Desde el pasado 30 de septiembre, cuando el Gobierno ingresó al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027, nuestro país se encuentra nuevamente frente a una de las discusiones políticas más importantes del año. Se trata de una ley anual que, desde el retorno a la democracia, constituye una herramienta fundamental para definir las prioridades del Estado, orientar la inversión pública y determinar cuánto estamos dispuestos, como sociedad, a garantizar los derechos y el bienestar de nuestra población.
Sin embargo, lo que estamos viendo en esta discusión nos genera una profunda preocupación. Desde nuestra organización, CONFEDEPRUS, hemos advertido lo engañoso que resulta presentar un presupuesto con cifras que, aparentemente, muestran crecimiento, pero que utilizan un inflactor muy distinto de las proyecciones reales de inflación que enfrentará nuestro país. No se puede hablar de crecimiento presupuestario cuando, al mirar el poder adquisitivo efectivo de esos recursos, nos encontramos con una realidad muy distinta. Las cifras pueden mostrar una cosa, pero la capacidad real del Estado para responder a las necesidades de las personas puede estar retrocediendo.
Y esta preocupación no se limita al sector salud. Estamos observando recortes y restricciones presupuestarias en distintas áreas fundamentales para el desarrollo del país: educación, financiamiento de las universidades, cultura, programas del INJUV, políticas públicas dirigidas a las mujeres, donde hay reducción en Políticas de salud sexual y reproductiva, que afectan también a diversidades y una atención primaria de salud que continúa enfrentando el problema de un per cápita insuficiente y prácticamente congelado. Son decisiones que afectan directamente la calidad de vida, las oportunidades y los derechos de millones de chilenos y chilenas.
Creemos que este es un camino equivocado. Chile lleva muchos años intentando recuperar la capacidad de inversión pública, después de décadas en que las necesidades sociales crecieron muy por encima de los recursos disponibles. No podemos pretender alcanzar el denominado equilibrio fiscal haciendo que sean nuevamente las familias, las y los trabajadores y los sectores más vulnerables quienes paguen el costo de ese ajuste.
Tampoco podemos separar esta discusión presupuestaria de las decisiones que el propio Gobierno ha impulsado durante este año. Su denominada “Megareforma” terminó priorizando una reducción tributaria que beneficia a los sectores de mayores ingresos, mientras que sus modificaciones al financiamiento municipal, particularmente en materia de contribuciones y del Fondo Común Municipal, generan nuevas incertidumbres respecto de la capacidad de los municipios para responder a las necesidades de sus comunidades.
El resultado es preocupante: mientras se reducen recursos y se restringe la capacidad de inversión pública, los servicios del Estado deben seguir respondiendo a una población que demanda más y mejores prestaciones. En la práctica, estamos empujando a los distintos sectores públicos a administrar la escasez y la pobreza. Y eso no puede convertirse en la normalidad de nuestro país.
Otra de nuestras grandes preocupaciones tiene relación con el anunciado ahorro fiscal asociado a la reducción de dotaciones y los despidos en el sector público. Aquí hacemos un llamado especial a los parlamentarios y a todos los sectores políticos a mirar con responsabilidad esta situación. No es aceptable que el empleo público se transforme en una variable de ajuste, menos aún cuando Chile enfrenta cifras de desempleo que generan una legítima preocupación social. Detrás de cada funcionario y funcionaria hay una familia, una trayectoria laboral, una experiencia acumulada y un servicio que muchas veces resulta indispensable para la comunidad.
Este Gobierno ha puesto sus principales esfuerzos en impulsar reformas tributarias y medidas de ajuste fiscal, pero ha dejado en un segundo plano a las personas para beneficiar a las grandes corporaciones. Se ha olvidado de los trabajadores, de las familias y de las dificultades que enfrentan cotidianamente para llegar a fin de mes.
Y llegar a fin de mes no es solamente una frase. Es una realidad que viven miles de familias que deben decidir cómo distribuir sus ingresos entre alimentación, vivienda, transporte, educación, salud y tantas otras necesidades. Es también la dificultad de acceder a la cultura, al esparcimiento y a una vida digna. Porque vivir no puede reducirse únicamente a sobrevivir.
Por eso insistimos en una idea que hemos levantado desde nuestra organización: al presupuesto hay que ponerle rostro. Cuando discutimos el presupuesto nacional no estamos hablando solamente de cifras, porcentajes o miles de millones de pesos. Estamos hablando de las posibilidades que tendrá una familia de acceder a una atención de salud oportuna; de las oportunidades de los jóvenes para estudiar y desarrollarse; de la capacidad de las universidades públicas para cumplir su función; de las políticas de protección para las mujeres; de los municipios para responder a sus comunidades y de los trabajadores y trabajadoras que sostienen diariamente el funcionamiento del Estado.
El presupuesto expresa qué sociedad queremos construir y cuáles son nuestras prioridades como país. Por eso sostenemos que esta no es una discusión exclusivamente técnica: es, ante todo, una discusión política. Y como tal, exige responsabilidad, transparencia, participación y una mirada que vaya mucho más allá de los equilibrios contables.
Desde CONFEDEPRUS hemos asumido esa responsabilidad. Hemos levantado indicaciones y propuestas para fortalecer el presupuesto de salud, sostenido reuniones con parlamentarios, hemos denunciado los traspasos millonarias a compra de servicio a privados y solicitado espacios de diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud para plantear nuestras observaciones y demandas. Entendemos que la defensa de la salud pública forma parte de una discusión mucho más amplia sobre el rol del Estado y su responsabilidad de garantizar derechos sociales.
Pero esta discusión no puede quedar exclusivamente en manos del Gobierno o de los equipos técnicos del Congreso. Los trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos mucho que decir, porque conocemos desde dentro las necesidades de los servicios públicos y las consecuencias concretas que tienen las decisiones presupuestarias.
La democracia no se construye solamente depositando un voto cada cierto número de años. Se construye también con participación social, con organizaciones presentes, con diálogo, con debate y con la posibilidad efectiva de incidir en las decisiones que afectan la vida de las personas.
No podemos aceptar que, bajo el argumento del equilibrio fiscal, se termine debilitando la capacidad del Estado para garantizar derechos. La responsabilidad fiscal debe existir, pero no puede convertirse en una excusa para desmantelar políticas públicas, precarizar el empleo o profundizar las desigualdades.
El presupuesto tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio del presupuesto. Ese es el debate que Chile necesita dar. Y es también el compromiso que, desde nuestras organizaciones sindicales, debemos asumir: defender un Estado que garantice derechos, que invierta en su gente y que entienda que el desarrollo de un país no se mide solamente por sus indicadores económicos, sino también por la dignidad y las condiciones de vida de quienes lo habitan.
