estado sometido a la discrecionalidad política de quienes circunstancialmente ejercen el poder.
Durante la discusión de la Ley de Reajuste del año pasado, la Contralora General de la República defendió con claridad la carrera funcionaria y la titularidad como pilares de nuestra institucionalidad. Esperamos que esa misma convicción prevalezca en el debate que hoy se abre.
No se puede borrar décadas de construcción institucional por la voluntad de un gobierno de turno. Los derechos conquistados por las y los trabajadores del Estado no son una concesión de ninguna administración: son patrimonio de la democracia y una garantía para toda la ciudadanía.
CONFEDEPRUS defenderá con firmeza el Estatuto Administrativo, la carrera funcionaria y el empleo público. Porque defender a quienes sostienen el Estado es, en definitiva, defender el derecho de Chile a contar con servicios públicos dignos, profesionales y al servicio del bien común.
Directorio Nacional de CONFEDEPRUS
